miércoles, 22 de diciembre de 2021

¡Regúlese!


Ha habido un incremento en la demanda de movilidad a raíz de las fechas decembrinas. Las compras de pánico, las posadas, reuniones y compromisos ponen las ciudades de cabeza. Sobre todo por la noche cuando acaba la parranda y hay que volver a casa (o encontrar otro sitio donde seguir la fiesta) con algunos tragos encima. 

En consecuencia a este incremento de la demanda y por una simplísima ley de mercado, plataformas como Didi, Uber y Cabify disparan sus precios a través de las “Tarifas dinámicas” ¿Quieres un traslado en alguna plataforma? Lo sentimos, hay diez personas como tú que buscan el mismo servicio y sólo tenemos tres autos, pero si estás dispuesto a pagar un poquito (o mucho) más, podemos garantizarte que uno de esos tres disponibles será tuyo.


Y a pesar de que esta ecuación oferta-demanda-precio obedece a la lógica natural y tiene muchísimo sentido, la reacción de los usuarios ha sido lamentable y, por decir lo menos, poco pensada. Se está a llamando a la regulación de lo que algunos iluminados consideran “un abuso” de parte de estas empresas. Se está solicitando que el estado intervenga para garantizar los precios.


Perdón, pero ¿En dónde tienen la cabeza?


Plataformas como Uber, Didi y Cabify fueron la respuesta y solución del libre mercado a un servicio de taxis deficiente, caro y si, sobreregulado. Los taxis, a su vez, eran la alternativa a un sistema de transporte público disfuncional, mal planeado e insuficiente. Se está pidiendo ahora ponerle un parche, al parche, del parche. El problema está tan enterrado en soluciones parciales o caducas, que ya ni siquiera se le reconoce. 


Si el entusiasmo y la legítima indignación de la ciudadanía se volcara no solo en entorpecer la última solución de las plataformas de movilidad, (que ahora y sólo por la locura de las fechas resulta insuficiente), sino en exigir al Estado que cumpliera con un sistema de transporte público integral, interconectado, flexible y seguro, otra cosa sería. Pero pretender ahora que el mismo responsable del estercolero, el gobierno, ponga la solución interviniendo la iniciativa ciudadana, es un mayúsculo sinsentido y puedo garantizar que no hará sino empeorar la situación.


Pugnar por la regulación siempre viene con un costo. No, no tengo poderes de profeta, baste ver lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México con estas mismas empresas la semana pasada. Aplicaciones como Uber Eats, DiDi Food y Rappi tendrán que pagar a partir del próximo año, un impuesto por el “uso de calles y avenidas de la ciudad”. La tarifa es del 2% antes de impuestos de cada uno de los cobros realizados y naturalmente encarecerá el servicio por el incremento de precios y por la posible salida de jugadores en el sector. Es un golpe muy bajo a una iniciativa que mantuvo con vida a infinidad de pequeños negocios durante la pandemia.


Si como ciudadanos no podemos darnos cuenta del sinsentido de lo que exigimos, si no tenemos la capacidad de ver de donde vienen los problemas, cuáles son sus últimas causas y la cadena de consecuencias y no tenemos la creatividad para encontrar soluciones más allá del imperativo “¡Regúlese!”, tenemos un problema más grave del que cualquier grupo político podría endilgarnos, mexicanos. Porque estamos prestos para exigir el yugo, para entregar la libertad en pos del beneficio más inmediato. No hay nada más caro que pedir que las cosas nos salgan baratas por decreto… 

 



PD: Esta Columna se va a descansar por fin de año, regresamos con ánimos renovados el 5 de enero
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!

miércoles, 15 de diciembre de 2021

No es militarización, es ineptitud

 

Probablemente la mejor muestra y ejemplo de la absoluta ineptitud de este gobierno es el uso de las fuerzas armadas como operadores de prácticamente todas las iniciativas importantes del sexenio.

