Preisdentes Municipales: El engranaje olvidado

No se ha acabado el drama en Tlaquepaque, que el pasado domingo 21 de noviembre celebró sus elecciones extraordinarias, tras la anulación de las celebradas el 6 de junio. Aunque el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) vuelve a prever una victoria de Citlali Amaya, la candidata de Movimiento Ciudadano, y aunque haya duplicado su ventaja y la victoria sea aún más holgada que la conseguida en junio, yo no espero que la estructura de Morena se quede de brazos cruzados.

En junio pasado el partido guinda imputó las elecciones debido a las declaraciones de Juan Sandoval Íñiguez, vecino de la demarcación y también —poca cosa— Arzobispo Emérito de Guadalajara. En un video publicado apenas unos días antes de los comicios, el prelado pedía no votar por aquellos partidos que están en el poder y que propugnan el aborto.

La discusión de si la ley es justa y si está bien o mal aplicada quedará para otra ocasión, aunque confieso que se me escapa la lógica de la autoridad electoral, que decretó que la intervención del Cardenal era suficiente para violar la equidad de la contienda y los principios de separación iglesia-estado… pero únicamente en Tlaquepaque y únicamente para la elección de presidente municipal. Pese a que el mensaje se difundió en una plataforma de alcance nacional.

En esta nueva elección, el punto contencioso podría ser la poca participación de los ciudadanos. Según el PREP apenas 21,6% del padrón pasó a la casilla a sufragar, la tercera parte de los que votaron en junio pasado. El delegado nacional de Morena en Jalisco, Favio Castellanos atribuye este alto abstencionismo al mal trabajo para fomentar la participación ciudadana, la inseguridad en el municipio y a la intervención estatal en el proceso. Cuestionado a bocajarro sobre la posibilidad de impugnar la elección, el morenista se escudó en un “esperaremos los tiempos legales y la calificación oficial de la elección” de manual. Lo cual se traduce al lenguaje llano en que puede haber jaleo si encuentran de donde colgarse, así como se colgaron de las declaraciones del arzobispo emérito.

Mi lectura del gran abstencionismo es más lúgubre: El ciudadano mexicano tiene poco interés en su política local. Vota a su presidente municipal por inercia y porque le entregan la boleta junto con la de presidente o gobernador y las tres elecciones van juntas. Si no hay interés siquiera en elegirlo, mucho menos en auditarlo, exigirle y hacer sinergias con el elegido. El mexicano promedio sobreestima la importancia del presidente y su influencia en su día a día, pero no parece atribuirle ni hacerle exigible ese mismo poder a un funcionario público mucho más cercano y con injerencia directa en servicios con los que interactúa diariamente, como el alumbrado público, el bacheado y la policía municipal.

No es necesariamente culpa de Juanito Pueblo, durante años la excusa más frecuente de gobernadores y presidentes municipales ha sido que la Federación “no suelta dinero, ni recursos para proyectos” y eso puede incluso ser cierto con la presente administración. Pero creo importante, a la luz de que estas elecciones que le costaron al erario 22.5 millones de pesos, revalorar la importancia de estas figuras locales, porque son el engranaje que nos queda más cercano en medio de la maquinaria política nacional. Moverlos a ellos, mueve el resto de los engranes. Buenos gobiernos con principios claros y que dejan una buena impresión a nivel local han sido históricamente los que han levantado movimientos políticos de alcance nacional, impulsando esos mismos principios positivos. Si no me cree, pregúntele al PAN del último cuarto del siglo XX.

Revaloremos a nuestras figuras locales, acerquémonos a ellas. Normalmente (salvo que desde lo nacional intenten imponer a alguien) se trata de nuestros mismos vecinos, con nuestras mismas costumbres y que conocen nuestra problemática. Mal haríamos en ignorar un engranaje tan importante en el accionar político nacional.

