“Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que ‘no lo sabía el señor presidente’ o ‘es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’. Mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita, o es cómplice o se hace de la vista gorda”. Así de categórico hablaba el presidente de la república el pasado 14 de enero de 2019, apenas unas semanas después de tomar posesión.
Desde esa declaración y hasta hoy, se han señalado y evidenciado varios casos de corrupción de alto perfil en su gobierno. Y tristemente no se trata de personajes ajenos a él o a su círculo, sino de familiares directos y amigos íntimos. Ese que insistía categórico que tendría mano dura contra la corrupción, ha demostrado ser, cuando menos solapador si no es que directamente beneficiario y cómplice. Después de todo nada pasa sin que se entere, ¿no?
Las propiedades de Bartlett permanecen intocables, pese a que es evidentísimo el enriquecimiento acelerado e inexplicable con su remuneración de servidor público. Lozoya sigue libre, su supuesta colaboración con la justicia sin producir ningún otro detenido ni un progreso en alguna investigación en marcha. Cienfuegos, acusado con los pelos de la burra en la mano por una corte en Estados Unidos, descansa ya tranquilo en su casa después de las gestiones diplomáticas realizadas por este gobierno para sacarle las castañas del fuego. Pío Lorenzo López Obrador fue grabado en video recogiendo “aportaciones” de un operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; pero curiosamente se desestimó el caso y no pasó absolutamente nada. Concepción Falcón Montejo, cuñada del presidente y esposa de Ramiro López Obrador, fue señalada como participante de un desfalco en Macuspana, Tabasco por más de 200 millones de pesos entre el 2019 y el 2020, a partir del desvío de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). El tema sigue en el limbo, a pesar de haber sido causa de la renuncia de 11 funcionarios del gabinete local, entre ellos el alcalde de la demarcación, Roberto Villalpando Arias. El caso más reciente es el de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente. Su empresa, Litoral Laboratorios Industriales, ha sido beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos en los últimos dos años. La empresa ha ganado además adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
De nada de esto sabía el presidente. Todo le agarra por sorpresa y todo dice que se va a investigar, sin presentar nunca resultados. Las investigaciones y destapes siempre tienen que venir de un tercero, de un pitazo periodístico, de una declaración, nunca de las instituciones o de las personas que el mismo presidente ha establecido como sus adalides en la gran obra de su gobierno: el combate a la corrupción.
Una de dos, o es un absoluto incompetente, o es un absoluto corrupto. Escojan la que prefieran, el resultado es el mismo: No es apto para ser presidente.
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