Se está militarizando el servicio público en México. Pero las razones detrás de dicho fenómeno tienen más que ver con la naturaleza de las fuerzas castrenses y la incapacidad del inquilino de Palacio Nacional para alcanzar cualquier objetivo de manera democrática; a través de la negociación, el diálogo y los acuerdos de mayorías.


El ejército está obligado a guardar incuestionable obediencia y por la naturaleza rígida de su estructura de mando y su entrenamiento para la guerra, a ser brutalmente efectivo en llevar a cabo las órdenes recibidas.

“Levántese aquí un aeropuerto”, “Si, comandante. Así se hará” Y se hará, aunque las instituciones civiles adviertan de su inviabilidad técnica, aunque los actores económicos principales (las aerolíneas) expresen reservas de la viabilidad financiera.

“Constrúyase aquí una refinería” “Si, comandante. Aquí la levantaremos” aunque el desafío logístico sea inmenso por la ubicación y las inundaciones constantes, aunque el plan de negocio de construir una refinería para PEMEX no tenga sentido

“Instálense las vías para un tren turístico en medio de la selva, y ustedes lo han de operar”, “Gracias, señor presidente. Delo por hecho”, aunque el espíritu y el temple de la soldadesca nada sepa de la calidez y atención al detalle que necesita la industria turística.


El ejército no cuestiona una orden recibida, sencillamente no está en su ADN. Para el presidente el ejército es un martillo, una herramienta relativamente fácil de usar, con la que puede pasar por encima (y a veces destrozar) los matices y complejidades inherentes a un gobierno civil democrático y plural.

Tiene mucho de irónico que “el gobierno más democrático de la historia” se vea tan dependiente de esta herramienta autoritaria. Y quizá la dependencia ni siquiera sea por una vena autoritaria del mandatario, sino por su absoluta incapacidad de operar herramientas más discretas, más finas, como un desarmador, una llave de tuercas o un cautín, que no sólo serían más efectivas, sino que no destrozarían el andamiaje político del país.


Piénselo. Empezó el 11 de mayo de 2020 cuando, incapaz de lidiar con las tareas de seguridad Pública, se publicó el acuerdo presidencial por el que se ordenó disponer hasta el 27 de marzo de 2024 de la fuerza armada permanentemente para dichas tareas (El acuerdo fue detenido por un recurso de inconstitucionalidad y probablemente la SCJN lo discuta durante el primer trimestre de 2022)


Luego vimos la asignación de los proyectos de infraestructura federales y cuando los cuestionamientos y los amparos empezaron a llegar, la designación de dichos proyectos como “de seguridad nacional”. ¡Qué útil es el martillo —debió pensar el inquilino de Palacio Nacional— que todo lo allana! Una lástima para él que apenas ayer, un ministro de la Corte concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que, de manera inmediata deje de surtir efecto su decretazo. El Ejecutivo federal no tiene atribuciones para realizar esta clasificación (“de seguridad nacional”) sin cumplir los parámetros establecidos en la ley de la materia. Pero insisto: el Ejecutivo es inoperante, obtuso y la ley le irrita y le resulta extraña. No sabe trabajarla, sólo sabe usar el martillo.


Hace un par de semanas nos enteramos también de la designación del general Pedro Lohmann Iturburu, exmilitar, como nuevo director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Un exmilitar es el nuevo encargado de la distribución de medicamentos en México, ese tema que en los últimos meses le ha ido pesando tanto al presidente de México.


Y apenas ayer, el pleno del Senado aprobó por 78 votos a favor y 20 en contra reformas a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. La reforma le permitirá al Secretario de la Defensa Nacional, descargar sus tareas militares a una comandancia, mientras él se concentra en la cada vez más abultada baraja de temas que el ejército maneja en la administración pública federal. “La dualidad de responsabilidades hacen del titular del ramo un funcionario comprometido en su totalidad para atender la actividad pública de la dependencia federal y la operativa de la fuerza armada.”