Fechas cruciales para las AFORES

El sistema de las Administradoras de Fondos para el Retiro fue creado por la Ley del Seguro Social de 1997, luego de que se hiciera evidente que las pensiones provistas por el estado serían insostenibles. Se trata de instituciones financieras privadas que administran el ahorro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, reciben e individualizan las aportaciones tripartitas bimestrales de cada trabajador e invierten los fondos para generarle un rendimiento por ese ahorro. Ganan dinero cobrando comisiones sobre ese rendimiento. Cuando llegue el momento del retiro, será esa institución y sobre ese ahorro la que otorgue la pensión al trabajador.

El esquema funciona porque como cada trabajador es libre de elegir la institución que más le guste, estas compiten por la preferencia del mercado. Así, yo puedo elegir entre Profuturo, Sura o Principal para administrar mi dinero, ya sea por su servicio, la transparencia con su información, la facilidad de hacer trámites con ellos, el rendimiento que ofrecen o las comisiones que cobran.

Naturalmente, al estar en juego 69.6 millones de cuentas de ahorro y 5.04 billones de pesos de ahorros de los trabajadores mexicanos, la operación de las AFORES está fuertemente regulada. La CONSAR, un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda es el órgano responsable de dicha regulación. Vigilar el resguardo de los recursos, supervisar que las inversiones realizadas sean sensibles, que se ofrezca al trabajador la información pertinente, etc.

Hasta aquí todo bien…

                    ...y entonces entra la presente administración.

Para nadie es un secreto que el actual gobierno anda urgido de recursos y que, prácticamente desde que empezó, le ha estado echando el ojo a los ahorros de millones de trabajadores (las AFORES) para financiarse. Sospecho que saben que la medida sería sumamente impopular, ya que nadie confía en el gobierno para administrar el dinero con eficiencia y transparencia. Así que aunque ha habido intentonas y comentarios lanzados al aire, una propuesta formal nunca ha llegado a la ninguna de las dos Cámaras para volver a nacionalizar el Sistema de Ahorro para el Retiro como era antes de 1997.

Pienso, sin embargo, que han encontrado la manera de ahogar a las AFORES de otra forma: a través de la CONSAR y del tope legal a las comisiones que pueden cobrar por su servicio.

En promedio, las comisiones actuales son del 0.80% sobre las utilidades generadas. Bajo la nueva normativa anunciada en octubre, a partir del 2022, las comisiones estarán topadas al 0.57%. La reducción es significativa y se espera que le produzca varios dolores de cabeza a las instituciones financieras. El resultado final difícilmente será un neto positivo para el trabajador, que si bien quizá tenga que pagar menos comisión, verá reducida la atención en otros servicios. Para las administradoras, tener menores ingresos limita su capacidad de invertir en tecnología, seguridad, gestión del patrimonio, analistas de mercado, traders y otros rubros igualmente necesarios para diversificar y atender las inversiones y asegurar los rendimientos. Puede darse el caso de que, aún pagando menos comisión, el trabajador reciba menos porque la utilidad de la inversión fue menos.

El recorte podría llegar en servicio al cliente, dificultando la aclaración de dudas, la captación de nuevos trabajadores y la gestión o retiro parcial de las cuentas, (por cierto, y como nota al margen, entre enero y octubre de 2021 los trabajadores mexicanos han sacado por concepto desempleo 18 mil 163 millones de pesos de sus cuentas individuales para el retiro, el monto más alto para un periodo similar desde que hay registro. ¡Pero vamos muy bien, dicen en Palacio Nacional!)

El brusco bajón en las comisiones también es absolutamente innecesario, porque ya naturalmente, a lo largo del tiempo y gracias a la libre competencia, las comisiones estaban en una tendencia descendente histórica. En Enero de 2009 la comisión promedio era del ¡1.89%! Compárelo contra el 0.81% de Octubre 2021 y tendrá el mejor evidencia de que el sistema funciona y funciona bien en beneficio del trabajador.

