jueves, 27 de julio de 2017

Congruencia

Cada semana cuelgo en este espacio un pequeño texto en donde abordo, y muchas veces reclamo, el nefasto papel que nuestros “gobernantes” hacen desde sus curules, palacios de gobierno y a veces hasta desde las cortes y juzgados.
No se me escapa, sin embargo (y así lo he mencionado en varias ocasiones) que los que están ahí arriba son reflejo de los que estamos aquí abajo y que cualquier cambio que queramos instituír en el país tiene que venir de un cambio correspondiente entre las bases de la sociedad. Quizá por eso la nota que nos llegó esta semana desde el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara me haya causado tanta molestia.
A través de un comunicado oficial, la insititución informó que investigará a 504 “alumnos” (sic) por irregularidades en el exámen departamental de contabilidad. Básicamente, estos personajes resolvieron un intricado exámen a distancia que requería de trabajo de análisis, planteamiento y solución a través de cálculo matemático… en menos de cinco minutos. Ah, por cierto, ninguno de los acusados tuvo un sólo error en el exámen; todos obtuvieron la nota perfecta.

Por más que el nivel educativo de la U. de G. no sea en absoluto despreciable y que su plantel académico tenga la experiencia y conocimientos necesarios para garantizar una educación de calidad, las cricunstancias y condiciones en las que se da el caso vuelven poco probable que todo se trate de un malentendido y que estos 504 individuos sean en realidad genios contables adelantados a su tiempo. Por lo mismo, la universidad empezó la investigación y aplicará las sanciones que considere convenientes. Según los mismos reglamentos universitarios, por esa falta podría ser hasta un año de suspensión.

Se presume que recibieron las respuestas a través de un grupo político dentro del plantel. ¿Qué grupo político, con qué ideología? Ni idea. Y si le parece correcto compartir las respuestas de un exámen de nivel universitario, mejor ni enterarme de qué proponen, no puede ser bueno.

¿Con qué autoridad moral pueden (podemos) exigir que la gente de arriba no robe, que el secretario de educación pronuncie correctamente “leer”, que los gobernadores de los estados no desvíen recursos a los partidos, que elijan con imparcialidad a un fiscal anticorrupción… si nosotros no caemos, desde nuestra trinchera, en prácticas igualmente reprobables? ¿Por qué esperamos que los de arriba sean derechos, si los de abajo no tomamos también esa responsabilidad de no andar por lo torcido?

Hoy no le toca reproche al gobierno, al que queremos achacar de todo el mal en México. Hoy nos toca reproche a nosotros.

Addendum:

Honor a quien honor merece. La semana pasada le tiré a la PGR por su manejo del caso Duarte. Al parecer, la audiencia del sábado fue todo lo contrario: el equipo del fiscal acorraló a la defensa del exgobernador e irán a juicio. Felicidades por un trabajo bien hecho, ojalá sigan así.

jueves, 20 de julio de 2017

El épico ridículo de la PGR

Ya habíamos tocado aquí el punto de que el caso Duarte era de vital importancia para la administración peñista. Que un expedito y transparente proceso harían maravillas por lavar (en parte) su legado en lo que a combate a la corrupción respecta y por reforzar la imagen de su partido de cara a 2018.
Esa era mi lectura del asunto, pero evidentemente la gente que decide piensa diferente.
En lo que fue el primer round de una batalla legal que promete ser larga (o quizá no, visto lo visto) la PGR hizo el absoluto ridículo en la audiencia inicial, o de imputación. En dicha audiencia, lo único que los tres agentes del ministerio público tenían que hacer era explicar por qué y con qué evidencia se demandaba a Javier Duarte; acaso responder algunas preguntas que la defensa pudiera tener para que ésta, en posteriores audiencias, pudiera preparar una defensa. No se pudo hacer ni eso.

La PGR acusa a Duarte del lavado de más de 438 millones de pesos. En la audiencia sólo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de la Secretaría de Educación de Veracruz. ¿Y los desfalcos al seguro popular? ¿Y el montón de licitaciones amañadas para favorecer a empresas fantasmas y de prestanombres? Bien gracias.

