Lo que está pasando en Baja California merece atención y sesuda reflexión puesto que podría tratarse de una “prueba de concepto” para lo que nos espera en unos años más y está sentando precedentes peligrosos.
Dos meses antes del día de la elección estatal, y buscando que las elecciones futuras en el estado coincidieran con las federales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que quien resultara elegido este año asumiría las funciones tan solo por dos años. Si algún candidato o su partido no estaban de acuerdo, debían impugnar el plazo de la gubernatura al momento en que se lanzó la convocatoria. Nadie lo hizo así.
Jaime Bonilla Valdez, candidato de Morena, ganó dichas elecciones. Pero él y su partido de inmediato se percataron que no podían arriesgarse a perder el estado apenas dos años después, de manera que el Congreso del Estado (de mayoría morenista, con 13 de 25 escaños) se apresuró a modificar el artículo 8 transitorio de la Constitución local para ampliar el mandato de Bonilla de dos, a cinco años.
Antecedentes graves: 1) Se amplía, sin participación ni aval de la ciudadanía, el periodo de un funcionario público, restándole peso a la participación ciudadana. 2) El Poder Legislativo local pasa por encima de una sentencia de un Tribunal Federal sin argumento alguno, desarmando la importantísima división entre poderes. 3) Se modifican las reglas del juego una vez iniciado y concluido el proceso electoral, dándole en la torre a la democracia Naturalmente se armó el sainete.
Que si el actual gobernador no iba a publicar la reforma en el Diario Oficial del Estado, que sí sí lo va a hacer, pero "bajo protesta y sólo para que avancen las impugnaciones ante la Corte” (Los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, así como otro grupo de ciudadanos interpusieron recursos que fueron desechados, pues no se puede impugnar una ley que aún no se publica). Mientras tanto López Obrador resolvió lavarse las manos diciendo que él no tuvo “nada que ver” con la decisión (explicación no pedida…) y que prefiere “no opinar” para no dar pie a “malas interpretaciones” (Huelga decir que esa postura, de parte de quien juró “guardar y hacer guardar la Constitución”, es más que lamentable)
Urgidos de darle cierta legitimidad al bodrio que hacen pasar por reforma, el Congreso del estado recurrió a una paginita muy socorrida en el libro de jugadas políticas morenista: la Consulta Ciudadana. Dieron el paso este jueves 22 de agosto, cuando el Congreso del estado aprobó la creación de una Comisión Especial del Poder Legislativo para realizarla (ya sabe, con toda la pompa y circunstancia burocrática que les resulta indispensable)
Segunda tanda de antecedentes graves: 4) Se vuelve a permitir que un ente ajeno al INE realice una consulta vinculante. 5) Se usa la consulta como herramienta para impulsar ilegalidades y acciones inconstitucionales. 6) La encuesta se está realizando de manera posterior a las irregularidades y sólo bajo la presión de la opinión pública y otros agentes políticos.
Dejo en sus manos, querido lector, como una hilera de migas en el suelo, esta pequeña colección de antecedentes que pretenden imponerse en Baja California. Una los puntos y trace las líneas que hagan falta. ¿A quiénes o a quién les beneficia este antecedente? ¿Vamos a permitirlo?
