A propósito del arranque de las campañas… Entre las promesas que Enrique Peña Nieto hizo antes de salir electo en 2012 se incluía el cambiar la tan criticada estrategia de Felipe Calderón respecto a la lucha contra el narcotráfico.
Ciertamente, hubo un cambio en la estrategia este sexenio, al menos mediáticamente hablando. Los diarios dejaron de llevar la cuenta diaria de los muertos, la nota roja relacionada con el narco desapareció de los principales noticiarios del país y en general se pretendió hacer como que el problema ya no existía.
La estrategia no funcionó, por supuesto. Pretender que no hay cocodrilo no evitará que te atrape si te acercas demasiado al río. El promedio anual de asesinatos dolosos en México por sexenio es mayor en el de Peña que en el de Calderón. 2017 fue el año más violento en la historia reciente de este país y Acapulco (por poner un ejemplo crudo) tiene el dudoso honor de ser la segunda ciudad más violenta del mundo calculando el número de homicidios por habitante.
El estrategia de Peña también vio nacer diferentes movimientos que, convencidos de que el gobierno no estaba por la labor de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, tomaron el asunto en sus propias manos. Digan lo que quieran de Felipe Calderón y su estrategia (probablemente tendrán razón), pero bajo su mandato no hubo nada parecido a las autodefensas de Michoacán y Guerrero.
Peña reconoció en las autodefensas una fuerza paramilitar y un actor mediático que no le convenían a su administración e hizo lo posible por desarmarlas, al punto de arrestar a sus líderes. No le faltaba razón al decir que no era válido ni legal que un grupo hiciera justicia por su propia mano; pero tampoco hizo mucho por hacer valer el estado de derecho y que fuera el gobierno el que hiciera justicia.
Lo cual nos trae al último capítulo de este drama. Harto de la inacción, el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, subió a la sierra guerrerense a entrevistarse con un “alto capo de la droga” para gestionar la reinstalación de agua y luz en un poblado del municipio de Heliodoro Castillo. Aprovechando la oportunidad, el prelado dijo también que había negociado una especie de tregua para evitar que se siguiera asesinando a candidatos locales (desde septiembre del año pasado, han sido acribillados a balazos al menos 12 aspirantes a alcaldes en Guerrero).
El hecho podría parecer una raya más al tigre, pero si levanta cuestionamientos más bien importantes: ¿En qué país vivimos que un sacerdote tiene que negociar la liberación de servicios básicos de una población, porque el gobierno no puede hacerlo? ¿Cómo es que una nación en vías de desarrollo como México no puede garantizar el ejercicio libre de los derechos políticos de sus ciudadanos? ¿Hasta qué punto está contaminada la estructura gubernamental local si el crimen organizado puede matar impunemente candidatos que no le acomodan? En opinión del prelado los narcotraficantes están llenando el vacío que dejó el gobierno “ellos ya lo ocuparon, de hecho, ellos son los dueños de Guerrero”
Bien o mal, lo que el obispo Salvador Rangel está intentando hacer es en respuesta a una necesidad apremiante de su comunidad, necesidad que el gobierno no ha podido/querido atender. Por ello tiene gracia que tanto el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, como el gobernador de la entidad, el priista Héctor Astudillo, hayan criticado su intervención con el argumento de que “la ley no se negocia”
Bueno, si no se negocia.. ¿¿Por qué no se aplica??
