De la ASF y otras instituciones autónomas.

Mucho hemos hablado y recalcado en este espacio la importancia de gozar de instituciones sólidas y un sistema de equilibrios que mantengan equilibrado el poder. Al principio de esta semana, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó los resultados de 1,523 auditorías que realizó al Gobierno Federal únicamente correspondientes a 2019, se hizo evidente por qué.

La ASF es un órgano autónomo que fiscaliza la cuenta pública, es decir, todo el manejo de recursos públicos federales, independientemente de quién lo maneje o administre. Incluso si eres un particular que funge únicamente como proveedor gubernamental, si se te paga con fondos públicos estás sujeto a la vigilancia de la ASF.

Es una de esas instituciones que nació en la terrible “época neoliberal”, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda con la intención de asegurarse que el Gobierno no fuera al mismo tiempo juez y parte. Y la verdad no lo ha hecho mal. Por ella nos enteramos de los escandalazos de la Estafa Maestra, la Casa Blanca y la Estela de Luz.

A lo que vamos entonces ¿Qué encontró la ASF en las auditorías que realizó apenas durante el primer año de la presente administración? En corto, irregularidades que alcanzarían los 67 mil 498 millones de pesos en diferentes programas y proyectos de la cuarta transformación.

Con pelos y señales (si se me permite la expresión coloquial): Empleos fantasma, becarios de más de 29 años e incluso fallecidos que seguían cobrando en “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 75 millones de pesos por aclarar en la construcción de Dos Bocas, que comenzó a construirse sin estudios de impacto ambiental y que con toda probabilidad no estará lista en 2022 como se había prometido. Obstáculos a la libre competencia en la nueva modalidad de compra consolidad para las instituciones de salud y ningún ahorro comprobable. 44 mil 364 millones de pesos es que las instituciones públicas de la Federación gastaron de manera irregular (y otro tanto de aportaciones federales que Estados y Municipios no pudieron acreditar). Además de la flagrante negativa a colaborar con las auditorías de parte de la Secretaría de la Función Pública de Irma Eréndira Sandoval. Ya saben, ese organismo que sí depende y le reporta al presidente y que se supone que tiene el encargo de combatir la corrupción.

Al gobierno federal todo esto claramente le caló y ni tardo ni perezoso salió el presidente en su mañanera a desmentir y minimizar con el ya clásico y cansino “Yo tengo otros datos”, en particular sobre la piedra angular del reporte de la ASF: el cálculo del sobrecosto de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía en Texcoco, que estimó en 330 mil millones de pesos, en lugar de los 100 mil millones que había pronosticado el Gobierno.

Ojo al dato, porque son números ridículamente grandes. Quizá le convenga pensar en ellos en relación a otros escándalos muy sonados. Según la ASF, cancelar el NAICM salió en el equivalente a 2,364 casas blancas de EPN; o a 47,500 Estafas Maestras, por la que tienen detenida a Rosario Robles, o 135 años de pagarles su pensión a ex presidentes, o 520 Pemex-gates, de los de Lozoya y Odebrecht. ¿Alcanzamos a dimensionar mejor de cuánto estamos hablando?

Las instituciones sólidas, los contrapesos, la fiscalización y los organismos de control son nuestros aliados, mexicanos. Son un un bozal y un “estatequieto” para cualquier gobierno, guinda o de cualquier otro color. Por lo mismo, me parece terrible que, bajo fuerte presión gubernamental, la ASF haya cedido y admitido públicamente que a la mejor había tenido “errores metodológicos”. Significa que el poder la alcanzó y que una herramienta poderosa con la que contábamos para mantener al poder a raya desde hace años (y que dio resultados palpables) está ahora en entredicho.

No dejemos que esta ola de pura narrativa (porque así gobierna Andrés Manuel, con saliva) desmonte y distraiga el legítimo reclamo de que todo esto se esclarezca y se transparente al 100% ¿No era esa la bandera de este gobierno?

Exijamos ir hacia adelante

 

En México, pese a todos sus problemas y asignaturas pendientes, habíamos tenido desde mediado de los 80’s cierto progreso, estabilidad y continuidad económicas que nos permitieron, a una porción importante de los mexicanos, mejorar nuestra situación y la de nuestras familias. El tratado de libre comercio introdujo productos a precios más accesibles para todos, un robusto sistema nacional de vacunación le ahorró millonadas a la Secretaría de Salud y erradicó de nuestro país enfermedades gravísimas como la polio. Se introdujo (costó sangre y aún hay mucho trabajo que hacer, pero se hizo) competencia económica en sectores que antaño eran monopolios. Y se abrió a México a la inversión extranjera para generar empleos y desarrollo. Entre 1999 y 2003 México estuvo ente los diez primeros lugares del ranking de economías mas grandes del planeta y en los dos primeros años del gobierno de Vicente Fox alcanzó la octava posición.

