En la entrada anterior hablábamos del importante papel que jugarán los resultados electorales del Estado de México en la estrategia política del presidente rumbo a 2024. Un triunfo ahí con su fantoche, la impresentable Delfina Gómez Álvarez, implica que su movimiento, pese a todo, aún tiene posibilidades. Un revés, sin embargo, lo obligaría a buscar, llamémosles “vías alternativas”, para buscar la permanencia en el poder.
Dos hechos recientes me parecen confirmar eso que escribí. En primera instancia, la última encuesta de “El Financiero” muestra que el 51% de los mexiquenses desaprueban la forma en que López Obrador está desempeñando su trabajo. El rechazo es viejo y constante, pues el métrico se ha mantenido entre el 49 y 51 por ciento desde junio de 2022.
¿Cómo entonces es que Delfina Gómez, la candidata de Morena-PVEM-PT está adelante en las encuestas, con el 45% de la intención de voto, ocho puntos por encima de su más cercana competidora? Pues fácil, porque como en 2018, Andrés Manuel y su movimiento no ganan por mérito propio, sino por resentimiento.
La aprobación de Andrés Manuel podrá estár por la calle de la amargura, pero la del actual gobernador priista, Alfredo del Mazo, es aún peor. 63% de sus gobernados no creen que esté haciendo un buen trabajo.
La falta de conciencia ciudadana en México significa que los partidos tradicionalmente no necesitan ser una buena opción para ganar una elección, sólo tienen que ser marginalmente mejores que el gobierno en turno y lo suficientemente pacientes para capitalizar el hartazgo ciudadano. En esta ocasión en el EdoMex, esta dinámica juega a favor de Morena, pero para la presidencial de 2024 esto no es así.
La segunda instancia es el acuerdo que hicieron público la semana pasada autoridades de seguridad, penitenciarias y electorales del Estado de México. Aparentemente, firmaron un convenio de coordinación mediante el cual por primera vez alrededor de 10 mil personas privadas de su libertad en 20 cárceles podrán ejercer su derecho al voto el próximo 4 de junio.
Ojo, mucho ojo. Lo están vendiendo como un éxito un suceso histórico para la vida democrática del país, un reconocimiento en la igualdad de derechos en sectores socialmente rezagados (los que quedan normalmente presos sin derecho a fianzas o libertades condicionales). En realidad la implementación de la medida me llena de temores.
¿Puede un preso votar de manera libre y secreta? ¿Tiene un preso acceso a los elementos necesarios para emitir un voto informado y consciente? ¿Qué garantiza que personas completamente a la merced del sistema penitenciario no serán coaccionados de la manera más vil para emitir el voto en uno u otro sentido? ¿Se pondrá en riesgo la integridad de los voluntarios ciudadanos haciéndolos ingresar al penal para instalar la casilla, o se romperá esa indispensable salvaguarda en la cadena de transparencia de nuestro sistema electoral?
Temo que, así como el Sindicato de Maestros y otras agrupaciones con intereses políticos pactan y venden sus votos al mejor postor, así las autoridades carcelarias (o los grupos criminales que regulan las entrañas de las prisiones en México) terminen ofreciendo esos votos. ¿Y quién tiene unas relaciones más tersas con el crimen organizado que la presente administración?
Ojo al Estado de México, mexicanos. Porque es laboratorio e indicador de lo que nos puede pasar a nivel nacional.
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