El estado de derecho, el apego a normas comunes, el gobierno de la ley, es requisito sine qua non para una sociedad sana, ya no digamos para una democrática. Por ello “todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución ya las leyes que de ella emanen”.
No es “si quieren”, “si se les antoja”... es piedra angular, soporte y parapeto para todo lo que viene después.
Que el presidente y su grupo cercano sean los primeros en dinamitar este acuerdo social es, sin atisbo de duda, lo más grave que veremos en el sexenio. El aeropuerto se puede remodelar o reconstruir, el espacio aéreo reconfigurar. La selva en la península yucateca se puede reforestar y recuperar. Pero la noción de que la ley es de papel y que cada quien puede imponer su concepto de justicia basados, por ejemplo, en el vago “apoyo popular”, marcará a una generación completa, costará años remediar y dejará al país con taras difíciles de ignorar.
Lo que el Secretario de Gobernación hizo el sábado fue violar la ley de manera abierta y descarada. Durante la “Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación”, en Sonora, el señor tomó el micrófono para decir a las claras “Vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México”.
Le siguió el domingo Félix Salgado Macedonio en un evento en el Estado de México, en donde al final de una arenga contra el consejero electoral Ciro Murayama, pidió una mentada de madre colectiva para el Instituto Nacional Electoral y dijo “Que no nos dé ideas, porque dejamos a Andrés Manuel para el 24”, refiriéndose a una imposible (léase ilegal, que debería ser lo mismo) reelección del mandatario.
No olvidemos, tampoco, al fiscal Gertz Manero, que usa la ley a su conveniencia como garrote, fabricó pruebas y presionó a testigos y a abogados hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso al fin un alto, deteniendo los procesos que una y otra vez y reactivaba el Fiscal.
O al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz; al que seguramente esta administración algo le debe, pues le quiere devolver el monopolio eléctrico (y el enorme poder del mismo) a través de una ley brincándose la Constitución. (Al menos lo suficiente como para que amerite discusión en el pleno de la SCJN)
La ley les produce roña y la Constitución les irrita. Entienden el ejercicio público como el ejercicio y despliegue del poder, y cualquier límite a ese poder les parece opresivo. Se les olvida su obligación más básica de servicio a la nación.
Como es abajo es arriba, no se sorprenda. Estos engendros salieron de la sociedad mexicana que los encumbró y son reflejo de la misma. Ya habíamos tocado el tema, en este espacio, del círculo virtuoso o vicioso entre los gobernantes y la sociedad que gobiernan. Lo que hoy lamento es una repetición, exacerbada, de un ciclo más de degradación civil promovida desde el poder.
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