El que es fiel en lo poco

El que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho; dice la Biblia. Y es una máxima que aplica con sorprendente precisión en los más laicos ambientes. Por ejemplo ¿Cómo esperamos que este gobierno le sea fiel al Estado de Derecho en lo más grande, en sus instituciones y en el respeto a la sala de la Suprema Corte de Justicia (saludos al presidente Zaldivar y a su conteo chueco de los votos de la Ley Eléctrica) si no es capaz de serle fiel en lo más básico y elemental, como la persecución y captura del criminal confeso y el narcotraficante?

A estas alturas es evidente que la estrategia “Abrazos, no balazos” pasa por la absoluta rendición del Estado Mexicano y la negociación con los grupos criminales para deponer las armas, y terminar en una suerte de Pax Narca. Es decir, tratar de revertir el golpe al avispero que dio Felipe Calderón, pero sin haber resuelto nada. Esconder el problema y patear la lata para adelante, para que sea problema de otro. No lo digo yo, lo dijo textual Olga Sánchez Cordero en agosto de 2019, cuando aún era Secretaria de Gobernación. “Estamos dialogando” decía, con “muchos grupos” que les han “manifestado que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz” [Favor de revisar “Negociar con el narco”, columna publicada en este espacio el, 21 de agosto de 2019]

La Pax Narca necesita, sin embargo, un seguro, un candado, un ejecutor y el Gobierno cree haberlo encontrado en el Cártel de Sinaloa. La evidencia del trato cordial entre el Estado Mexicano y el cártel del Chapo Guzmán está tan ampliamente documentada que no vale la pena aquí volver a hacer un recuento [si le falta el contexto lo invito a leer “No hagas cosas buenas…”, la entrada publicada el 28 de julio del año pasado] Es natural, si quieres que dicha organización funcione como control y límite con el resto de los jugadores del tablero, necesitas darle esa libertad de acción y protegerlo de interferencia para que haga su trabajo.

Interferencia ¿de quien? Principalmente de Estados Unidos y de la Administración de Control de Drogas (DEA; por sus siglas en inglés) principales perjudicados de que esta organización criminal opere a sus anchas en el territorio nacional.

El primer paso fue la separación de la Marina, de las tareas y operativos contra el narcotráfico. La Marina, más que el ejército (y después de la detención del General Cienfuegos entendimos por qué) fue la institución con la que Estados Unidos colaboraba en estas tareas de seguridad, el puente. La relación tardó años en construirse. Comenzó en tiempos de Zedillo, se formalizó con Fox y se fortaleció en el sexenio de Felipe Calderón.

Ayer nos enteramos que también, desde abril del año pasado, se disolvió un grupo operativo conjunto, entrenado por la DEA, pero administrado por las instituciones de seguridad mexicanas, dedicado desde 1997 a combatir al crimen organizado. La Unidad de Investigaciones Especiales (SIU, por sus siglas en inglés) contaba con alrededor de 50 elementos, considerados los mejores del país y fue desbandada unilateralmente por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En resumen, este último acontecimiento debería formar parte e integrarse al ya larguísimo expediente de investigación que tendría que abrírsele al presidente y a su gabinete de seguridad por el evidente abandono de sus funciones, por su infidelidad en lo más pequeño: la soberanía del Estado y la protección de sus ciudadanos.