Una reacción humana, una reacción de estadista.

El viernes 19 de abril, 13 personas murieron durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz. En medio de una celebración de cumpleaños en un local, cinco o seis agresores con el rostro cubierto abrieron fuego con armas cortas contra una familia. Presuntamente, buscando a una chica transgénero a la que le decían “La Becky”, dueña de dos bares. Fallecieron 4 mujeres y 9 varones, incluido un menor de un año.

Tristemente, el hecho quizá hubiera pasado desapercibido; ahogado en la avalancha de nota roja que plaga nuestro país desde hace por lo menos 12 años. Pero la brutalidad de lo ocurrido (y quizá la interceción de alguien a quien le convenía enturbiar el debate nacional) lo elevó pronto a la palestra de las primeras planas y tragedias nacionales.

Nadie con dos dedos de frente puede culpar directamente al presidente por lo ocurrido. Efectivamente, tomó las riendas de un país sumido en problemas de violencia que, todo mundo lo sabíamos, no se iban a resolver con su mera presencia en Palacion Nacional desde el día 1 de su mandato; sin importar cuánto mintiera y lo pregonase en cada plaza pública.

Lo que si se puede esperar. Corrijo, lo que si se puede (y debe) exigir, es una respuesta a la altura de la tragedia. 

Cuando se quemó la Catedral de Notre Dame, el presidente Emmanuel Macron se apersonó de inmediato en las inmediaciones de la Isla de la Cité. Nada podía hacer, había cientos de mandos medios ya ocupados en la atención al desastre; sin embargo su presencia era necesaria. Su primer discurso público luego de la tragedia (que, podría decirse, es comparativamente menor a la de Minatitlán, pues no tuvo víctimas mortales) fue de inspiración, de unidad. Fue una promesa de reconstrucción.

En nuestro caso, en cambio, la reacción oficial de presidencia se produjo hasta el domingo y no fueron precisamente palabras empáticas o de condolencia a las víctimas y sus familiares, o una promesa de justicia y una profunda investigación de los hechos. No, los discursos del presidente Andrés Manuel y sus allegados han sido, sin excepción, de victimismo, justificaciones y conspiraciones.

“Veo la mano del régimen corrupto detrás de las masacres como la ocurrida en Minatitlán. Buscan obligar a Lopez Obrador a apagar el fuego con gasolina”, escribió en Twitter Epigmenio Ibarra, uno de sus incondicionales.

Durante su conferencia de prensa matutina de ayer martes, a pregunta expresa del reportero Ernesto Santillán López Obrador afirmó que la exigencia de paz es “básicamente” exclusiva de los conservadores. 

¿Perdón? ¿No votaron por él un montón de gente cansada de sangre y guerra? ¿No fue parte de su discurso de campaña?

No lo hago responsable de las muertes en Minatitlán, señor presidente, pero si lo hago absolutamente responsable de ser incapaz de dar una respuesta a uno de los problemas más graves del país. Lo hago responsable de que, en lugar de increpar y cuestionar al gobernador por sus desastrosos resultados, salga a defenderlo, le alce la mano triunfal y le de todo el espaldarazo del gobierno federal. Lo hago responsable de encabezar una reunión de seguridad con gente de su confianza, de la que fue excluido el fiscal estatal de Veracruz, Jorge Winkler, solo porque no es de su partido y le resulta incómodo. Lo hago responsable de seguir buscando excusas cuando desde hace cinco meses, su partido tiene el poder en Minatitlán, en Veracruz y en el país.

Hágase cargo, señor presidente. Dijo que podía hacerlo, sostenga su palabra y por una vez ofrézcale al país algo más que labia y retórica barata, porque hay vidas en juego.

Reforma Laboral: Posibles vs. Deseables

La iniciativa de Reforma Laboral sigue avanzando en sus cauces legales para convertirse en ley. Tiene ya la aprobación de la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados y se detiene ahora en el pleno de la Cámara de Senadores para otra ronda de discusión y negociación. ¿Qué podemos esperar cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación?

En general, la reforma es buena, pero también deja asignaturas pendientes. Su principal objetivo eran los sindicatos y garantizar que los procedimientos de elección de sus directivas salvaguarden el derecho al voto personal, libre, directo y secreto de los miembros sindicalizados. También evita que los dirigentes se eternicen a través de “periodos indefinidos” o similares. La reforma consigue pues, su objetivo principal. A partir de ahí conviene mirarla con lupa, porque la reforma “posible” quizá esté un tanto lejos de la que nos parecería ideal.

Antes, por ejemplo, sólo el sindicato podía pedir prórrogas para el periodo de pre-huelga, ese en el que ya se ha anunciado la intención de emplazar a huelga, pero se está priorizando la negociación y el acuerdo entre las partes. Con la nueva reforma la prórroga la pueden pedir tanto el patrón como el sindicato, pero se establecieron plazos máximos claros para evitar que se eternice la amenaza o se le den largas. Se incluyó un nuevo proceso legal para disolver sindicatos extorsionadores, que sin el aval de los trabajadores, llegaban a emplazar a huelga al patrón a cambio de lana; pero no hay sanciones para prácticas ilegales como paros, cierres de accesos o vandalismo en las instalaciones. Se prohibieron las clausulas de exclusión en los contratos colectivos, que limitaban el derecho de un trabajador a no tener sindicato; pero no se protegió ese derecho claramente en un artículo de la ley. 

