Hace dos semanas platicábamos de Cienfuegos y de lo sospechoso que era que la presente administración, lejos de hacer una investigación exhaustiva a las fuerzas armadas y una seria revisión a los procedimientos y controles de confianza de dicha corporación, le estuviera ofreciendo cada vez más espacios en la vida pública.
Ayer martes cayó más leña en esa hoguera conspiranóica cuando nos enteramos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desechará las acusaciones de cargos criminales contra el exsecretario de la defensa nacional, en aras de que la justicia mexicana, que aparentemente ya tiene una investigación en marcha, sea quien lo procese. El Departamento de Justicia, en su comunicado señaló que “importantes y sensibles consideraciones de política exterior” sobrepasaban el interés de perseguir al General Cienfuegos… después de tenerlo detenido por 34 días… y haberlo apresado sin comunicárselo con anticipación al gobierno mexicano. Ajá. Si, claro.
No, aquí hay algo más. Algo cambió en estas dos semanas. Algo se negoció. Y el único evento en este periodo de tiempo de la magnitud suficiente como para haber detonado este drástico cambio de timón son las elecciones de Estados Unidos, que ciertamente han cambiado el panorama. De tener en Trump un aliado repúblicano, la presente administración tendrá ahora que lidiar con un Biden demócrata cuya política exterior y actitud hacia nuestro país será toda una incógnita. Eso si, a priori, Biden no tiene necesidad de ese intercambio de favores y legitimidad que tenían Trump y Andres Manuel.
La detención de Cienfuegos era un golpe mediático importante al gobierno Peñista, que lo sostuvo como Secretario de la Defensa Nacional durante seis años. Pero al mismo tiempo (como señalamos hace dos semanas) representa un fuerte cuestionamiento para la actual estructura de nuestras fuerzas armadas. A lo mejor (y esto es mera especulación) existía ese acuerdo tácito con la administración trumpista de que la investigación sobre Cienfuegos sería llamarada de petate y que serviría como parte de ese acuerdo para darle legitimidad (y munición política) al de macuspana, pero sin tocarle sus intereses.
Viene el 3 de noviembre y los agonizantes días posteriores mientras cada estado norteamericano hace el recuento de votos (vale la pena mencionar aquí: ¿qué no darían los gringos por una institución como el INE de aquel lado del río Bravo?). Gana Biden y de este lado sudan frío. Con Biden no hay acuerdo, no hay negociación en marcha y si los demócratas se hacen con la investigación, pueden llevarla hasta el final, en perjuicio de López y su gobierno.
La jugada inmediata es no reconocer el triunfo del candidato demócrata (cosa que a la fecha AMLO no ha hecho) y colaborar en la estrategia del aliado republicano para dinamitar el proceso electoral (estrategia en la que tienen amplia experiencia, recordemos 2006). Pero con el pasar de los días y al ver que las impugnaciones judiciales de la campaña de Trump son desechadas, es necesario que el presidente minimice sus pérdidas y asegure los cabos sueltos. Y eso incluye, por supuesto, que el proceso de investigación de Cienfuegos debe si no detenerse, por lo menos asegurar que siga en manos de un fiscal que tenga la sensibilidad de no manchar los intereses de la 4T.
A Cienfuegos le van a seguir sacando rédito político. Pero veo absolutamente improbable que pise la cárcel. Mucho menos que algo de esto termine en el enjuiciamiento de Peña. Y eso tristemente no es especulación, es sencillamente remitirse a la experiencia previa. ¿O es que alguien se acuerda de Emilio Lozoya?
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