Había problemas, sin duda. El número de pobres tenía que atenderse. La desigualdad también. La corrupción y sobre todo el crimen organizado se dejaron crecer hasta volverse problemas complejísimos, hidras de múltiples cabezas. De ningún modo sostengo que los gobiernos de antaño fueran perfectos, pero trastabillando, rengueando, o arrastrándose avanzaron el camino. Lo que había que hacer, era reconocer y caminar hacia adelante sobre lo ganado. 

En su lugar, elegimos (como ciudadano no me eximo de la culpa, incluso si no voté por él) a un personaje cuyo discurso era incendiario. Todo en el “periodo neoliberal” era malo y tenía que desmontarse. Todo el que hubiera ganado algo, o mejorado su situación en ese periodo era por corrupto y a costa de “los más pobres”. Utilizó el rencor y esa desigualdad que dejamos crecer, para apuntalar su posición y la consigna desde que fue elegido no parece haber sido elevar a los más necesitados, sino asegurarse de que estemos todos en igualdad de miseria, emparejar hacia abajo.

¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo desmontar al México protagónico, que podía sentarse en la mesa en igualdad de condiciones con otras naciones, que en algún momento llegó a tener la etiqueta de economía emergente; por haber superado el subdesarrollo, y por su enorme potencial?

Nadie que haya alcanzado ciertas comodidades y cierto nivel de vida, acepta de buena gana que dichas condiciones cambien. Si se pretende precarizar a México, es necesario volver a normalizar la precariedad. Y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno en turno. Primero introducen un sistema o servicio claramente inferior al que ya teníamos y luego cambian el discurso para que luzca bonito y la ciudadanía quede hasta agradecida del paso dado hacia atrás. Basten dos botones de ejemplo: 

El lunes comenzó la vacunación general para COVID-19 a los adultos mayores en este país. La realidad es que el sistema logístico fue peor que malo. El sistema de registro por internet nunca funcionó y nunca hubo citas. La persona que se quisiera vacunar podía hacerlo presentándose en el módulo con su credencial de elector. Algunos esperaron más de seis horas, expuestos a los elementos. Recordemos que se trata de ciudadanos de la tercera edad, algunos con condiciones preexistentes. No hay registro claro ni mecanismo para asegurar que quien logre vacunarse, consiga la segunda dosis por lo que igual y todo el esfuerzo acaba en la basura.

Cuando legítimamente la ciudadanía, que ha experimentado programas mucho más funcionales como las Semanas Nacionales de Salud, o la iniciativa “Embajadores por la Vacunación” que podía aplicar 32.2 millones de dosis durante la temporada de influenza estacional, e inmunizar al 96% de la población en riesgo de manera ordenada, sin filas de horas y sin mayor trámite (ni tomarle foto a la credencial de elector), arranca el discurso normalizador:

“A pesar de estar a punto de ser inmunizados de manera gratuita con un operativo eficaz […] insisten en ofender y difamar” se lee en redes sociales. ¿Perdón? La vacuna no es gratis ¿O acaso no pagamos impuestos? ¿Y no es obligación gubernamental garantizar la salud?

“Los fifís que están tuiteando, que les pega mucho el sol, qué hay mucha gente, que están en la calle y que les molesta esperar… Buenas tardes y bienvenidos a su primer contacto con la salud pública, con el pueblo. Aquí no se les pide tarjeta de crédito para gozar de salud.” Entonces ¿No hay de otra? ¿Así es el sistema de salud pública y no hay por qué exigir más que las migajas que tengan a bien darnos? Si una parte de la población puede costearse servicios de salud privados, liberando al Estado de la carga (que no de la obligación) de atenderlos ¿No es eso algo bueno?

Segundo ejemplo, esta semana tuvimos el tercer mega apagón del sexenio. El primero se registró en abril del 2019, cuando supuestamente por culpa de un incendio forestal entre las torres de transmisión de Ticul, Yucatán a Escárcega, Campeche, se suspendió el servicio por espacio dos horas en toda la península de Yucatán, afectando a 1.6 millones de medidores (el número real de usuarios afectados es difícil de determinar). El segundo fue en diciembre del 2020, cuando se suspendió el servicio en 17 entidades federativas, afectando a poco más de 10 millones de personas, cuya falla se debió supuestamente por otro incendio forestal entre dos líneas de transmisión en el municipio de Padilla, Tamaulipas. (Memorable en aquella ocasión, la osadía de Bartlett al presentar un oficio falso de Protección Civil de Tamaulipas, con el reporte del supuesto incendio) Después de aquello, el presidente se comprometió a que no se volvería a registrar una falla de esta magnitud y pues... henos aquí, y no han pasado ni dos meses.

