Rosario "Caja China" Robles

¡Vuelve a arrancar la caja china! No sé si se trata de pasar la página del espinoso asunto de Cienfuegos, o detener la quemazón pública que está sufriendo el gobierno en turno por el abandono en el que ha dejado a un aún inundado Tabasco y que lleva varias semanas al frente y al centro. El caso es que una vez más esa útil figura del “Testigo Colaborador” vuelve a la palestra, esta vez con Rosario Robles en el papel protagónico. La maniobra sigue siendo la misma que con, por ejemplo, Lozoya: La imputada aparecerá, soltará un par de acusaciones incendiarias que entretendrán las primeras planas y en medio de la confusión recibirá el privilegio de la libertad y que la dejen de molestar… al menos por un rato, hasta que vuelvan a necesitarse sus servicios. Insisto, a Lozoya me remito.

La cortina de humo esta vez tiene que ver con “La Estafa Maestra”, nombre con el que se le conoció al sistema a través del cual el Gobierno Federal Mexicano desvió más de 400 millones de dólares y que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. 

Robles sostiene que los recursos desviados con dicha maniobra fueron utilizados para las campañas electorales del PRI: Las presidenciales de Enrique Peña Nieto en 2012 y José Antonio Meade en 2018, la intermedia de 2015 y la de Alfredo del Mazo a la Gubernatura del Estado de México en 2017. 

Ok.. ¿Y? ¿Qué más?

Que no se me malinterprete, es bueno que los detalles de las corruptelas gubernamentales salgan a la luz. Pero consideremos lo siguiente: La investigación que dio el pitazo y nombre a la Estafa Maestra se publicó el 5 de septiembre de 2017, desde entonces no ha habido un solo cargo criminal individual imputado; incluso a dos años de entrada una administración cuyo principal objetivo era, supuestamente, “combatir la corrupción de gobiernos anteriores”. ¿Ahora resulta que el avance más importante en este caso es porque Rosario Robles se decidió a cooperar? ¿Después de aguantar casi dos años en prisión?

La aclaración del abogado de Robles también es muy interesante, porque abona a la narrativa oficial y se cuida de acotar con precisión a los imputados: 

"También se va a determinar [...] cómo fue que se dio la instrucción [...] para que se dieran estos recursos [...] por instrucciones de Luis Videgaray Caso, [...] lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral, a lo cual no les alcanzó por lo que el voto popular determinó". 

Traducción: Luis Videgaray y el PRI malo querían cometer fraude, pero no pudieron por el voto del pueblo bueno. 

¿Y Miguel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, quien ya había sido señalado antes como beneficiario de los desvíos? Ni pinta. Es más, el abogado explícitamente puntualizó que Robles no hará ninguna imputación contra él. 

Piensa mal y acertarás, dicen por ahí. A mi me parece que la “oportuna” declaración de Robles, además de funcionar como Caja China y salvavidas, es también un mensaje de la presente administración a otras fuerzas al interior del PRI con las que tiene acuerdos y tensores y con la que se comunica y mide fuerzas a través de la prensa nacional. Es un pulso para ver quién cede. Me remito, otra vez Lozoya. En cuanto empezó a sonar su nombre y lo que pudiera revelar en juicio, se filtró el video de Pio López Obrador y todo quedó de nuevo en un impassé. ¿Qué se quieren decir o cuál será la respuesta PRIista? Habrá que esperar y ver.

¿Por qué el bandazo?

 

Hace dos semanas platicábamos de Cienfuegos y de lo sospechoso que era que la presente administración, lejos de hacer una investigación exhaustiva a las fuerzas armadas y una seria revisión a los procedimientos y controles de confianza de dicha corporación, le estuviera ofreciendo cada vez más espacios en la vida pública. 

Ayer martes cayó más leña en esa hoguera conspiranóica cuando nos enteramos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desechará las acusaciones de cargos criminales contra el exsecretario de la defensa nacional, en aras de que la justicia mexicana, que aparentemente ya tiene una investigación en marcha, sea quien lo procese. El Departamento de Justicia, en su comunicado señaló que “importantes y sensibles consideraciones de política exterior” sobrepasaban el interés de perseguir al General Cienfuegos… después de tenerlo detenido por 34 días… y haberlo apresado sin comunicárselo con anticipación al gobierno mexicano. Ajá. Si, claro.

No, aquí hay algo más. Algo cambió en estas dos semanas. Algo se negoció. Y el único evento en este periodo de tiempo de la magnitud suficiente como para haber detonado este drástico cambio de timón son las elecciones de Estados Unidos, que ciertamente han cambiado el panorama. De tener en Trump un aliado repúblicano, la presente administración tendrá ahora que lidiar con un Biden demócrata cuya política exterior y actitud hacia nuestro país será toda una incógnita. Eso si, a priori, Biden no tiene necesidad de ese intercambio de favores y legitimidad que tenían Trump y Andres Manuel.

