Los retos que vienen

 

Un año retador toca a su fin. No nos andemos por las ramas, ni nos engañemos viendo las cosas de color de rosa: el siguiente promete serlo igual o incluso más. La aparición y acelerada difusión del virus SARS-CoV-2 representa el más grandel desafío colectivo para la raza humana en los últimos 75 años y en lugar de hacerle frente unido a una amenaza que no distingue raza, sexo, origen ni credo, lo hemos enfrentado en un clima de división política, económica y social sin precedentes y con una masiva crisis de confianza en las instituciones al punto en que hay personas que dudan de la efectividad de una vacuna, o que genuinamente piensan que tendrán que viajar al extranjero para poder aplicársela.

En el caso particular de nuestro país la crisis, va con dos (en realidad varios, pero intento ser sucinto) condimentos agregados: 

1) Tener un gobierno inoperante e incompetente que ha priorizado aferrarse al poder y cuidarse la imagen por encima de la responsabilidad elemental de procurar la salud y el bienestar de su población (Si no me cree, lo remito al artículo de Natalie Kitroeff en el New York Times respecto a cómo la presente administración ocultó la gravedad de la situación en la CDMX, o revise el negro historial de declaraciones apresuradas de nuestro presidente, empezando por “domamos la pandemia” a finales de abril) y 

2) Las elecciones intermedias de 2021, que no harán sino exhacerbar este clima de división y reduciran la pandemia en una herramienta de golpeteo político.

Quizá no “merecemos” más. Como humanidad en general y como mexicanos en particular, lo que tenemos es resultado de lo que hemos hecho hasta ahora, con las relaciones que hemos construido, sobre los valores que hemos elegido. En el sentido más estricto, tenemos lo que merecemos. Lo que tendríamos que hacer (y creo que esta época de relativa pausa es propicia para ello) es ponernos a pensar si no “podemos” más y qué tendríamos que hacer para construirlo.

En este espacio siempre hemos seguido esa línea de pensamiento: que la construcción de un mejor país y de mejores circunstancias para todos depende grandemente de pequeños esfuerzos individuales, locales y de abajo hacia arriba. Pasa necesariamente por el que SÍ queremos.

Desafortunadamente la mentalidad del grueso de la población va en sentido opuesto: Espera con anticipación a que aparezca en el escenario nacional un personaje mesías, que pueda por sí mismo transformar al país y además, su alcance de miras se limita a rechazar sin construir. Esa combinación fatal de ideas es la que nos llevó a votar por algo “si no mejor, diferente” en 2018 y ahora está encasillando a la oposición en un “Fuera López” que tampoco propone nada.

Aprovechemos este tiempo de fin de año para tomar fuerzas otra vez y pensar en qué pequeñas cosas podemos hacer un gran impacto en nuestras comunidades y entre nuestros vecinos. Tomémonos un tiempo para ver que sí queremos y cómo le hacemos para construirlo (verbo activo y esencial, que implica una acción ordenada y continua).

¡Gracias por leernos este año!

- Mithrandir, ¿por qué el Mediano?

- No lo sé. Saruman cree que sólo un gran poder puede contener el mal, pero eso no es lo que yo he llegado a ver. Lo que yo he visto es que son los pequeños detalles cotidianos de la gente común los que mantienen el mal a raya, pequeños actos de bondad y de amor. ¿Por qué Bilbo Bolsón? Tal vez porque tengo miedo... y él me infunde coraje.

PS: Esta columna descansa la próxima semana, nos vemos el 6 de enero!

Asalto a Banxico

 

Esencialmente, los bancos centrales independientes existen por una razón sencilla pero importantísima: que no sea el gobierno el que tenga el control de la maquinita de imprimir dinero. En otras palabras, quitarle la tentación de resolver sus problemas fiscales (y hasta electorales) a costa de la política monetaria: ¿No te alcanza? Pon a a funcionar la maquinita, aunque cada billetito valga cada vez menos. 

Los paises latinoamericanos aprendimos a la mala esta sencilla máxima, a costa de varias décadas de inflación rampante en la segunda mitad del siglo XX. En México la reforma al artículo 28 de la Constitución, que le otorgó a Banxico su autonomía y su mandato prioritario de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional, entró en vigor apenas el 1 de abril de 1994. A partir de entonces, la certeza de que el gobierno no podía dinamitar el valor de la moneda favoreció la inversión en el país y sentó las bases para que nos tomaran un poquito más en serio en el concierto de naciones.

Es por ello que cada que se habla de reformar la ley que le da sus facultades a Banxico, conviene recordar esa época triste de crisis sexenales y masivas devaluaciones que, entre otras cosas, obligaron a la introducción de los “nuevos” pesos y a quitarle tres ceros a nuestra moneda. Esas son las condiciones a las que podríamos regresar si no tenemos cuidado.

Vamos ahora a la propuesta que la Cámara de Diputados tenía planeado discutir ( y aprobar) ayer martes y que afortunadamente pospuso para febrero para poder discutir en su justa dimensión. Esencialmente, la reforma obliga a Banxico a comprar los dólares excedentes que estén circulando en nuestra economía, provengan de donde provengan. La justificación, de dientes para afuera, es ayudar a los migrantes a cambiar sus dólares cuando regresan.

El tema curioso es el siguiente: Cualquier banco puede comprar y vender divisas. La mayoría tienen toda una red de acuerdos e intercambios con bancos de otros países para hacerles llegar los excedentes y devolver el efectivo a su país de origen. Para entrar en esa dinámica, las instituciones financieras están sujetas a fuertes restricciones nacionales e internacionales que buscan evitar que dinero sucio o de procedencia ilícita entre en el sistema financiero. En México, por ejemplo, el banco tiene que armar un expediente identificando a los clientes, recibir en efectivo un límite de 300 USD por cliente y no más de 1,500 al mes o 4,000 si es cliente del banco. Sólo puede recibir hasta 14,000 USD de personas morales en lugares turísticos; avisar de cualquier transacción de más de $500 USD, entre otros requisitos. El banco asume y procura minimizar el riesgo de ser un foco de lavado de dinero y si en algún punto falla, queda fuera del juego de la compraventa de divisas, y en desventaja frente a sus competidores. Justo como Banco Azteca.

Porque sí, el banco de Salinas Pliego no tiene convenio de corresponsalía con entidades extranjeras desde que la Oficina de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos sancionó a su socio por incumplir leyes antilavado. Poco a poco, Salinas Pliego ha acumulado en su banco 10 millones de dólares en efectivo que no puede devolver a Estados Unidos. ¿Qué hacer entonces? Muy fácil, le pido al gobierno en turno una conveniente reforma para que Banxico esté obligado a comprarme mis dólares, y que sea Banxico y su reputación la que sufra porque a mi no me interesa someterme a controles para garantizar que no recibo dinero, por ejemplo, del crimen organizado.