Hace un mes y medio señalaban con el dedo a la producción privada y a lo “irregular” de su servicio. Hoy es al revés, aparentemente la CFE no tiene capacidad de producción suficiente. Y he notado todo tipo de intentos por justificar esto último. Que si sí podrían producir, pero que los texanos les cerraron la llave al ducto del gas. Ergo, no tienen un respaldo ni se anticiparon al problema. CFE luego declaró que en realidad sí funcionaba el ducto, pero que por escasez el precio de adquisición era 66 veces más alto y decidió no comprarlo. Entonces, sin un plan B, ¿decidimos voluntariamente darnos un balazo en el pie? ¿A sabiendas de que hay infinidad de personas cuya vida depende de un ventilador mecánico (eléctrico) por la pandemia?

Pero el discurso normalizador ya empezó, el comunicado de la CENACE habla de “cortes de carga rotativos y aleatorios” ante el “aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna”. Básicamente, que estamos acostumbrados a gastar demasiada luz.

¡Caramba! ¿Será tan problemático exigir servicios de calidad, mejores que los de los gobiernos anteriores? ¿No era esa la idea? ¿avanzar? ¿Por qué nos quieren hacer creer que nos están “haciendo el favor” de darnos un servicio que ya teníamos y que funcionaba mejor?

Se lo dejo de tarea y le dejo como corolario la magnífica intervención del periodista Pablo Majluf

“Si estás agradecido porque el régimen por fin tuvo la generosidad de vacunarte tarde, si te formaste humildemente horas para recibir migajas, si reprochas a quienes piden mejor servicio pues hay que ser limosneros sin garrote, felicidades, ya te acostumbraste al obradorismo”

Por favor, exijamos ir hacia adelante, en lugar de normalizar el retroceso.

¡Benditas Redes Sociales!

 

El jefe de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, presentó esta semana su iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la intención de “regular” las redes sociales y “proteger” la libertad de expresión. El problema es que nada de lo que propone el senador va en ese sentido.

Monreal parte del veto que a la mala le aplicaron Facebook y Twitter al expresidente Donald Trump. “No puede un ente privado privarte de tus derechos.” sostiene. “No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión”. Y nomás con ese enunciado nos hace saber que no entiende siquiera qué es y cómo funciona lo que pretende regular.

Twitter, Facebook y otras redes sociales ofrecen un servicio, una plataforma en donde uno puede transmitir mensajes y tener comunicación con otros usuarios, todo bajo ciertos términos y condiciones que uno acepta al registrarse. Si, en el caso más extremo, la plataforma llegar a vetarte de su servicio, como ocurrió con Donald Trump, en ningún momento estaría eliminando tu acceso a la información, que puedes encontrar aún en otros portales de internet, agencias de noticias y noticieros televisivos. Tampoco estaría limitando tu derecho a la libre expresión, porque puedes encontrar otras vías para transmitir tu mensaje. Espacios como éste, por ejemplo. 

Y si eres una figura pública te resultará aún más fácil encontrar alternativas, porque tendrás manera de conseguir entrevistas, un espacio para una columna en un periódico o similar.

Pero aún suponiendo que realmente hubiera una violación flagránte y crítica a mi derecho a opinar. La propuesta del Senador Monreal toca apenas tangencialmente este punto:

Primero, define como “Redes Sociales Relevantes” a todas aquellas que tengan más de un millón de usuarios. Luego prevee que, para poder operar, estas redes requieran autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, un organismo autónomo que hace menos de un mes, planeaban desaparecer). Las mismas redes autorizadas tendrán permitido establecer mecanismos para suspender o eliminar cuentas y contenidos de acuerdo con términos y condiciones, sólo que, en lugar de que las definan ellas mismas, las definirá y autorizará previamente el IFT. Es decir, esencialmente no cambian el funcionamiento de las redes, ni evitan que alguien pueda “quedar fuera” de la plataforma, pero se aseguran de tener la facultad de qué contenidos sí están permitidos, cuáles son “noticias falsas”, “mensajes de odio” o “provoquen algún delito”. 

Ese es el centro de la reforma, la parte importante y crucial. La libertad de expresión no les interesa, les interesa controlar el discurso. Porque no ha bastado (y no bastará) tener la mañanera para tratar de marcar agenda y obviar las flagrantes muestras de incompetencia, o airear al Subsecretario todas las tardes para oscurecer los malos resultados de la gran crisis de salud y en redes sociales es donde se ha ido cocinando el justificado descontento y crítica. No se puede tapar el sol con un dedo. 

