El sistema de las Administradoras de Fondos para el Retiro fue creado por la Ley del Seguro Social de 1997, luego de que se hiciera evidente que las pensiones provistas por el estado serían insostenibles. Se trata de instituciones financieras privadas que administran el ahorro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, reciben e individualizan las aportaciones tripartitas bimestrales de cada trabajador e invierten los fondos para generarle un rendimiento por ese ahorro. Ganan dinero cobrando comisiones sobre ese rendimiento. Cuando llegue el momento del retiro, será esa institución y sobre ese ahorro la que otorgue la pensión al trabajador.
El esquema funciona porque como cada trabajador es libre de elegir la institución que más le guste, estas compiten por la preferencia del mercado. Así, yo puedo elegir entre Profuturo, Sura o Principal para administrar mi dinero, ya sea por su servicio, la transparencia con su información, la facilidad de hacer trámites con ellos, el rendimiento que ofrecen o las comisiones que cobran.
Naturalmente, al estar en juego 69.6 millones de cuentas de ahorro y 5.04 billones de pesos de ahorros de los trabajadores mexicanos, la operación de las AFORES está fuertemente regulada. La CONSAR, un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda es el órgano responsable de dicha regulación. Vigilar el resguardo de los recursos, supervisar que las inversiones realizadas sean sensibles, que se ofrezca al trabajador la información pertinente, etc.
Hasta aquí todo bien…
...y entonces entra la presente administración.
Para nadie es un secreto que el actual gobierno anda urgido de recursos y que, prácticamente desde que empezó, le ha estado echando el ojo a los ahorros de millones de trabajadores (las AFORES) para financiarse. Sospecho que saben que la medida sería sumamente impopular, ya que nadie confía en el gobierno para administrar el dinero con eficiencia y transparencia. Así que aunque ha habido intentonas y comentarios lanzados al aire, una propuesta formal nunca ha llegado a la ninguna de las dos Cámaras para volver a nacionalizar el Sistema de Ahorro para el Retiro como era antes de 1997.
Pienso, sin embargo, que han encontrado la manera de ahogar a las AFORES de otra forma: a través de la CONSAR y del tope legal a las comisiones que pueden cobrar por su servicio.
En promedio, las comisiones actuales son del 0.80% sobre las utilidades generadas. Bajo la nueva normativa anunciada en octubre, a partir del 2022, las comisiones estarán topadas al 0.57%. La reducción es significativa y se espera que le produzca varios dolores de cabeza a las instituciones financieras. El resultado final difícilmente será un neto positivo para el trabajador, que si bien quizá tenga que pagar menos comisión, verá reducida la atención en otros servicios. Para las administradoras, tener menores ingresos limita su capacidad de invertir en tecnología, seguridad, gestión del patrimonio, analistas de mercado, traders y otros rubros igualmente necesarios para diversificar y atender las inversiones y asegurar los rendimientos. Puede darse el caso de que, aún pagando menos comisión, el trabajador reciba menos porque la utilidad de la inversión fue menos.
El recorte podría llegar en servicio al cliente, dificultando la aclaración de dudas, la captación de nuevos trabajadores y la gestión o retiro parcial de las cuentas, (por cierto, y como nota al margen, entre enero y octubre de 2021 los trabajadores mexicanos han sacado por concepto desempleo 18 mil 163 millones de pesos de sus cuentas individuales para el retiro, el monto más alto para un periodo similar desde que hay registro. ¡Pero vamos muy bien, dicen en Palacio Nacional!)
El brusco bajón en las comisiones también es absolutamente innecesario, porque ya naturalmente, a lo largo del tiempo y gracias a la libre competencia, las comisiones estaban en una tendencia descendente histórica. En Enero de 2009 la comisión promedio era del ¡1.89%! Compárelo contra el 0.81% de Octubre 2021 y tendrá el mejor evidencia de que el sistema funciona y funciona bien en beneficio del trabajador.
Entonces ¿Qué se busca? En mi opinión, se pretende empeorar drástica y artificialmente el servicio o sus rendimientos para hacer que la ciudadanía, en un par de años, empiece a ver con buenos ojos que el gobierno sea administrador total de esos recursos. 5 billones de pesos. Si llegamos a ese punto antes de las elecciones de 2024, agárrese, vamos a tener un problema.
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