“No somos iguales” dicen. “Mafia del poder”, reclamaban. Pero usando como pretexto ayudar a los migrantes, están permitiendo que un poderoso empresario ponga en jaque la independencia de nuestro Banco Central, su reputación y su función de garante y ancla de nuestro sistema financiero con tal de hacerse un poco más rico, probablemente lavándole dinero al narcotráfico. Si esa no es la definición textual de “mafia del poder”, no sé qué lo será.

Felipa Obrador: Una raya más al tigre

“Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que ‘no lo sabía el señor presidente’ o ‘es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’. Mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita, o es cómplice o se hace de la vista gorda”. Así de categórico hablaba el presidente de la república el pasado 14 de enero de 2019, apenas unas semanas después de tomar posesión.

Desde esa declaración y hasta hoy, se han señalado y evidenciado varios casos de corrupción de alto perfil en su gobierno. Y tristemente no se trata de personajes ajenos a él o a su círculo, sino de familiares directos y amigos íntimos. Ese que insistía categórico que tendría mano dura contra la corrupción, ha demostrado ser, cuando menos solapador si no es que directamente beneficiario y cómplice. Después de todo nada pasa sin que se entere, ¿no?

Las propiedades de Bartlett permanecen intocables, pese a que es evidentísimo el enriquecimiento acelerado e inexplicable con su remuneración de servidor público. Lozoya sigue libre, su supuesta colaboración con la justicia sin producir ningún otro detenido ni un progreso en alguna investigación en marcha. Cienfuegos, acusado con los pelos de la burra en la mano por una corte en Estados Unidos, descansa ya tranquilo en su casa después de las gestiones diplomáticas realizadas por este gobierno para sacarle las castañas del fuego. Pío Lorenzo López Obrador fue grabado en video recogiendo “aportaciones” de un operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; pero curiosamente se desestimó el caso y no pasó absolutamente nada. Concepción Falcón Montejo, cuñada del presidente y esposa de Ramiro López Obrador, fue señalada como participante de un desfalco en Macuspana, Tabasco por más de 200 millones de pesos entre el 2019 y el 2020, a partir del desvío de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). El tema sigue en el limbo, a pesar de haber sido causa de la renuncia de 11 funcionarios del gabinete local, entre ellos el alcalde de la demarcación, Roberto Villalpando Arias. El caso más reciente es el de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente. Su empresa, Litoral Laboratorios Industriales, ha sido beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos en los últimos dos años. La empresa ha ganado además adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De nada de esto sabía el presidente. Todo le agarra por sorpresa y todo dice que se va a investigar, sin presentar nunca resultados. Las investigaciones y destapes siempre tienen que venir de un tercero, de un pitazo periodístico, de una declaración, nunca de las instituciones o de las personas que el mismo presidente ha establecido como sus adalides en la gran obra de su gobierno: el combate a la corrupción.

Una de dos, o es un absoluto incompetente, o es un absoluto corrupto. Escojan la que prefieran, el resultado es el mismo: No es apto para ser presidente.

La subcontratación

 

Si la subcontratación existe, en todas sus variadas formas, es porque hay una demanda de ello, una necesidad que encontró solución con el esquema. La realidad es que tener un negocio en México es un acto heroico, administrarlo conforme a la ley es ridículamente caro y complejo. Si tiene tiempo y le apetece, dese una vuelta por las primeras entradas de este espacio, allá por el lejano 2014-2015 y léase la serie “Resolviendo el Problema del Empleo” (en especial su parte 4), donde hacemos un recuento del sinnúmero de problemas y obstáculos para trabajar y ofrecer empleo dentro de la legalidad en México. 

Para esta entrada, sin embargo, baste hacer una pertinente comparación:

Ya en ese entonces (2014) nuestro país ocupaba el sitio 39 del Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial, hoy está en el 54. Lo que escribí entonces palidece frente a las condiciones actuales.

La subcontratación entonces, tiene su razón de ser. No, no estoy sugiriendo que el modelo sea perfecto, o que no necesite una revisión profunda que esclarezca las condiciones del trabajador. Porque efectivamente, se ha abusado del esquema y se ha precarizado el trabajo.  Mi punto es que la estrategia favorita de la presente administración (“Acaba con todo lo que no nos guste o no nos deje lana y ya luego averiguas qué era y para qué servía”) no va a hacer sino agravar la crisis. Porque, como obvia consecuencia de eliminar de tajo el modelo, un montón de gente con empleos precarios van a terminar en condiciones aún peores sin empleos, o con empleos informales.

¿Qué hacer pues? Hacerlo fácil. Quizá empezar por simplificar la nómina y los impuestos que de ella se desprenden. Administrar por separado las aportaciones a la seguridad social, al INFONAVIT, al impuesto estatal sobre nómina y llevar registro de los ingresos que son o no gravables, en qué porcentaje y cada uno con un límite deducible distinto es entorpecer innecesariamente el proceso de gestión al punto en que se necesita una persona especializada para hacerlo. Cuando idealmente quieres que sea tan sencillo como para que Don Mateo, en el escritorio de su taller de carpintería, sin más que su educación secundaria, papel y lápiz, debería poder calcular de a cómo les toca a sus ayudantes.

Tener empleados es tan complicado y caro de administrar, que el mismo Gobierno Federal utiliza el esquema. La administración de López Obrador ha asignado al menos 50 contratos a empresas de outsourcing entre 2019 y 2020. Estas operaciones equivalen a 8 mil millones de pesos e implican el trabajo de 28 mil 800 personas que laboran en prácticamente todas las áreas en las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, la Marina, la Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA y en centros de investigación.

Y eso sí, cuando le recordaron del tema y su incongruencia el presidente prometió basificar a todos esos trabajadores y contratarlos “a la buena”. Eso sí, van a esperar a que se apruebe la reforma sobre el tema. ¡Pues es que hay que cuidar el presupuesto!

Con este gobierno se está haciendo costumbre ofrecer soluciones que son peores que la enfermedad. La pauperización del trabajo es un problema grave, pero no va a resolverse pauperizando al país, su economía y sus empresas. 

Rosario "Caja China" Robles

¡Vuelve a arrancar la caja china! No sé si se trata de pasar la página del espinoso asunto de Cienfuegos, o detener la quemazón pública que está sufriendo el gobierno en turno por el abandono en el que ha dejado a un aún inundado Tabasco y que lleva varias semanas al frente y al centro. El caso es que una vez más esa útil figura del “Testigo Colaborador” vuelve a la palestra, esta vez con Rosario Robles en el papel protagónico. La maniobra sigue siendo la misma que con, por ejemplo, Lozoya: La imputada aparecerá, soltará un par de acusaciones incendiarias que entretendrán las primeras planas y en medio de la confusión recibirá el privilegio de la libertad y que la dejen de molestar… al menos por un rato, hasta que vuelvan a necesitarse sus servicios. Insisto, a Lozoya me remito.