Las redes sociales y las empresas que las manejan no son blancas palomitas, incurren en muchas prácticas cuestionables con nuestros datos personales y el monitoreo de nuestra actividad en las redes, pero lo hacen siempre amparados en unos términos y condiciones que, para bien o para mal, leídos o no, todos le dimos “Aceptar” al momento de crear la cuenta. 

Así como un ente privado no puede “garantizarte” o “darte” derechos que deberías tener independientemente de tus circunstancias, tampoco puede quitártelos. Y si partimos de ese principio, toda la propuesta del Senador Monreal se desmorona y queda desnuda como lo que es: un burdo intento de manipulación y control mediático.

La guerra eléctrica

Arrancan las actividades legislativas en el 2021 (si, apenas hasta este lunes, 1ero de Febrero). Para abrir boca, la Cámara de Diputados deberá discutir y desahogar una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que como “iniciativa preferente” les hizo llegar el presidente. No contiene nada que no sepamos ya sobre la visión que tiene el mandatario para el país: El control absoluto del estado en todas las áreas posibles, así nos cueste a los mexicanos las más absurdas ineficiencias y los más ridículos sobrecostos.

La reforma, dice el equipo del poder ejecutivo, incorpora los lineamientos de la nueva política energética y elimina “privilegios” que la anterior administración les había otorgado a los generadores privados de energía. La exposición de motivos del documento reza tal cual: "Se logrará terminar con la simulación de precios [...] que favorece la especulación [...] así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado". Eso en el papel, son intenciones nobles y están muy bien, el problema es que están completamente alejados de lo que la reforma en realidad modifica.

Básicamente, obliga por ley al gobierno a comprar e incorporar a la Red Eléctrica Nacional primero la energía de las hidroeléctricas de la CFE, luego a la generada de otras plantas (sucias) de la misma Comisión y en un tercer y cuarto sitio a la generada por particulares, primero la eólica y solar y luego la de ciclo combinado. ¿Cómo puede una ley que obliga a comprarle primero a un proveedor específico “acabar con la simulación de mercado” y “permitirles competir en condiciones de equidad”?

La iniciativa pretende también revocar permisos de abastecimiento ya otorgados (que comenzaron a entregarse ¡en 1992! Básicamente, ya no quiere que empresas privadas puedan asociarse para generar y consumir su propia electricidad. Para ellos, este esquema “les roba” mercado. Así de mala es la oferta de la CFE. Por eso la reforma, en términos prácticos, necesita devolverle el monopolio. Aunque sea tan ineficiente y caro que, apenas con la puerta medio abierta, un montón de privados pudieron colarse y hacerlo mejor y desbancarle. ¿No me cree? El día de ayer, martes, la CFE salió a colocar deuda en dólares, a 10 y a 30 años. Consiguió 1,200 millones de USD a 10 años a una sobretasa de 2.25% (esto es, tuvo que ofrecer a los prestamistas un 2.25% adicional de rendimiento para que accedieran a prestarle) y 800 millones de USD a 30 años, con una sobretasa del 2.8%. Con su dirección actual, nadie quiere apostarle a la CFE (De PEMEX mejor ni hablar)

La iniciativa, además, toca y atenta muchos otros frentes que al parecer ni el presidente ni su equipo están considerando (o están considerando, pero eligen deliberadamente ignorar y hacerse los occisos al respecto). Representa un rompimiento absoluto a las disposiciones plasmadas en el nuevo Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) Las empresas afectadas seguramente iniciarán procesos en paneles, arbitrajes internacionales y denuncias. Saldrá caro.

También viola la no retroactividad de la ley. Se quiere aplicar una nueva normativa a acuerdos firmados y juzgados bajo otra serie de reglas, contraviniendo garantías de certeza jurídica, debido proceso y contratación pública.

Lo más preocupante, es que todo esto lo saben y es cosa juzgada. Esta iniciativa es, casi punto por punto, una copia del una “Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” que el el Lic. Bartlett, (el del imperio inmobiliario) y la Ing. Rocío Nahle (la que creyó que le estaban aplaudiendo en una cumbre petrolera internacional) habían originalmente publicado. En su momento, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, que le dió la razón y echó todo para atrás. La iniciativa no es sino una manera tramposa de querer conseguir lo mismo por otra vía. Lo que no consiguieron en la corte, lo quieren forzar en el Congreso.

La pregunta interesante es ¿por qué meter una iniciativa “preferente”? ¿por qué la prisa? ¿Teme acaso el presidente perder el Congreso en las próximas elecciones intermedias? ¿A quién le debe este “regalito”? Atentos al dato y a lo que ocurra en los próximos días en las cámaras. Promete ponerse interesante.