La semana pasada se aprobaron, en diferentes espacios y por diferentes legislaturas, dos leyes de contenido preocupante: La Ley Federal de Extinción de Dominio, que básicamente le permite al Estado mexicano decomisar bienes relacionados con actos ilícitos para hacer uso de ellos; y las reformas al Código Penal de Tabasco, que castigan con hasta 20 años de cárcel a quienes bloqueen vías de comunicación o impidan la construcción de obra pública.
¿Por qué digo que son preocupantes? Por el altísimo grado de discrecionalidad y la pasmosa falta de evidencia concreta que debe usarse para aplicarlas.
La extinción de dominio ya existía desde 2008, pero estaba vinculada exclusivamente a delitos penales, se tenía que tener una sentencia firme para aplicarla y estaba pensada para aprovechar los bienes incautados a organizaciones criminales u obtenidos a través de actos de corrupción. Según la nueva ley, la extinción de dominio es un trámite administrativo independiente de la sentencia judicial y puede aplicarse sin ésta. La baraja de delitos a los que aplica también se ha ampliado, de tal suerte que ciudadanos que adquirieron lo suyo por medios lícitos, pero cuya procedencia no puedan acreditar podrían perderlo todo. (Y normalmente, quienes no pueden acreditarlo son los más vulnerables y los que menos tienen)
La ley, además, deja en manos del Ejecutivo el uso discrecional de los recursos recabados, ofreciéndole así al presidente una caja chica de la que no tiene que rendir cuenta alguna. Es una diferencia enorme respecto a la legislación anterior, que señalaba que los recursos tenían que ir al pago de a víctimas directas del litigio, a acreedores del delincuente o a un fondo de atención a víctimas de la delincuencia.
En suma, la ley permite congelar cuentas, arrebatar propiedades y confiscar bienes y venderlos a cualquier ciudadano acusando que provienen de recursos mal habidos sin tener que demostrar su acusación en un juicio. Le da armas a un estado persecutorio, e incentivos económicos para cometer “errores” y adueñarse de la propiedad privada. Un golpe de autoritarismo impropio de un gobierno que se vendió progresista y no autoritario.
Autoritaria es también la otra legislatura preocupante, la de Tabasco.
Es curioso que un partido que nació de la protesta y que agarró fuerza en la calle, en manifestaciones y plantones, decida ahora castigar con hasta 20 años de cárcel a quienes bloqueen empresas públicas y privadas; hasta 13 años a quienes impidan trabajos u obras públicas y hasta 5 a quienes impidan el libre tránsito de personas.
Quienes tienen tiempo leyendo esta columna sabrán que no soy partidario de las marchas en general, pero entiendo que se trata de una expresión ciudadana válida, por más molesta que resulte. Hoy los diputados locales de Morena tratan de ahogar esa iniciativa voluntaria, pero al mismo tiempo el presidente llama a “Actos de Unidad y por la Dignidad” en tiempos de crisis como la situación de los aranceles con Trump. ¿Ahora el Estado estará dictando qué marchas son adecuadas y cuáles no? ¿Qué ideas merecen un plantón, un mitin?
Autoritario, es la palabra. Estas dos legislaciones la gritan a todo pulmón para quien tenga ganas de escuchar. ¿Funcionará, o los seguidores de López harán oídos sordos?