La cortina de humo esta vez tiene que ver con “La Estafa Maestra”, nombre con el que se le conoció al sistema a través del cual el Gobierno Federal Mexicano desvió más de 400 millones de dólares y que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. 

Robles sostiene que los recursos desviados con dicha maniobra fueron utilizados para las campañas electorales del PRI: Las presidenciales de Enrique Peña Nieto en 2012 y José Antonio Meade en 2018, la intermedia de 2015 y la de Alfredo del Mazo a la Gubernatura del Estado de México en 2017. 

Ok.. ¿Y? ¿Qué más?

Que no se me malinterprete, es bueno que los detalles de las corruptelas gubernamentales salgan a la luz. Pero consideremos lo siguiente: La investigación que dio el pitazo y nombre a la Estafa Maestra se publicó el 5 de septiembre de 2017, desde entonces no ha habido un solo cargo criminal individual imputado; incluso a dos años de entrada una administración cuyo principal objetivo era, supuestamente, “combatir la corrupción de gobiernos anteriores”. ¿Ahora resulta que el avance más importante en este caso es porque Rosario Robles se decidió a cooperar? ¿Después de aguantar casi dos años en prisión?

La aclaración del abogado de Robles también es muy interesante, porque abona a la narrativa oficial y se cuida de acotar con precisión a los imputados: 

"También se va a determinar [...] cómo fue que se dio la instrucción [...] para que se dieran estos recursos [...] por instrucciones de Luis Videgaray Caso, [...] lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral, a lo cual no les alcanzó por lo que el voto popular determinó". 

Traducción: Luis Videgaray y el PRI malo querían cometer fraude, pero no pudieron por el voto del pueblo bueno. 

¿Y Miguel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, quien ya había sido señalado antes como beneficiario de los desvíos? Ni pinta. Es más, el abogado explícitamente puntualizó que Robles no hará ninguna imputación contra él. 

Piensa mal y acertarás, dicen por ahí. A mi me parece que la “oportuna” declaración de Robles, además de funcionar como Caja China y salvavidas, es también un mensaje de la presente administración a otras fuerzas al interior del PRI con las que tiene acuerdos y tensores y con la que se comunica y mide fuerzas a través de la prensa nacional. Es un pulso para ver quién cede. Me remito, otra vez Lozoya. En cuanto empezó a sonar su nombre y lo que pudiera revelar en juicio, se filtró el video de Pio López Obrador y todo quedó de nuevo en un impassé. ¿Qué se quieren decir o cuál será la respuesta PRIista? Habrá que esperar y ver.

¿Por qué el bandazo?

 

Hace dos semanas platicábamos de Cienfuegos y de lo sospechoso que era que la presente administración, lejos de hacer una investigación exhaustiva a las fuerzas armadas y una seria revisión a los procedimientos y controles de confianza de dicha corporación, le estuviera ofreciendo cada vez más espacios en la vida pública. 

Ayer martes cayó más leña en esa hoguera conspiranóica cuando nos enteramos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desechará las acusaciones de cargos criminales contra el exsecretario de la defensa nacional, en aras de que la justicia mexicana, que aparentemente ya tiene una investigación en marcha, sea quien lo procese. El Departamento de Justicia, en su comunicado señaló que “importantes y sensibles consideraciones de política exterior” sobrepasaban el interés de perseguir al General Cienfuegos… después de tenerlo detenido por 34 días… y haberlo apresado sin comunicárselo con anticipación al gobierno mexicano. Ajá. Si, claro.

No, aquí hay algo más. Algo cambió en estas dos semanas. Algo se negoció. Y el único evento en este periodo de tiempo de la magnitud suficiente como para haber detonado este drástico cambio de timón son las elecciones de Estados Unidos, que ciertamente han cambiado el panorama. De tener en Trump un aliado repúblicano, la presente administración tendrá ahora que lidiar con un Biden demócrata cuya política exterior y actitud hacia nuestro país será toda una incógnita. Eso si, a priori, Biden no tiene necesidad de ese intercambio de favores y legitimidad que tenían Trump y Andres Manuel.

La detención de Cienfuegos era un golpe mediático importante al gobierno Peñista, que lo sostuvo como Secretario de la Defensa Nacional durante seis años. Pero al mismo tiempo (como señalamos hace dos semanas) representa un fuerte cuestionamiento para la actual estructura de nuestras fuerzas armadas. A lo mejor (y esto es mera especulación) existía ese acuerdo tácito con la administración trumpista de que la investigación sobre Cienfuegos sería llamarada de petate y que serviría como parte de ese acuerdo para darle legitimidad (y munición política) al de macuspana, pero sin tocarle sus intereses.

Viene el 3 de noviembre y los agonizantes días posteriores mientras cada estado norteamericano hace el recuento de votos (vale la pena mencionar aquí: ¿qué no darían los gringos por una institución como el INE de aquel lado del río Bravo?). Gana Biden y de este lado sudan frío. Con Biden no hay acuerdo, no hay negociación en marcha y si los demócratas se hacen con la investigación, pueden llevarla hasta el final, en perjuicio de López y su gobierno. 

La jugada inmediata es no reconocer el triunfo del candidato demócrata (cosa que a la fecha AMLO no ha hecho) y colaborar en la estrategia del aliado republicano para dinamitar el proceso electoral (estrategia en la que tienen amplia experiencia, recordemos 2006). Pero con el pasar de los días y al ver que las impugnaciones judiciales de la campaña de Trump son desechadas, es necesario que el presidente minimice sus pérdidas y asegure los cabos sueltos. Y eso incluye, por supuesto, que el proceso de investigación de Cienfuegos debe si no detenerse, por lo menos asegurar que siga en manos de un fiscal que tenga la sensibilidad de no manchar los intereses de la 4T.

A Cienfuegos le van a seguir sacando rédito político. Pero veo absolutamente improbable que pise la cárcel. Mucho menos que algo de esto termine en el enjuiciamiento de Peña. Y eso tristemente no es especulación, es sencillamente remitirse a la experiencia previa. ¿O es que alguien se acuerda de Emilio Lozoya?

Preguntas sobre el ejército y la Guardia Nacional

Debo confesar que la lógica interna de la toma de decisiones en la presente administración me resulta completamente indescifrable. Uno pensaría que después de la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio anterior, la estructura completa del ejército mexicano sería revisada y sometida a estrictos controles de confianza, que los colaboradores más cercanos al General Cienfuegos serían quizá separados de sus cargos temporamente mientras corrían las averiguaciones correspondientes y que se colaboraría con la justicia norteamericana para desenterrar de raíz cualquier perniciosa relación entre un pilar institucional del estado (el ejército) y las organizaciones criminales que más daño le han hecho al país en los últimos veinte años.

Pero no, no ha ocurrido nada de eso. Y quizá la sospecha de que nada de eso iba a ocurrir es lo que forzó a nuestros vecinos del norte a guardarse cerca del pecho sus cartas y a no compartir con el gobierno mexicano que la investigación estaba en curso ¡desde por lo menos agosto de 2019!