El patrón ahora puede solicitar la calificación de huelga, no sólo el sindicato. Esto evita que se alarguen paros laborales con situaciones legales poco claras. Desafortunadamente, para hacerlo el patrón debe esperar 60 días después de estallada la huelga.

En cuanto a la aplicación de justicia laboral, la desaparición de las Juntas de Concilación y Arbitraje en favor de Juzgados de lo Laboral y Centros de Conciliación me resulta un tanto preocupante. Una vez más, la administración deja ir talento ya capacitado y con experiencia en el servicio público en favor de una reingeniería de los juzgados que se antoja larga y de resultados inciertos. Alfonso Bouzas Ortiz, integrante del colectivo Reforma Laboral Para Todos y académico de la UNAM, pronostica una implementación de “no menos de cuatro o cinco años” y habrá que ver cómo resulta afectada la avalancha de casos que diariamente reciben las actuales Juntas y los procesos en espera de laudos que ya tienen pendientes. Cierto, había mucho por mejorar en su operación interna, pero no hay garantía de que un borrón y cuenta nueva resuelva las cosas.

Afortunadamente, no todo son malas noticias. Se estableció la posibilidad de probar que el despido fuese justificado, aún cuando no se haya entregado aviso de recisión. Se eliminó la imposibilidad de revertir la carga probatoria (que hasta ahora siempre correspondía al patrón) y se implementan medidas para evitar que el trabajador pueda falsear sus condiciones de trabajo ante la autoridad, como el horario o el salario 

¿Qué no se consiguió y hubiera sido deseable? No hay garantías al derecho del trabajador a no pertenecer a ningún sindicato. Sigue siendo posible para una empresa tener varios contratos colectivos de trabajo. El emplazamiento a huelga aún lo puede hacer un sindicato por su cuenta, sin un acta de votación que conste que la mayoría de sus miembros están de acuerdo con el emplazamiento y las exigencias. Tampoco hay un mecanismo para que los trabajadores puedan terminar la huelga sin la intervención del sindicato. 

En resumen, es un paso hacia adelante. Le pegan a la autoridad de los sindicatos, pero no acaban de poner en manos de los trabajadores las herramientas necesarias para que puedan servirse de los mismos. También será importante ver qué estrategia de comunicación plantea el gobierno federal para que la clase trabajadora de este país realmente aproveche sus nuevos derechos.

Estaremos al pendiente.

Corte a la medida

El coordinador de Morena en el senado, Ricardo Monreal, presentó el pasado jueves una iniciativa para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Actualmente la SCJN tiene once ministros. Algunos casos se dirimen en su Pleno, con los once ministros presentes. Casos especializados, se resuelven en dos salas separadas de cinco ministros cada una. La primera aborda temas civiles y penales y la segunda materias administrativas y laborales. Ricardo Monreal sugiere la creación de una tercera sala, especializada en materia anticorrupción. El detalle es que, para ponerla en marcha, hay que ampliar el número de ministros de 11, a 16. La responsabilidad de nombrar a estos cinco nuevos integrantes recaería, adivinó usted, en el presidente Andrés Manuel.

El tema es espinoso. Las experiencias previas que tenemos de esta administración presentando ternas para la SCJN no es buena. Todos sus candidatos se han caracterizado por tener fuertes lazos con Morena y con el presidente o su círculo cercano; y los dos que finalmente han salido elegidos tienen historiales que obligan a levantar la ceja. 

Juan Luis González Alcántara Carrancá (elegido para el cargo el 21 de diciembre pasado) fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante la administración de López Obrador como Jefe de Gobierno y formó parte del escándalo del jucio de pensión alimenticia del expresidente de la SCJN, Genáro Góngora Pimentel (autorizó la reducción de la pensión alimenticia para dos menores discapacitados de 116 mil a 50 mil pesos mensuales; la madre alegó tráfico de influencias, debido a que Góngora Pimentel y González Alcántara son buenos amigos). 

Yasmín Esquivel Mossa, por su parte, obtuvo la dignidad de ministra el 13 de marzo pasado. Observatorio Ciudadano la calificó de #MinistraContratista, pues es esposa de José María Riobóo, asesor del presidente en temas de infraestructura y fuerte promotor de la cancelación del NAICM en Texcoco, favoreciendo el proyecto de Santa Lucía (si, el mismo que dijo que los aviones “se repelen”). La ministra Esquivel fue Magistrada Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y enfrentó acusaciones de influyentismo por mantener en prisión a una pareja que demandó al colegio del que su esposo era rector.

Con estos antecedentes, es muy entendible la preocupación de la oposición por que el presidente nombre cinco nuevos ministros y se quede con un poder judicial a modo. Hay otras aristas, sin embargo y aproximaciones que la oposición podría usar para rechazar la propuesta. 