Entonces ¿Qué se busca? En mi opinión, se pretende empeorar drástica y artificialmente el servicio o sus rendimientos para hacer que la ciudadanía, en un par de años, empiece a ver con buenos ojos que el gobierno sea administrador total de esos recursos. 5 billones de pesos. Si llegamos a ese punto antes de las elecciones de 2024, agárrese, vamos a tener un problema.

La boda es el pretexto

Si lo de la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el lunes le pareció un golpe maestro de esta administración contra la corrupción, o el despilfarro, o una demostración de congruencia con la austeridad republicana, quizá sea necesario que se detenga un momento a leer con más atención el panorama.

El sábado 6 de noviembre, Santiago Nieto y Carla Humphrey (consejera del Instituto Nacional Electoral) contrajeron nupcias en un hotel en Antigua, Guatemala. Quizá eligieron el país centroamericano tratando de eludir el escrutinio público, quizá sencillamente les gustaba la vista del Hotel Santo Domingo. El caso es que fue boda cara y en el extranjero, ambos pretextos perfectos para que el presidente, el lunes siguiente, despotricara en su misa mañanera. “Un asunto escandaloso” llamó al evento “por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad”.

Ese mismo lunes 8, Santiago Nieto presentó (o le pidieron) su renuncia a la UIF. “Antes de que pueda afectarse al proyecto, por críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente” señaló en el tuit de despedida. ¿Pues qué pasó? Si fueron actos de terceros ¿por qué paga él los platos rotos? Si fue un evento transparente ¿qué necesidad tiene de achicarse frente a las críticas? ¿No le pega más “al proyecto” que el responsable de fiscalizar las cuentas de la nación se acobarde y esconda frente a la primera acusación o siquiera sugerencia de algo indebido?

Tenemos además el ejemplo previo de César Yáñez en 2018, entonces vocero del presidente electo. En su momento su boda también fue motivo de escándalo, con él y su pareja apareciendo en la portada de la revista ¡Hola! al más puro estilo de otros grandes neoliberales como Peña Nieto y Manuel Velasco y filtrando jugosos detalles como el menú (langosta con escamoles) y los más destacados nombres en la lista de casi 600 asistentes. ¿Y ahora? El Sr. Yáñez está tranquilo y cobrando como Coordinador General de Política y Gobierno de la presente administración.

No, no fue la boda ni el despilfarro lo que detonó el escándalo y el despido (perdón, renuncia). Es demasiado pequeño, comparado con otros escándalos que la camarilla que gobierna ha sorteado. Soy de la idea de que a Santiago Nieto y sobre todo a su esposa, los traían ya en la mira desde principios de año, y que quizá en Guatemala ocurrió algo más que sólo una boda, pero la manera más fácil de darle carpetazo al asunto es con la cabeza de Nieto.

En primer lugar, Carla Humphrey fue pieza clave para quitarle la candidatura por la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio el pasado 14 de abril, por no presentar sus informes de gastos de precampaña. Tras esto, Salgado Macedonio acusó a los consejeros de “traición” y celebró grandemente la renuncia de Santiago Nieto a su puesto. “La que me tumbó, se lo llevó entre las patas.” escribió.

Está también del asunto de Paola Félix Díaz, ex-secretaria de Turismo de la CDMX, otra que perdió su puesto por haber viajado a la boda. Claudia Sheimbaum insiste en que su error fue “haberse subido a un avión privado” porque “no va con los principios que representamos […] ustedes saben que nosotros viajamos de manera austera” Lo que la jefa de gobierno calla y espera que pase inadvertido, es que a Paola Félix la detuvieron con 35 mil dólares en efectivo con los que viajaba y que seguramente iban a cambiar de manos de algún modo y con algún propósito del que será difícil enterarnos.