Andrés Manuel López Obrador, quien prometía que de ganar las elecciones regresaría a los militares a sus cuarteles, en su lugar ha permitido que el ejército siga y siga ganando terreno en la vida pública del país. La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, la vigilancia del AICM, el control de puertos y aduanas; son todas funciones que no le corresponden a las fuerzas armadas, pero que igualmente llevan por mandato presidencial.

La integración de la Guardia Nacional, que desde el principio supimos que se trataba de una agrupación con elementos y mando castrenses, no es sino una raya más al tigre. Pero, a la luz de lo descubierto por E.U.A. y el escándalo del General Cienfuegos acaso la más peligrosa de todas. No sólo es que el ejército está entrenado con una filosofía radicalmente distinta, sino que su integridad está comprometida y no se está tomando ninguna medida para reparar esa brecha. ¿A quién le estamos entregando la seguridad pública? ¿Qué garantías tenemos de que no hay más como Cienfuegos dentro de la estructura de la Guardia Nacional?

Y no contentos con eso, la presente administración publicó en el Diario Oficial de la Federación un “acuerdo” mediante el cual le confiere a dicho cuerpo militar la función de “Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso” poniendo toda medida cautelar en un proceso judicial (las condiciones en las cuales el acusado enfrentará su proceso) en manos de la Guardia Nacional. El cuerpo podrá entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, realizar visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado; requerirle que proporcione muestras, sin previo aviso, para exámenes toxicológicos; supervisar que las personas e instituciones a las que la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado. En fin, se le ha dotado de toda una serie de herramientas extrajudiciales y al margen de la ley para intimidar y acosar impunemente.

La medida va claramente en contra del Artículo 129 de nuestra Constitución (En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar) pero no sería la primera vez (ni será la última) que el actual gobierno se salta el estado de derecho por cumplir un capricho. La pregunta es ¿Para qué? ¿Quién gana y qué gana con esta decisión? Las respuestas, a la luz de lo descubierto por Estados Unidos, pueden ser turbias, mexicanos. Muy turbias.

México: Federación Presidencialista

Andrés Manuel es presidente y el sistema mexicano moderno es presidencialista. Esto es decir que, con sus debidas consideraciones, las riendas del país están en manos de un sólo hombre. Así ha sido la vida política del México independiente desde su concepción: El caudillo, el hombre fuerte, el tensor entre las fuerzas políticas del momento como la pieza importante de todo el sistema para hacerlo moverse y avanzar. 

México es también una federación. Se rige por un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de Estados asociados en primer lugar, que luego delegan competencias a un Estado federal central.

Estos dos axiomas no están contrapuestos entre sí, de hecho, hacen sinergia. Parte de la labor del presidente de la federación es funcionar como centro y armonizar las necesidades y demandas de los estados. Escuchar y trabajar con los gobernadores y el resto de las fuerzas políticas para avanzar en una dirección concreta es, literalmente, el trabajo del presidente. Cuando el tensor falla, cuando el presidente no preside, tenemos una situación como la actual.

El conflicto Gobierno Federal - Alianza Federalista que vemos hoy se desprende de una absoluta incapacidad, desinterés o desconocimiento de parte del más alto funcionario de la nación para realizar su trabajo dentro del sistema político nacional. Con él no hay acuerdo posible, ni diálogo. Con él no hay colaboración, hay sumisión y lealtad ciega a un cuestionable proyecto de nación, o se corre el riesgo de sufrir las consecuencias en la repartición de recursos federales. 

En estas circunstancias me parece de lo más razonable y natural que un grupo de actores políticos con un mandato constitucional y una responsabilidad con sus gobernados (y seguramente también, no me engaño, un interés electoral), decidan hacerle frente para hacer valer su sitio dentro de este concierto de fuerzas que Andrés Manuel debería estar dirigiendo y coordinando. 

¿En qué cabeza cabe que la persona que debe dirigir y decidir diga que no se reunirá con los gobernadores porque “hay que cuidar la investidura”? Es equiparable al director de un negocio que no se reúne con sus gerentes de área porque “no me vayan a ensuciar la oficina” o porque tiene miedo de que esos gerentes, eventualmente crezcan y lo reemplacen en la dirección (los ya mencionados intereses electorales). Ni en una empresa, ni en un país, eso es recomendable o sostenible.

Si, los gobernadores tendrán demandas, necesidad de apoyo económico para proyectos estratégicos de infraestructura como la Línea 4 del Tren Eléctrico en Jalisco. Pero esos proyectos son también oportunidades para trabajar juntos en beneficio de la población. Proyectos con los que, siendo inteligente, el gobierno federal podría también salir beneficiado en cuanto a su imágen entre la población local. Pero nada de esto parece tener importancia para el inquilino de palacio, 

La CONAGO comenzó su camino en 2001, durante el sexenio de Vicente Fox. Desde su formación ha sido una herramienta de coordinación entre los estados y la presidencia. A veces su participación ha resultado en un impulso en el bienestar de los mexicanos, en otras, ha entorpecido la implementación de proyectos que podrían haber rendido frutos (pregúntenle a Calderón y a las evaluaciones de confianza estandarizadas para las policías locales) El éxito o fracaso en la gestión de un presidente puede calificarse enteramente por su habilidad para actuar de tensor y mediador entre todas las fuerzas del país. En ese sentido, como en muchos otros rubros, la actual administración está quedando abrumadoramente a deber.

Contra el cáncer, desfile de pretextos

El reclamo por la falta de medicamentos oncológicos cumple ya 712 días, según la cuenta del presidente de la organización en favor de los niños con cáncer Es Por Tu Amor, Emmanuel García. Durante todo ese periodo la administración lopista ha dado argumentos (pretextos) de todo tipo del por qué no cumple con su mandato constitucional (Art. 4°) de garantizar la salud: desde el combate a la corrupción, hasta la demonización de PiSA por supuestas prácticas monopólicas. Y en este concierto de justificaciones ridículas, quizá la última sea la que se lleva el pastel por inverosímil e incongruente.

Supuestamente, les robaron 37 mil dosis que ya tenían listas para entregar en las bodegas de la empresa Novag Infancias SA de CV. ¡Pero qué mala suerte! Excepto que, está medio raro ¿No?

En el informe proporcionado por el INSABI, se asegura que el medicamento llegó desde el 20 de septiembre, pero el parte aduanal de entrega a la institución está fechado casi un mes antes, el 28 de agosto. Por otro lado, el robo habría ocurrido durante la madrugada del domingo 4 de octubre. ¿Qué hacían todavía con el medicamento en su poder quince días (o más) después de recibirlo? ¿Por qué no se había entregado? 

(Nota al pie la empresa responsable de la distribución es propiedad de Zoé Robledo, actual director del IMSS)

La COFEPRIS se entera de lo sucedido el día 7, pero nada se hace público hasta el 9, cuando pide a los padres afectados “darlo a conocer a la opinión pública” Uhm… ¿Por qué? ¿No eres tú la autoridad? ¿No tienes tú todos los elementos del caso y estás llevando a cabo la investigación correspondiente? Al final, el comunicado oficial no sale sino hasta el día 10, junto con la alerta sanitaria correspondiente.