Mientras el abogado defensor se frotaba las manos por el regalo envuelto que la Procuraduría le dejaba sobre la mesa; Gerardo Moreno García,  juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, apretaba los dientes. Los datos que presentaban los tres agentes del ministerio público ni siquiera coincidian con los que la propia Procuraduría le había facilitado hace unos meses, cuando solicitaron la orden de aprehensión.
“Cuando libré la orden de aprehensión, los fiscales que vinieron a exponer aquí el caso me proporcionaron datos de tres parcelas ejidales que ahora no corresponden con lo aquí planteado, No puedo fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos de la PGR exhiben incongruencia”

Y es que esa es otra, es la tercera vez que la PGR presenta diferentes agentes del Ministerio Público en audiencias relacionadas con esta causa penal. Como si no hubiera una persona a cargo, y el caso símplemente se fuera deshaogando o rotando entre quien esté disponible en ese momento.

No está todo perdido, pero definitivamente es un tropiezo grave. Con veinte preguntas simples la defensa consiguió desbaratar los argumentos de la parte demandante. Ni siquiera necesitó presentar evidencia o documentos. ¿Así nos pide Gobernación que tengamos fe en la Procuraduría?

El sábado hay otra audiencia, esta vez para determinar si hay elementos suficientes para ir a juicio contra el exgobernador. Con este antecedente, si yo fuera mandamás, estaría verdaderamente preocupado (y ocupado) en no repetir el fiasco, en preparar a mis fiscales y armar un caso que pueda sostenerse. No debe ser tan difícil, cuestión de ordenar las ideas. El problema es ¿Lo harán? ¿O en lo que sería una terrible victoria para la impunidad el juicio del sexenio jamás llegará a tribunales? Habrá que esperar y ver.

jueves, 13 de julio de 2017

Coahuila ¿En 2018?

Ojo, Coahuila pudiera ser un avance de la película de terror que nos espera en 2018.
A un mes de las elecciones en esa entidad, el INE no ha podido esclarecer del todo las circunstancias en las que se dió la victoria del hoy gobernador electo Miguel Riquelme, del PRI. Son varias las rayas de ese tigre:

Para empezar, el mismo día de la elección el INE cometió el error de emitir un conteo rápido que daba como ganador al candidato del PAN, Guillermo Anaya. Dicho conteo, por diversas circunstancias, terminó calculándose con apenas el 55% de los datos muestrales esperados. No era un resultado oficial y debió desestimarse, pero en su lugar el detalle se convirtiió en la primera contribución al tufo de duda que se huele en toda la elección.

Luego, al acabar la jornada, resultó que el 23% (2,524) del total de los paquetes electorales fueron transportados desde las casillas hasta los centros donde se realizaría el cómputo “por fuera de los mecanismos logísticos previamente acordados”. Actualmente, el INE no ha podido determinar cuál fue la “cadena de custodia” para conocer quién entregó y quién recibió dichos paquetes electorales. Aún si queremos suponer que el contenido de dichos paquetes llegó sin alteración alguna, el INE ya no puede demostrarlo. De acuerdo con Acción Nacional, fue Fuerza Coahuila (la policía estatal) quien hizo acopio y entrega de esos paquetes. En un estado gobernado por el PRI ¿Entiende por qué la desconfianza?

Como al perro más flaco se le cargan todas las pulgas y a pesar de que el INE no necesitaba que lo ayudaran a meterse “en camisa de once varas” los partidos políticos también jugaron su papel en poner en entredicho la credibilidad del sistema electoral. Ambos candidatos punteros se declararon ganadores la misma noche de la elección, contribuyendo a la confusión.

Con el pasar de los días, además, la Unidad Técnica de Fiscalización de INE detectó que ambos candidatos habían rebasado los topes de campaña por aproximadamente la misma cantidad (5 millones de pesos, nomás), lo que, dado lo cerrado de la elección (la diferencia entre uno y otro candidato es de apenas dos puntos porcentuales) en estricta teoría daría pie a que se anularan los comicios.
INE
¿Y entonces qué? Preguntan. Pues nada, que se repetirían las elecciones, con candidatos distintos y en circunstancias bien distintas. Las elecciones nacionales están a la vuelta de la esquina y la verdad es que, gane quien gane Coahuila, la oposición política se frota las manos por la posibilidad de tachar a ambos partidos de corruptos y de manchar la legitimidad de la elección. Así que en el amplio panorama de las cosas, avanza la izquierda y tricolores y blanquiazules se arriesgan a perder por una rabieta mucho más que aquel estado al norte del país.

Con instituciones golpeadas, pocas alternativas y cartuchos quemados en las elecciones de 2018 ¿Dejo claro por qué creo que se trata de una película de terror?