Asalto a Banxico

 

Esencialmente, los bancos centrales independientes existen por una razón sencilla pero importantísima: que no sea el gobierno el que tenga el control de la maquinita de imprimir dinero. En otras palabras, quitarle la tentación de resolver sus problemas fiscales (y hasta electorales) a costa de la política monetaria: ¿No te alcanza? Pon a a funcionar la maquinita, aunque cada billetito valga cada vez menos. 

Los paises latinoamericanos aprendimos a la mala esta sencilla máxima, a costa de varias décadas de inflación rampante en la segunda mitad del siglo XX. En México la reforma al artículo 28 de la Constitución, que le otorgó a Banxico su autonomía y su mandato prioritario de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional, entró en vigor apenas el 1 de abril de 1994. A partir de entonces, la certeza de que el gobierno no podía dinamitar el valor de la moneda favoreció la inversión en el país y sentó las bases para que nos tomaran un poquito más en serio en el concierto de naciones.

Es por ello que cada que se habla de reformar la ley que le da sus facultades a Banxico, conviene recordar esa época triste de crisis sexenales y masivas devaluaciones que, entre otras cosas, obligaron a la introducción de los “nuevos” pesos y a quitarle tres ceros a nuestra moneda. Esas son las condiciones a las que podríamos regresar si no tenemos cuidado.

Vamos ahora a la propuesta que la Cámara de Diputados tenía planeado discutir ( y aprobar) ayer martes y que afortunadamente pospuso para febrero para poder discutir en su justa dimensión. Esencialmente, la reforma obliga a Banxico a comprar los dólares excedentes que estén circulando en nuestra economía, provengan de donde provengan. La justificación, de dientes para afuera, es ayudar a los migrantes a cambiar sus dólares cuando regresan.

El tema curioso es el siguiente: Cualquier banco puede comprar y vender divisas. La mayoría tienen toda una red de acuerdos e intercambios con bancos de otros países para hacerles llegar los excedentes y devolver el efectivo a su país de origen. Para entrar en esa dinámica, las instituciones financieras están sujetas a fuertes restricciones nacionales e internacionales que buscan evitar que dinero sucio o de procedencia ilícita entre en el sistema financiero. En México, por ejemplo, el banco tiene que armar un expediente identificando a los clientes, recibir en efectivo un límite de 300 USD por cliente y no más de 1,500 al mes o 4,000 si es cliente del banco. Sólo puede recibir hasta 14,000 USD de personas morales en lugares turísticos; avisar de cualquier transacción de más de $500 USD, entre otros requisitos. El banco asume y procura minimizar el riesgo de ser un foco de lavado de dinero y si en algún punto falla, queda fuera del juego de la compraventa de divisas, y en desventaja frente a sus competidores. Justo como Banco Azteca.

Porque sí, el banco de Salinas Pliego no tiene convenio de corresponsalía con entidades extranjeras desde que la Oficina de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos sancionó a su socio por incumplir leyes antilavado. Poco a poco, Salinas Pliego ha acumulado en su banco 10 millones de dólares en efectivo que no puede devolver a Estados Unidos. ¿Qué hacer entonces? Muy fácil, le pido al gobierno en turno una conveniente reforma para que Banxico esté obligado a comprarme mis dólares, y que sea Banxico y su reputación la que sufra porque a mi no me interesa someterme a controles para garantizar que no recibo dinero, por ejemplo, del crimen organizado.

“No somos iguales” dicen. “Mafia del poder”, reclamaban. Pero usando como pretexto ayudar a los migrantes, están permitiendo que un poderoso empresario ponga en jaque la independencia de nuestro Banco Central, su reputación y su función de garante y ancla de nuestro sistema financiero con tal de hacerse un poco más rico, probablemente lavándole dinero al narcotráfico. Si esa no es la definición textual de “mafia del poder”, no sé qué lo será.