Hasta ahora y basados en evidencia dura, el entramado revela un sorprendente (ni tanto) grado de incompetencia de parte de las autoridades, en primera instancia, para proteger y distribuir un medicamento que ya tenía comprado y que se requiere con urgencia, y después para reaccionar ante el hecho, avisar a la opinión pública y encontrar soluciones alternativas.

Pasando a terrenos meramente especulativos, la cosa podría ponerse aún peor. El robo cubre a la presente administración en varios frentes. Primero, frente a la sospecha de que el medicamento que se compró es inviable y quizá hasta ilegal. Ninguna de las marcas mostradas en el comunicado de Cofepris cuenta con un registro sanitario en México condición indispensable para su importación al país. ¿Cómo entonces lo metieron, pues?

También nos enteramos que Kemex (la empresa argentina fabricante) tuvo que retirar varios lotes de circulación en aquel país por temas de calidad. Sin el registro de la Cofepris no hay garantías de la calidad de lo que llegó a México. La historia del robo entonces les cubre las espaldas si lo comprado resulta defectuoso. Aún si encontraran el lote, por no poder garantizar que no lo hayan manipulado, se considera contaminado e inutilizable, sin tener que pasar por la vergüenza de admitir que compraron algo que no servía.

Y finalmente, coloca al presidente y a su gobierno en la posición cómoda de víctimas. “Está muy raro”, dice el presidente en la mañanera, achacándole el robo a esos “afectados, que se resisten a abandonar sus privilegios y la corrupción”, con lo que incluso un estrepitoso fracaso administrativo de su gestión le está reportando rédito político. 

Mientras tanto, el drama sigue, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer denunció que del 11 de diciembre de 2019 al 3 de septiembre de 2020, mil 608 niños han fallecido a causa de esa enfermedad. En el conteo realizado en su página web, se reportan también, 4 mil 289 nuevos casos detectados y 3 mil 216 diagnosticados en fase avanzada. Y este gobierno, por cualquier pretexto, sigue inoperante e indolente.

La carrera por la intermedia ya empezó...

Puede que Andrés Manuel y MORENA no den pie con bola en esa importantísima labor que es ser y formar gobierno; trabajar para los mexicanos. Pero lo que sí saben hacer extremadamente bien es jugar al juego político-electoral y acomodarse para ganar cuanta ventaja sea posible en cada elección. Esto es, precisamente, lo que los vuelve tan peligrosos para el país: no necesitan hacer méritos gobernando bien. Como buen gobierno populista, la estrategia radica por entero en ganar elecciones exprimiendo al sistema.

Así, por ejemplo, y con el cuento de combatir la corrupción, han desmantelado programas que operaban con reglas claras y auditables para sustituirlos por un control directo y opaco de los recursos para hacérselos llegar “directamente a los beneficiarios”, como a las personas de la tercera edad. En el mejor de los casos este dinero, efectivamente llega a quien lo necesita. Pero también tiene una sorprendente tendencia a desaparecer. Tan solo en su primer año la presente administración pagó 593 millones de pesos en pensiones a beneficiarios inexistentes, según la Secretaría de la Función Pública. 

Tan solo en en los programas sociales para combatir la pobreza: adultos mayores, niños y personas con discapacidad, falta aclarar pagos por 1,460 millones de pesos.

Otra triquiñuela que están usando, revistiéndola de ejercicio democrático, es la degradación del concepto de consulta ciudadana, al utilizar el término en ejercicios que no cumplen con los requisitos y efectos que pide la Constitución.

En ese sentido, la administración morenista se anotó un tanto enorme al conseguir que seis de los once magistrados de la Suprema Corte votara por la constitucionalidad de la consulta para enjuiciar expresidentes. No sólo por que se avaló un despropósito (que la aplicación de la justicia en este país sea selectiva y dependiente del resultado del voto popular) sino porque nuevamente, que la Suprema Corte la haya declarado “Constitucional” no quiere decir que vaya a seguir los protocolos de una consulta como dicta la ley. ¿Pero a poco no se oye bien bonito y le da cierto “caché”?

La siguiente jugada ya la dejó entrever Ricardo Monreal. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado señaló que está elaborando una iniciativa de reforma constitucional para permitir que la consulta se realice el mismo día de la elección. El argumento económico es innegable, la consulta (que, ya dijimos, es dinamita pura para nuestro Estado de Derecho) tendría un costo calculado de 8 mil millones de pesos, el equivalente a 1.5 veces la Estafa Maestra, o al costo combinado del Avión Presidencial y la Estela de Luz.

Si la oposición se niega a realizarla el mismo día que la elección, se le tachará de avalar el despilfarro, con el costo político que eso implica. Pero si lo permite, le estará permitiendo al gobierno federal hacer campaña para “promover la consulta” atacando directamente a expresidentes de partidos opositores. ¿No es una genialidad la maniobra?

Y mientras a la oposición le están ganando la elección a más de una año de distancia de que esta ocurra, seguimos sin tratamientos de quimioterapia, seguimos sin la seguridad y la paz prometida, seguimos con una crisis económica y de salud sin precedentes… ¿Exactamente qué está haciendo la “oposición”?

Fideicomisos - Sacrificio Preocupante

Mientras escribo estas líneas, se discute en la Comisión de Presupuesto de San Lázaro la eliminación de más de cien fideicomisos del Estado, con la intención de reutilizar sus recursos (68 mil millones de pesos) en temas de salud y para financiar los intocables programas sociales de esta administración.

La cabeza más visible de este nuevo desmantelamiento institucional es Mario Delgado, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. El legislador sostiene que se trata “de una reorganización administrativa” que en modo alguno exime al gobierno de atender las circunstancias para las que fueron creados. Por ejemplo, la desaparición del Fondo para la Atención de Emergencia (Fonden) “no quiere decir que el gobierno se va a quitar la responsabilidad de atender a la población en caso de un desastre natural”. ¡Faltaba más!

Alguien tendría que aclararle al diputado que no, los ciudadanos no están confundiendo la desaparición de los fideicomisos con la renuncia del gobierno a sus obligaciones. Que las dudas y las cejas levantadas van más bien porque dichos fideicomisos representan cierta garantía (por más endeble que esta sea) y porque los antecedentes de este gobierno “administrando” cualquier cosa son de terror. Luego resulta que con sus brillantes ideas administrativas, como rifar el avión presidencial, pierden más dinero del que sacan.

La preocupación es que el dinero desaparezca como por arte de magia y vaya a parar a donde sea que terminó el presupuesto destinado para medicamentos contra el cáncer. La preocupación es que en el país más peligroso para periodistas de América, el dinero Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se canalice en un arenal en Dos Bocas, Tabasco, que después de un año y medio de obra debería mostrar más avance. La preocupación es que fondos que deberían impulsar el desarrollo científico, terminen en programas sociales sin reglas de operación ni rendición de cuentas.