La detención de Cienfuegos era un golpe mediático importante al gobierno Peñista, que lo sostuvo como Secretario de la Defensa Nacional durante seis años. Pero al mismo tiempo (como señalamos hace dos semanas) representa un fuerte cuestionamiento para la actual estructura de nuestras fuerzas armadas. A lo mejor (y esto es mera especulación) existía ese acuerdo tácito con la administración trumpista de que la investigación sobre Cienfuegos sería llamarada de petate y que serviría como parte de ese acuerdo para darle legitimidad (y munición política) al de macuspana, pero sin tocarle sus intereses.

Viene el 3 de noviembre y los agonizantes días posteriores mientras cada estado norteamericano hace el recuento de votos (vale la pena mencionar aquí: ¿qué no darían los gringos por una institución como el INE de aquel lado del río Bravo?). Gana Biden y de este lado sudan frío. Con Biden no hay acuerdo, no hay negociación en marcha y si los demócratas se hacen con la investigación, pueden llevarla hasta el final, en perjuicio de López y su gobierno. 

La jugada inmediata es no reconocer el triunfo del candidato demócrata (cosa que a la fecha AMLO no ha hecho) y colaborar en la estrategia del aliado republicano para dinamitar el proceso electoral (estrategia en la que tienen amplia experiencia, recordemos 2006). Pero con el pasar de los días y al ver que las impugnaciones judiciales de la campaña de Trump son desechadas, es necesario que el presidente minimice sus pérdidas y asegure los cabos sueltos. Y eso incluye, por supuesto, que el proceso de investigación de Cienfuegos debe si no detenerse, por lo menos asegurar que siga en manos de un fiscal que tenga la sensibilidad de no manchar los intereses de la 4T.

A Cienfuegos le van a seguir sacando rédito político. Pero veo absolutamente improbable que pise la cárcel. Mucho menos que algo de esto termine en el enjuiciamiento de Peña. Y eso tristemente no es especulación, es sencillamente remitirse a la experiencia previa. ¿O es que alguien se acuerda de Emilio Lozoya?

Preguntas sobre el ejército y la Guardia Nacional

Debo confesar que la lógica interna de la toma de decisiones en la presente administración me resulta completamente indescifrable. Uno pensaría que después de la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio anterior, la estructura completa del ejército mexicano sería revisada y sometida a estrictos controles de confianza, que los colaboradores más cercanos al General Cienfuegos serían quizá separados de sus cargos temporamente mientras corrían las averiguaciones correspondientes y que se colaboraría con la justicia norteamericana para desenterrar de raíz cualquier perniciosa relación entre un pilar institucional del estado (el ejército) y las organizaciones criminales que más daño le han hecho al país en los últimos veinte años.

Pero no, no ha ocurrido nada de eso. Y quizá la sospecha de que nada de eso iba a ocurrir es lo que forzó a nuestros vecinos del norte a guardarse cerca del pecho sus cartas y a no compartir con el gobierno mexicano que la investigación estaba en curso ¡desde por lo menos agosto de 2019!

Andrés Manuel López Obrador, quien prometía que de ganar las elecciones regresaría a los militares a sus cuarteles, en su lugar ha permitido que el ejército siga y siga ganando terreno en la vida pública del país. La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, la vigilancia del AICM, el control de puertos y aduanas; son todas funciones que no le corresponden a las fuerzas armadas, pero que igualmente llevan por mandato presidencial.

La integración de la Guardia Nacional, que desde el principio supimos que se trataba de una agrupación con elementos y mando castrenses, no es sino una raya más al tigre. Pero, a la luz de lo descubierto por E.U.A. y el escándalo del General Cienfuegos acaso la más peligrosa de todas. No sólo es que el ejército está entrenado con una filosofía radicalmente distinta, sino que su integridad está comprometida y no se está tomando ninguna medida para reparar esa brecha. ¿A quién le estamos entregando la seguridad pública? ¿Qué garantías tenemos de que no hay más como Cienfuegos dentro de la estructura de la Guardia Nacional?

Y no contentos con eso, la presente administración publicó en el Diario Oficial de la Federación un “acuerdo” mediante el cual le confiere a dicho cuerpo militar la función de “Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso” poniendo toda medida cautelar en un proceso judicial (las condiciones en las cuales el acusado enfrentará su proceso) en manos de la Guardia Nacional. El cuerpo podrá entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, realizar visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado; requerirle que proporcione muestras, sin previo aviso, para exámenes toxicológicos; supervisar que las personas e instituciones a las que la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado. En fin, se le ha dotado de toda una serie de herramientas extrajudiciales y al margen de la ley para intimidar y acosar impunemente.

La medida va claramente en contra del Artículo 129 de nuestra Constitución (En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar) pero no sería la primera vez (ni será la última) que el actual gobierno se salta el estado de derecho por cumplir un capricho. La pregunta es ¿Para qué? ¿Quién gana y qué gana con esta decisión? Las respuestas, a la luz de lo descubierto por Estados Unidos, pueden ser turbias, mexicanos. Muy turbias.