Preguntas sobre el ejército y la Guardia Nacional

Debo confesar que la lógica interna de la toma de decisiones en la presente administración me resulta completamente indescifrable. Uno pensaría que después de la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio anterior, la estructura completa del ejército mexicano sería revisada y sometida a estrictos controles de confianza, que los colaboradores más cercanos al General Cienfuegos serían quizá separados de sus cargos temporamente mientras corrían las averiguaciones correspondientes y que se colaboraría con la justicia norteamericana para desenterrar de raíz cualquier perniciosa relación entre un pilar institucional del estado (el ejército) y las organizaciones criminales que más daño le han hecho al país en los últimos veinte años.

Pero no, no ha ocurrido nada de eso. Y quizá la sospecha de que nada de eso iba a ocurrir es lo que forzó a nuestros vecinos del norte a guardarse cerca del pecho sus cartas y a no compartir con el gobierno mexicano que la investigación estaba en curso ¡desde por lo menos agosto de 2019!

Andrés Manuel López Obrador, quien prometía que de ganar las elecciones regresaría a los militares a sus cuarteles, en su lugar ha permitido que el ejército siga y siga ganando terreno en la vida pública del país. La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, la vigilancia del AICM, el control de puertos y aduanas; son todas funciones que no le corresponden a las fuerzas armadas, pero que igualmente llevan por mandato presidencial.

La integración de la Guardia Nacional, que desde el principio supimos que se trataba de una agrupación con elementos y mando castrenses, no es sino una raya más al tigre. Pero, a la luz de lo descubierto por E.U.A. y el escándalo del General Cienfuegos acaso la más peligrosa de todas. No sólo es que el ejército está entrenado con una filosofía radicalmente distinta, sino que su integridad está comprometida y no se está tomando ninguna medida para reparar esa brecha. ¿A quién le estamos entregando la seguridad pública? ¿Qué garantías tenemos de que no hay más como Cienfuegos dentro de la estructura de la Guardia Nacional?

Y no contentos con eso, la presente administración publicó en el Diario Oficial de la Federación un “acuerdo” mediante el cual le confiere a dicho cuerpo militar la función de “Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso” poniendo toda medida cautelar en un proceso judicial (las condiciones en las cuales el acusado enfrentará su proceso) en manos de la Guardia Nacional. El cuerpo podrá entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, realizar visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado; requerirle que proporcione muestras, sin previo aviso, para exámenes toxicológicos; supervisar que las personas e instituciones a las que la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado. En fin, se le ha dotado de toda una serie de herramientas extrajudiciales y al margen de la ley para intimidar y acosar impunemente.

La medida va claramente en contra del Artículo 129 de nuestra Constitución (En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar) pero no sería la primera vez (ni será la última) que el actual gobierno se salta el estado de derecho por cumplir un capricho. La pregunta es ¿Para qué? ¿Quién gana y qué gana con esta decisión? Las respuestas, a la luz de lo descubierto por Estados Unidos, pueden ser turbias, mexicanos. Muy turbias.