Y he leído el argumento de que los fideicomisos son tapadera para corruptelas y malversación. Esto es grave y amerita investigación. ¿En cuáles hay corrupción? ¿Cuáles son usados indebidamente o no están cumpliendo con su función? ¿Cómo lo hacen y cuándo se presentan las acusaciones formales frente a la Fiscalía para llevarlos ante la justicia? ¿Cuándo se van a usar y respetar LAS INSTITUCIONES en este gobierno, en lugar de la pedrada a ciegas?

Presumen finanzas públicas sanas, mientras sistemáticamente se apropian y hacen uso de cuanto guardadito “neoliberal” se encuentran sin mayor argumento que una “reestructuración administrativa” En el proceso, ponen en riesgo los progresos, pocos o muchos, que el país ha hecho en Ciencia y Tecnología, Protección a Víctimas, Cambio Climático, las Financieras Rurales, el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética (creí que esa era justo la estrategia gubernamental) entre muchos otros rubros. Su "reestructuración" destruye el blindaje que tenían esos proyectos para tener financiamiento multianual lejos del vaivén político y la discusión presupuestal sin ofrecer ventaja alguna. No hay razón para hacer ese sacrificio... a menos de que su interés sea únicamente la lana. ¿Verdad? Entonces la decisión tiene todo el sentido del mundo.

MORENA, guerra intestina.

La cuarta transformación como movimiento ideológico y plan de gobierno, no existe. Es meramente un recurso narrativo útil que el presidente y algunas otras personas han utilizado pero que no tiene fondo, ni estrategia, ni objetivo alguno que no sea hacerse con el poder. Y ninguna otra cosa deja tanto en evidencia este hecho como la lucha descarnada que estamos viendo por hacerse con la presidencia de Morena.

Desde su concepción en octubre de 2011, el movimiento fue diseñado como una herramienta para aglutinar apoyos de las más variadas fuentes, y darle a todas ellas una cobija de legitimidad con la etiqueta de “movimiento ciudadano”. Bajo esa cobija, Andrés Manuel metía lo mismo al ala conservadora más dura del PES y a Manuel Espino, que al ala castrochavista de Yeidckol Polevnsky y Epigmenio Ibarra, como a lo más podrido del viejo priismo de Ricardo Monreal, Porfirio Muñoz Ledo y Manuel Barlett. No había nada que coaligara a esa caterva de impresentables salvo la figura de Andrés, su potencial victoria electoral y el rédito político que se pudiera sacar de la misma.

Avanzamos tan sólo dos años después de la victoria de 2018 y todas estas distintas facciones (y algunas nuevas) se disputan ahora la presidencia del partido y con ella, una enorme influencia en la elección de los candidatos a las próximas elecciones en 2021 (en las que se elegirán 15 gobernadores, 500 diputados, 30 congresos locales y casi 2.000 ayuntamientos) y una posición de ventaja para acomodar piezas de cara a 2024.

105 nombres se inscribieron para la elección de la nueva cúpula del partido, que el INE prontamente pidió reducir a seis para mantener algún atisbo de racionalidad. La lucha por estar en ese listado final es tan dura que algunos aspirantes se valen de cualquier método, incluso acusar de disparidad de género en el número de candidatos y candidatas.

La batalla fraticida revela la inexistencia de ese fondo, de ese ideal que dicen enarbolar como “La cuarta transformación” y que los “ideales de MORENA”, pasan a segundo plano frente a sus proyectos políticos de las tribus originales y su hambre de poder. El hecho de que el presidente no esté haciendo nada para preservarla (la 4T) por encima de disidencias políticas internas, es también clara evidencia de que él mismo no tiene claro qué significa la muletilla, más allá de conseguirle la presidencia. Lo que pase a posteriori  más bien le da igual.

¿Qué sigue para el partido? Pues tras varias impugnaciones ante las autoridades electorales, se ha definido un proceso de selección por encuestas, que se llevará a cabo entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, tratado de reducir ese ridículo número de aspirantes a algo más manejable. ¿A partir de ahí? Cada uno por su cuenta y que sea lo que Dios quiera, porque eso de pedir un proyecto político serio es mucho para un partido que no es tal, sino una aglutinación de intereses y ambiciones.

¿Y a nosotros los ciudadanos? Pues más nos vale atender lo que está pasando y anotar bien nombres y apellidos de todas las aves de carroña que se disputan el partido. Al mismo es bien importante aprovechar las luchas intestinas para señalarle a Juanito Pueblo que Morena no es “distinto” ni una “transformación de la vida política del país” (como podría serlo, ¡si son los mismos pero de otro color!) Si conseguimos hacer que ese mensaje llegue al electorado antes del 2021, quizá podríamos ahorrarnos otra victoria para el populismo simplón.

Una rifa irrelevante

La lógica interna detrás de la decisión de la rifa del avión debería pasar a la historia y ser escrutinizada con detalle por generaciones venideras para evitar que un despropósito así y las condiciones que le dieron vida, puedan jamás repetirse.

El objetivo original del gobierno, según se planteo, era deshacerse de un avión caro de adquirir y mantener. Ante la incapacidad (o ineptitud) para lisa y llanamente venderlo (aunque el mismo presidente haya dicho varias veces que tiene ofertas sobre la mesa e incluso un adelanto para su compra, estas nomas no se materializan) el tartufo que despacha en Palacio Nacional sugirió entonces rifarlo. Semejante despropósito pronto acarreo obvios cuestionamientos: Y si te lo ganas ¿qué? No es como que el mexicano promedio tenga un hangar de por lo menos sesenta metros de largo junto a su jacalito para meter el aeroplano, y tampoco es común que pueda permitirse sus costos de mantenimiento.

Tras semejante encontronazo con la realidad, el presidente reculó. Que siempre no se rifaba el avión per se, si no el valor del mismo en efectivo. Ninguno de los iluminados miembros de este H. gobierno advirtió que entonces la rifa no resolvía el problema originalmente propuesto: El avión permanecería en los hangares gubernamentales y seguiría recibiendo mantenimiento a costa del erario. Este era el momento en el que debieron haberse detenido a reflexionar, pero en lugar de eso decidieron seguir adelante con el entusiasmo propio de quien voluntariamente decide ignorar lo evidente.

Dándose de palmadas en la espalda por la brillante idea, ofertaron seis millones de cachitos a $500 pesos cada uno. Avanzamos un poco en la trama hasta el día de antier, en que el presidente salió a decir con orgullo que “llegamos a la meta” y se vendieron el 70% de los boletos ofertados. ¿Será? La cifra es engañosísima.