No es militarización, es supina ineptitud, es inexcusable incompetencia. Cuando lo único que sabes usar es el martillo, todos los problemas te parecen clavos.




miércoles, 8 de diciembre de 2021

Trenecito de humo


Incendió las redes sociales un video que compartió el presidente el domingo pasado en donde se le veía a él y a otros miembros destacados de su administración en un vagón de tren, camino al sitio donde se construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En el video, el presidente señala que usando el tren suburbano, se podrá llegar desde Buenavista, en la Ciudad de México, al AIFA en 45 minutos.


La razón por la que el video se hizo viral, sin embargo, no es lo que el presidente dice o hace, sino que a mitad del mensaje, las ventanas del tren se quedan blancas, en lugar de mostrar el movimiento natural del paisaje con el tren en movimiento. La situación hizo que muchos internautas y algunos medios de comunicación, acusaran al gobierno de organizar un “montaje”. Y a partir de ahí, en un ejercicio sumamente improductivo para la ciudadanía y el país, simpatizantes de uno y otro bando aprovecharon para darse con todo y acusarse de toda clase de linduras.


A pesar de que llevamos tres años con este modus operandi, al gobierno le sigue funcionando arrojar este tipo de buscapiés y distractores para inflamar la polarización y concentrar la atención en banalidades y no en lo que realmente nos ocupa.

El tren es real y las vías por donde circula existen. Las ventanas en blanco son producto de un ajuste automático de la cámara a la luz exterior. No es, sin embargo, el tren que prometieron para el AIFA. Se trata de otro tren, de servicio ejecutivo/turístico que corre en por la periferia del terreno del aeropuerto. El otro, pensado para entrar hasta el estacionamiento y la “Ciudad Aeroportuaria” aún está en las primeras estapas de construcción y no estará listo para la inauguración del Felipe Ángeles. Pero existirá.


Así que si, hay una evidente intención de confundir haciendo creer que ese tren en particular es el que llegará al Aeropuerto, hay una intención de empujar la narrativa con falsedades, pero inflamando los ánimos de una “oposición” descabezada y desorganizada. De esa forma consiguen el combustible que necesitan para decir cada mañana que son “el gobierno más atacado en décadas” o que “los medios les traen ojeriza”. Son tres años ya de este modus operandi, y el grueso de la población sigue pensando que este tipo de “descuidos” son situaciones accidentales y no buscapiés y distractores intencionales.


Porque, ultimadamente, es irrelevante si fue un montaje o no de un proyecto en construcción. Lo verdaderamente aterrador es el retroceso absoluto que estamos teniendo en todos los métricos que importan. En palabras de Macario Schettino: La inversión está al nivel de 2010; la construcción, de 2005; la construcción no residencial, de 1997. En tres años, hemos perdido el avance equivalente a entre una década y un cuarto de siglo. 


El lunes inmediato posterior a la debacle del tren, Hacienda anunció una “Capitalización” a PEMEX por tres mil quinientos millones de dólares, todos dirigidos al pago de la deuda. 73 mil 500 millones de pesos. Eso significa que, al cierre del 2021, la paraestatal habría recibido el equivalente a 1.1 puntos PIB. Las capitalizaciones no mejoran el rendimiento de la empresa, repito, son para sanear deuda. Sin cambios drásticos en la operación y administración de la empresa continuará perdiendo recursos cual barril sin fondo.

¿Alguien habló de ello? ¿Alguien se percató?


Una regla básica de la estrategia en cualquier área es que, quien define el campo, los tiempos y las condiciones de batalla, tiene ya la mitad de la victoria en las manos. ¿Por qué insistimos, mexicanos, en hacer “oposición” bajo los términos que la presente administración dicte? ¿Por qué permitimos que nos lleven al campo de batalla donde el presidente se hace fuerte? ¿Por qué cedemos la iniciativa y esperamos a ver qué dijo y que hizo el inquilino de Palacio Nacional?




miércoles, 1 de diciembre de 2021

Embarrados de caca(o)

Uno de los mayores éxitos de esta administración ha sido el convencer a la población de que, realmente, la corrupción en las altas esferas gubernamentales es cosa del pasado; que nunca más se repetirá un Odebretch, una Casa Blanca, una Estela de Luz. Esto, a pesar de la aplastante evidencia de que el nido de ratas sigue ahí, incrustado como un tumor maligno, hambriento y en constante crecimiento.