Mucho se debatió al final del año pasado en cómo entraba la SCJN al plan de austeridad propuesto por el ejecutivo, y los ministros fueron duramente criticados por suspender la aplicación de la Ley General de Remuneraciones (aunque al final aceptaran una reducción del 25% a sus salarios). La nueva propuesta de Morena implica un incremento del gasto administrativo (corriente) de por lo menos el 45%. ¿Cómo entra esta propuesta en el Plan de Austeridad del nuevo gobierno? 

Esto claramente no es hacer más con lo mismo. La propuesta no sólo costaría más, la exministra Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación, fue la primera en decir que “ya la Constitución tiene una tercera sección en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establece precisamente la integración de tres magistrados para ver el tema anticorrupción” 

Vista así, la idea del senador Monreal queda tristemente desvelada por lo que es: una intentona del partido en el poder por hacerse del control del único de los tres poderes de la unión que aún no tiene en el bolsillo.

Apenas es la propuesta, lo que finalmente se apruebe en las cámaras puede ser muy distinto. Quizá convenga, querido lector, que le eche una llamadita a su representante en el legislativo y le deje bien clara su opinión.

Materia energética

Me queda claro que, en la ruta que ha trazado la presente administración para nuestro país, el sector energético es una de las paradas clave. El presidente sabe lo que representa tanto como negocio, como como motor de desarrollo del país. Sin embargo, fiel a su visión del siglo pasado, concibe al estado como único dueño y beneficiario del monopolio energético, no como un facilitador y regulador de todo ese potencial. Con esa idea, se han estado tomando decisiones francamente desconcertantes.

Comenzando con la nueva entronización del petróleo y sus derivados. Ya habíamos platicado en este espacio, por ejemplo, de todo lo que rodea a la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Pero el punto también se ve retratado en la meta expuesta por la misma secretaria de energía, Rocío Nahle, de llegar a producir en 2020, 600,000 barriles de gasolina diarios y que va absolutamente en contra de la tendencia mundial de desplazar al hidrocarburo. 

Todas las armadoras automotrices han dicho claramente que la revolución del auto eléctrico es inevitable y será en un corto plazo. Grupo Volkswagen, que incluye a Audi y Porsche, está incrementando el número de nuevos modelos eléctricos que planea construir en la próxima década y ha anunciado inversiones masivas en tecnología eléctrica y de baterías. El Grupo PSA (Peugeot-Citroën) fabricará vehículos 100% eléctricos en todas sus plantas españolas a partir del año 2020. Por poner dos ejemplos.

Pero no es únicamente el petróleo, hay un completo desdén por la nueva tecnología. Se anunció hace algunas semanas la compra de cuatrocientas mil toneladas de carbón para alimentar las carboeléctricas (energía de lo más contaminante) y “reactivar la región carbonífera de Coahuila”, pero al mismo tiempo se cancelaron dos megalíneas de transmisión de corriente directa en alta tensión que conectarían importantes parques generadores de energías renovables en el Istmo de Tehuantepec y en Baja California con el resto del país e impulsarían la construcción de nuevas plantas de energías limpias en esas regiones. Para poner en perspectiva, en promedio, de enero a junio de 2018, costó a CFE $904 pesos generar 1 MW/h con carbón. Con las subastas de largo plazo, de la Reforma Energética, CFE obtuvo precios menores a $400 pesos por MW/h con energía eólica y solar, es decir, energías limpias a menos de la mitad del precio.

Ah, y por cierto, la compra de tan tremendas cantidades de carbón se la están haciendo a la empresa de Santana Armando Guadiana Tijerina, presidente de la Comisión de Energía en el senado. ¡Chulada!

Ahora, todo lo anterior podría ser achacado a la particular estrategia y política del gobierno entrante. Es corto de miras y quizá contraproducente, pero es la idea que tiene el presidente legítimamente electo de cómo se debe llevar al país. Pero sin importar la estrategia, debería ser del interés de todos tener a los más preparados al frente del proyecto ¿No?

Pues parece que no. Después de que sus primeras ternas fueran categóricamente rechazadas por no cumplir el perfil, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es su privilegio, envió nuevas listas para cubrir las cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE)... con los mismos nombres que ya habían sido rechazados. Las audiencias comenzaron ayer y han sido poco menos que desastrosas. Edmundo Sanchez sencillamente se limitó a decir “No tengo que aportar más elementos que los que expuse en la comparecencia", se paró y se fue, pues “No estaba para perder el tiempo”

Jorge Amaya Mendívil, quien se volviera tristemente célebre por levantar su celular cuando le preguntaron por los Certificados de Energía Limpia (CEL) llevó el día de ayer un acordeón a la comparecencia y con todo y todo dejó preguntas sin contestar y en algunas se le notó nervioso. Paola Elizabeth López Chavez, ex-asistente de presidencia, batalló con las diferencias entre mega y kilowatt y así sigue la lista.

¿Cuál es pues, la estrategia del gobierno federal en materia energética? Para ser un punto tan estratégico, se ven sumamente descoordinados. Quizá vaya siendo hora de que cotice instalar paneles solares en casa, querido lector. Uno nunca sabe.