Tres millones de cachitos fueron acomodados en una cena de gala que ofreció el presidente a casi un centenar de empresarios en Palacio Nacional, en una reedición moderna y mal hecha del tradicional “pase de charola” priista. El mismo gobierno tuvo luego que desembolsar 500 millones de pesos en otro millón de cachitos, quesque para ser distribuidos en los casi mil hospitales Covid que hay en el país. (Aquí tengo que preguntarle, si usted fuera el director de alguno de estos hospitales ¿Qué preferiría? ¿Una oportunidad entre seis mil de llevarse 20 millones de pesos? ¿O que se repartieran los quinientos millones de pesos de manera estratégica según las necesidades reales de los nosocomios?)

Entonces, tres millones de cachitos vendidos a empresarios, otro millón adquirido por el gobierno. Eso significa que, con números alegres, de los 4,700,000 cachitos vendidos (redondeando) sólo 700,000 fueron adquiridos por mexicanos de a pie como usted y yo. Es un error de cálculo de casi un orden de magnitud, de ese tamaño la incompetencia.

¿Y mientras tanto? Nada, el avión sigue estacionado en el hangar, los hospitales siguen faltos de recursos, el COVID sigue rampante, la inseguridad sigue desbordada. Aquí no ha cambiado nada y la mentada rifa duele por su irrelevancia.

En el mejor de los casos, se trató de un intento más de distracción en este circo de tres pistas que dirigen (es un decir) desde Palacio Nacional. En el peor, un juego macabro de “¿Dónde quedó la bolita?” con una lana que en lugar de aplicarse con visión de estado en intentar resolver los múltiples problemas del país, se embolsó alguien en algún lado del complejo y tortuoso proceso

Tirarle al árbitro.

Para ser considerado “el opositor natural” de López, las formas de Felipe Calderón son sorprendentemente parecidas a las del macuspano, querido lector. A ambos se les está dificultando enormemente poner a las instituciones por encima de sus propios intereses, posiciones y narrativas.

Cuando el INE hizo público el veredicto de negarle a México Libre el registro como partido político, utilizó el argumento de la procedencia no identificada de 1.2 millones de pesos reportados y recibidos por la organización a través del sistema CLIP, un lector de tarjetas de débito/crédito que puede usarse en conjunto con cualquier celular inteligente.

El argumento para la decisión, gracias a evidencia que ha ido saliendo con el pasar de los días, suena medio estirado más allá de lo razonable hasta poder quedar en mero pretexto. Se supo, por ejemplo, que cinco consejeros habían cambiado de parecer y votado en contra de otorgar el registro, apenas horas antes de la votación por una “nueva queja” que hasta entonces habían desconocido. Queja interpuesta por el representante de Acción Nacional ante el INE, Victor Hugo Sondón y que se refiere a un número inusual de afiliaciones realizadas por México Libre en un solo día y un mismo lugar: una iglesia, un domingo. 

Hay ramificaciones políticas en la decisión del INE, sin duda. Y el comentario que hizo el señor presidente al respecto sólo abona a revolver ese fango partidista que enturbia el asunto. Pero la reacción a este revés desde la plana mayor de México Libre es francamente irresponsable. Lejos de tomar la vía institucional y colocarse por encima de este pleito de patadas debajo de la mesa, Felipe Calderón decide tirarse al piso y acusar al INE de estar actuando en beneficio de X o Y intereses, dinamitando la credibilidad de una institución que ha costado sangre, sudor y lágrimas construir y que ha garantizado procesos electorales más o menos transparentes desde su creación. Incluso en la polémica elección que le dio la presidencia.

La decisión, como cualquier otra que tome el Instituto, es apelable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto un abogado tan capaz como Calderón lo sabe. Sabe que tiene una salida jurídica e institucional, pero también sabe que seguir esa vía responsable no le dará los mismos réditos políticos que tirarse al piso y acusar un complot (¿a quién nos recuerda?). Y así, tal como los “chairos” con Andrés, los “borolianos” de Felipe corren a defender a su gallo y a rasgarse las vestiduras y a reventar al árbitro de la contienda desde la tribuna.

En términos futbolísticos, uno no debe pelearse con el árbitro. Si, el árbitro puede favorecer al rival en una decisión, puede afectar nuestras oportunidades, pero ponerte a discutir y a gritarle en la cara sólo terminará en una tarjeta roja, en los ánimos caldeados y en la pérdida de cualquier oportunidad de darle la vuelta al partido. Si el resultado te pareció injusto, quéjate fuera de la cancha con la Federación y prepara a conciencia el próximo partido. 

Con el futuro del país en juego, tenemos que construir sobre lo existente, no dinamitar el juego.

Informe sin sorpresas... y sin avances.

Mucho que decir y mucho que analizar del segundo informe de gobierno del presidente López. 

En el discurso no hubo sorpresas, fue más de lo mismo que sale a repetir cada mañana. La 4T es una farsa construida con saliva y aire caliente y exige su tributo puntual, diario incluso, para medio enmendar las grietas que la terca realidad implacablemente le provoca con cada vez más frecuencia: 

Que ya se acabó la corrupción, a pesar de que ya nos enteramos de que su hermano, Pío, andaba recibiendo millonarias “aportaciones para la campaña” de un alto exfuncionario del gobierno federal, y en ese entonces consultor del gobierno de Chiapas. A pesar de las casas de Barlett y las propiedades del matrimonio Ackerman-Sandoval.

Que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud, aunque se hayan recortado mil 884 millones de pesos del gasto de la Secretaría correspondiente. Cosa curiosa, los recortes son precisamente en Epidemiología y programas contra la obesidad, justo esa comorbilidad a la que se le están achacando las ya “catastróficas” cifras de fallecidos por Covid.

Que en materia económica “Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos. Ya estamos empezando a crecer", cuando su propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, adelantó que la crisis económica que se vivirá (ojo con la conjugación en futuro) en el país será la peor desde 1932 y que “la deuda crecerá entre 8 y 10 por ciento del PIB”

Que la relación con los empresarios ha sido buena, que a pesar de la crisis no se despidieron a empleados, que no se emprendió un rescate elitista hacia las empresas. Quizá tenga razón en que “no se despidieron”. A algunos sencillamente se les tuvo que liquidar porque la empresa quebró. Macario Schettino recogía en su columna del 18 de agosto que han cerrado más de cuatro mil empresas grandes (con más de 50 trabajadores) en los últimos cuatro meses (marzo a junio). El impacto no se nota a simple vista en las cifras del registro patronal IMSS, porque se han creado una cantidad similar de nuevas micro empresas de 1 a 5 trabajadores. Pero estas en general pagan peor y tienen prestaciones mínimas. 

En fin, el sopor de siempre. Si tomáramos la palabra del presidente como viene, el panorama resultante sería fabuloso. En su lugar, estamos debatiendo si se debe aplicar la ley o no en base a una encuesta mafufa y viendo qué tecnicismo encontramos para calificar de “aportaciones” un evidentísimo acto de corrupción. En lugar de tener un sistema de salud como el de Suiza, según se nos prometió, estamos luchando con una epidemia que lleva más de 600 mil casos y 65 mil muertos acumulados de Covid.