La evidencia más clara de este tumor la podemos ver en las magnas obras insignia de este gobierno: la refinería de Dos Bocas, Tabasco; el tren turístico en la península de Yucatán, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Edo. de México. No solo son proyectos que nunca devolverán un solo peso a las arcas públicas, inviables desde una perspectiva técnica y financiera, sino que, ahora sabemos, están plagadas de capitalismo de cuates.
Por ponerle un ejemplo, entre 966 contratos que otorgó el Ejército para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía: hay empresas fantasma, compañías investigadas por desvíos de recursos y operaciones que se antojan como mera fachada para negocios turbios. Siete de cada diez de estos contratos fueron por adjudicación directa, los otros tres invitando a sólo tres personas; ninguno por licitación.

Días después de que Loret de Mola hiciera pública esta información, el presidente declaró como “Asunto de Seguridad Nacional” las obras, ocultándolas del ojo y escrutinio público, blindándolas contra el legítimo derecho de la ciudadanía al amparo. Digan lo que quieran de Lord Montajes, pero “Cuando el río suena, es que agua lleva” y también “El que nada debe, nada teme”

Sus programas sociales son otro magnífico ejemplo. Hablamos hace casi dos años de la importancia del establecimiento de reglas de operación claras y transparentes para garantizar el funcionamiento positivo de los programas. Estas aún brillan por su ausencia. En su momento Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad emitió un informe de la infame ordeña de recursos que era “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
También es bien sabido que “el programa de reforestación más grande del mundo”, “Sembrando Vida” en realidad genera un incentivo perverso para deforestar, aplicar al programa y cobrar el estipendio por “reforestar”. El Universal realizó una cruza de información y resultó que de 5 mil 142 parcelas inscritas al programa en Quintana Roo casi la mitad están en zonas catalogadas como selva por el mapa de usos de suelo del INEGI. Se la arrebataron a la naturaleza por dinero.

Esta misma semana nos enteramos también, a través de un artículo publicado por CONNECTAS y otras agencias noticiosas, que en el diseño y promoción de “Sembrando Vida” beneficia directamente a Hugo Chávez Ayala, amigo de la familia López Obrador y socio de negocios de Chocolates Rocío, la empresa de los hijos del presidente.
A través del programa se impulsó el cultivo de cacao en Tabasco, a pesar de que la comunidad no escogió ese cultivo y que no se hizo estudio técnico alguno para ver la viabilidad del grano en la zona.
En el contexto de la pandemia, Hugo Chávez Ayala vendió dos millones de semillas a técnicos del programa y pequeños productores de la sierra de Tabasco aseguraron sentirse comprometidos a vender el producto de los árboles de Sembrando Vida, a su empresa: Agrofloresta Mesoamericana.
Hasta el arranque del programa, la producción de el cacao en Tabasco era reducida. De 2013 a 2021, en casi una década, solamente se aumentaron 82 hectáreas de cacaotales. La inversión para sembrar nuevas plantaciones, multimillonaria y de incierto resultado. Nada de eso preocupó al Sr. Chávez Ayala, que a través del dinero de millones de mexicanos, va a ver incrementada su fortuna por obra y gracia de la presente administración.

E insisto, la reacción del presidente de desprestigiar a la investigación periodística, lejos de disipar las sospechas, parecen más bien confirmarlas.
¿Qué hace falta pues, para que el grueso de la población se entere que seguimos profundamente hundidos en el mismo pantanal de corrupción y caca(o) que en sexenios anteriores?