Creo que no soy el único mexicano que, cuando se cruza con algún elemento de las fuerzas de seguridad de nuestro país, se siente más vulnerable, expuesto y nervioso que si se encontrara sólo en barrio bravo. Casi preferiríamos que no estuvieran ahí. Ya sea experimentada de primera mano o de oídas, todos tenemos una historia de frustración y coraje con algún policía prepotentes, algún agente de tránsito mordelón, o con el grupito de policías organizando retenes y revisiones aleatorias para intimidad, sembrar evidencia y extorsionar a la ciudadanía para que se caiga con la lana.
No confiamos en nuestras corporaciones policiacas y probablemente no nos falta razón. Ésta semana se habló mucho del caso de Marco Antonio Sánchez Flores, el muchacho de 17 años al que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina detuvieron cerca de la estación del Metrobus El Rosario.
Los agentes nunca explicaron por que estaban deteniendo a Marco Antonio, tampoco lo entregaron en el Ministerio Público 40, como habría cabido esperar, ni dieron aviso a sus padres, como correspondía por tratarse de la detención de un menor de edad. Nadie supo qué pasó con Marco Antonio. Esto fue el pasado martes 23
Sus padres tocaron puertas de cuanta autoridad se les ocurrió pudiera ayudarles a esclarecer su paradero y circunstancias. Finalmente, el Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes, emitió un a ficha que comenzó a difundirse en redes sociales y la historia consiguió tracción. Recibieron apoyo y difusión incluso de la UNAM (Marco Antonio estudia en la prepa 8). La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señalaron necesario investigar la desaparición de Marco Antonio como una desaparición forzada y la bolita creció.
Finalmente, el domingo 28 por la noche Hiriam Almeida, el titular de la SSP de la Ciudad de México, anunció que Marco Antonio fue liberado del ministerio público de Tlanepantla. Minimizando el hecho al declarar que “se establecerían, en su caso, las sanciones correspondientes” a los presuntos responsables por el “no seguimiento de algunos protocolos”. Marco no sería encontrado sino hasta una hora después en el Estado de México, golpeado, cojeando, sin zapatos.
Al momento de escribir estas líneas, hoy martes por la noche, Marco permanece en el Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan N. Navarro. Aún no está en condiciones de declarar. No reconoce a sus familiares, ni recuerda su nombre. Presenta, según el parte médico, un cuadro de “delirio mixto” que incluye un discruso desorganizado, una disposición “irritable” y “fluctuaciones de un estado de alerta” y “descontrol conductual” (reportan que intentó agredir a una persona).
El caso de Marco Antonio es indignante y aunque pasará un tiempo antes de que sepamos la verdad con todos sus sórdidos detalles, es indispensable insistir en que se indague hasta las últimas consecuencias y se castigue a los responsables. México no puede resolver ninguno de sus muchos problemas, si no solidifica primero sus instituciones y las limpia frente a la opinión pública. No es admisible que, lejos de cumplir su función más básica de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, el Estado Mexicano permita que sus instituciones de seguridad sean las primeras en vulnerar la paz.
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