La realidad contra la ficción. Debe ser maravilloso vivir en el México del presidente. Esa una lástima que ese México exista sólo en su cabeza.

Addendum:

Me llamó la atención la frase que utilizó el presidente para referirse a los ausentes Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, y Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que a pesar de estar invitados al evento, no acudieron a Palacio Nacional.

“Invité al fiscal y al presidente de la Corte pero no pudieron asistir. Tuvieron la arrogancia de sentirse libres”

¡“Tuvieron la arrogancia”, dice!
¡El lenguaje, ese gran delator!

Asedio a la libertad de expresión

Muchas veces hemos insistido en este espacio que el político es un juego de apariencias; que quien sepa y pueda controlar la manera en que lo perciben, por si mismo y en relación con el resto de los jugadores, es quien jugará con ventaja. Para ello, los actores políticos se valen de narrativas; historias más o menos basadas en los acontecimientos reales que van contándole al público y sobre las que van acomodando las cosas según les conviene. De esa manera pudo nuestro actual presidente, por ejemplo, posicionarse desde el lejano 2004 como el héroe del “pueblo bueno”, opuesto a una “mafia del poder” corrupta que conjuraba “complots” para desaforarlo y sacarlo de la carrera presidencial, o robarle las elecciones dos veces. "Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad", decía Joseph Goebbels, propagandista Nazi.

Parte de construir esa narrativa, sin embargo, pasa por asegurarte de que tu versión es la que predomina en medios, que sea de la que se habla, vaya. Esta necesidad es doblemente imperante si pretendes construirla a nivel nacional y directamente proporcional a cuán alejada esté dicha versión de la realidad que pretendes cubrir. En ese sentido, a la presente administración le resulta punto más que indispensable controlar a los medios.

Comenzaron con la mañanera, que no es otra cosa que su manera de marcar agenda. ("Respetuosamente les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa") Pero haciendo agua en todos los frentes: económico, de salud, de seguridad y ahora en el del supuesto combate a la corrupción (el videoscándalo es un torpedo que estalló debajo de la línea de flotación del gobierno federal) la lucha por controlar el discurso es cada vez más férrea y hoy por hoy, amenaza a la libertad de expresión, básica en cualquier democracia.

El jueves pasado, la Secretaría de la Función Pública acusó a la Revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, de falsificar un comprobante del INFONAVIT “para ocultar sus deudas en aportaciones patronales” y obtener “adjudicaciones millonarias”. La sanción, publicada en el Diario Oficial de la Federación, prohíbe a todas las dependencias del gobierno contratar servicios de ningún tipo con Nexos, además de imponerle a la publicación una multa que ronda el millón de pesos.

Es un intento burdo por acallar una voz crítica (que lo ha sido de todos los gobiernos, desde su fundación en 1978) que, por mencionar dos afrentas recientes, se atrevió a publicar datos que dejan adivinar la verdadera dimensión de la pandemia del COVID-19 en México y cuestiona, con información en mano, la política en materia energética de la administración Morenista. (Recomiendo encarecidamente revisar el blog “Taller de Datos” de dicha casa editorial, no tiene desperdicio)

La adjudicación “millonaria” a la que se refiere la SFP tiene un monto de apenas $66,000 pesos más IVA. El supuesto ocultamiento de deuda se debe, con toda probabilidad a un error de administración que quedó resuelto frente a la autoridad correspondiente hace dos años. Tan seguros están de ello, que los abogados de Nexos están prestos para defender la cargada. Por mi parte tengo mucho interés en ver en qué acaba el asunto. A Manuel López y su gobierno, cualquier confrontación por la vía legal le causa escozor y temblorina en las piernas y esta se trata de una batalla definitoria por un pilar indispensable en cualquier país democrático y abierto.

El "Escenario muy catastrófico"

“La estimación más baja fue de 6 mil muertes, pero también se consideraron escenarios de 8 mil, 12 mil 500, 28 mil, incluso un escenario muy catastrófico de 60 mil. ¿Cuál de ellos es real? Todos pueden serlo” sentenció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, la tarde-noche del 4 de junio, durante la conferencia vespertina. Ya esta declaración era un intento de enmendar la plana y desdecirse de otra proyección que pintaba un panorama mucho más halagüeño.

El caso es que el “escenario muy catastrófico” se cumplió. Al día de ayer, según los mismos números de “la vespertina” se contabilizaban 57,774 muertes por COVID-19 en territorio nacional. Hecho desde el cual obligadamente se desdobla la pregunta: ¿Estamos finalmente listos para admitir que la estrategia gubernamental frente a la pandemia fue un absoluto fracaso?

Usando el mismo rasero y calificativo que el vocero del régimen utilizó contra las cifras oficiales, ya puede hablarse de un desempeño “catastrófico”. O son increíblemente ineptos para enfrentar y contener un problema que tenían bien medido y estimado; o fueron absolutamente incapaces de dimensionar la gravedad de la amenaza en primer lugar. Ambos escenarios desnudan sus carencias.

(Y no, el asunto de las comorbilidades no los exime de nada: México no se hizo un país de obesos y malnutridos de la noche a la mañana. Las comorbilidades son condiciones dadas que se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer las proyecciones. Culpar a un factor externo es admisión tácita de que no hicieron su trabajo)

E insisto, toda la crítica del párrafo anterior es confiando ciegamente en los números que presentan todos los días a las siete de la tarde desde Palacio Nacional. No me he metido en el debate de la inconsistencia de sus números y su peligrosa costumbre de subregistrar casos y manipular cifras, porque entonces el calificativo ya no puede ser meramente de incompetentes e incapaces, sino de miserables, mentirosos y criminales.

Pongamos como ejemplo la última declaración del subsecretario, que antier apuntó muy orondo que la pandemia “está en una clara fase de descenso” y que “el aspecto de la epidemia en México es muy positivo”, “consistentemente en la mayoría del territorio nacional disminuye la cantidad de casos diarios”

Decir que el aspecto de la epidemia es “muy positivo” es cuando menos insensible, cuando no macabro; considerando que le ha costado la vida a más de 57 mil personas. Y respecto a la disminución en el número de nuevos casos diarios, aunque verdadera, es sumamente engañosa.

Sucede que desde hace tres semanas han estado aplicando cada vez menos pruebas. Naturalmente, a menos pruebas, menos positivos. Pero disminuir las pruebas cuando tienes tasas de positividad diarias de entre 40 y 55% (esto es, cuando una de cada dos pruebas sale positiva) es absolutamente criminal. Es negarse a ver la realidad.

El Gobierno Federal tiró la toalla con este tema, intentando ocultar su incapacidad, su incompetencia, o su malicia, según se mire. Y lo peor es que, a cambio de minimizar los daños a su imagen, está sacrificando las vidas de los mexicanos, y parece estar perfectamente conforme con ese intercambio.