No, la renuncia de Santiago Nieto no es un golpe de autoridad contra la corrupción. En el mejor de los casos es una venganza personal y un ajuste de cuentas entre diferentes camarillas morenistas. En el peor, una operación más en una entramada de corruptelas que involucra varios niveles de gobierno. El mismo Santiago Nieto alguna vez señaló que "Una de las tipologías de lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a Centroamérica para tomar vuelos públicos o privados y llevar dinero a paraísos fiscales".

Visto lo visto, supongo que lo decía por experiencia de primera mano...

Tres motivos para mentir

 

Se había acabado, al menos en el discurso oficial, la ordeña de combustible a PEMEX. El presidente se aventuró incluso a decir, en su ejercicio mañanero, que este delito se había abatido en un 95%. 

Por supuesto las cifras que reportaba Petróleos Mexicanos no reflejaron esta oficialista (y esquizofrénica) lectura de la situación entonces y no lo hacen ahora. Basta leer los diarios: “Detectan una ordeña en Guanajuato cada 24 horas”, “Crecen 23% tomas clandestinas de gas LP a ductos de Pemex”, “Se disparan al doble las tomas clandestinas en ductos de gas LP en Hidalgo”, “Huachicol en Puebla: detecta Sedena ocho tomas clandestinas más”. Todos estos titulares se publicaron en diferentes medios durante la última semana.

La conclusión lógica es que la presente administración está perfectamente consciente de lo que ocurre —PEMEX publica los reportes de donde sale la información para las notas periodísticas— pero, o no puede hacer nada y es incompetente, o elige no hacer nada y es indolente. Cualquiera de las dos cosas se ven mal, así que hay que barrer el asunto debajo de la alfombra y mentir.

El problema con ejercer la mentira como herramienta sistemática de gestión pública es que, inevitablemente cuesta vidas. Las explosiones del domingo en Puebla, que dejaron en San Pablo Xochimehuacán, un muerto, 15 heridos (4 de ellos menores de edad), y unas dos mil personas evacuadas y asustadas, son consecuencia directa de lo se ha dejado de hacer por no querer ver, por mentir y ocultar un problema que les resulta incómodo. 

Hay mucho que PEMEX y el Gobierno pudieron haber hecho para prevenir la tragedia. Por la zona del área metropolitana de Puebla cruzan dos ductos de gas LP Cactus-Guadalajara y el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco. Dice el gobernador que se instalaron desde antes, que la mancha urbana “se los comió” ¿Por qué se permitió? ¿Quién dio los permisos de construcción? ¿Qué pasa si se tiene que dar mantenimiento al ducto?

Señala el gobernador también que el terreno donde se encontró la toma “está en el derecho de vía, no tiene inscripción en el Registro Público de la Propiedad ni Registro Catastral. ¿Y no se detectó el asentamiento irregular? Sobre todo considerando que a escasos metros la empresa Gas de Provincia, o HidroGas tiene sus instalaciones. ¿Nunca se detectó el cobertizo o muro que escondía la toma clandestina, en zona derecho de vía, durante alguna inspección?

Si resulta que dicha empresa fue en ultima instancia responsable por picar el ducto, caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pero ¿qué se hará con la ex Edil morenista, Claudia Vivanco Rivera por ignorar el año pasado una denuncia ciudadana que alertaba que grupos dedicados al robo de gas habían tomado el control de esta área? ¿Y por qué el actual mandatario estatal, Barbosa, no es categórico al respecto? 

Porque esa sería la tercera y más probable explicación. No es incompetencia, no es indolencia… es ganancia. No sería raro. HidroGas forma parte de Grupo TOMZA, un grupo gasero que ya tiene historia de colusión gubernamental, al juzgar por una demanda ante la COFECE en donde se les acusa de operar una red de estrategias jurídicas para frenar la competencia en Baja California, con el apoyo del los funcionarios del gobierno del estado y del municipio de Tijuana. 

Detalle curioso, esa administración en Baja California, como la de Barbosa en Puebla, también es Morenista. Se la dejo botando, saque sus conclusiones.