No me cuidan, me violan.

Para nadie es un secreto que, desde su instalación y en persecución de su proyecto de nación, la administración morenista encabezada por López ha dejado de atender obligaciones que el Estado había contraído con la sociedad por ley y costumbre. 

En su juego presupuestario, Andrés Manuel tira de la manta y desprotege instituciones hasta dejarlas inoperantes. Se hace así de recursos, preciosos centímetros de cobija, para cubrir sus propios proyectos y luego llama a toda la operación un milagro de la austeridad republicana. 

Podría hablar así, por ejemplo, de cómo el gobierno ignora su obligación de darle a 25 millones de mexicanos su derecho a la Salud sacrificando el Seguro Popular. Podría hablar del derecho de los atletas. a recibir asistencia para entrenar y representar al país, que también se ignoró grandemente hasta que dichos atletas volvieron con un triunfo histórico de los Juegos Panamericanos en Lima.

Pero hay una obligación cuya innatención es más grave. Una obligación que es irrenunciable, que representa la primera raison d’etre de cualquier estado moderno y que, desatendida, hace que el aparato mismo del gobierno se desdibuje y empequeñezca hasta resultar irrelevante: la del imperio de la ley y la salvaguarda de la población.

Así que no, no voy a hablar del deporte en México, de la medalla de chocolate que el macuspano se autorregaló por el apoyo a los atletas o el último escandalazo de corrupción que hoy tiene a la ex-secretaria de SEDESOL tras las rejas. Voy a hablar de cómo el Estado Mexicano le ha fallado a una muchacha de 17 años que fue violada en el interior de una patrulla por cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Azcapotzalco. 

Hablemos de cómo en este país, así como refiere la menor en su declaración, ver a una patrulla “rondándote” no te hace sentir seguro, te motiva a caminar ligeramente más rápido. Hablemos de cómo la chica sintió más confianza de tocar el timbre de una casa al azar para buscar refugio, que acceder al ofrecimiento de la policía de “llevarla a su casa”; treta con la que finalmente la subieron a la patrulla. Hablemos de por qué, a pesar de que las autoridades señalaron que existen vídeos tomados por tres videocámaras en el lugar de la violación y un retrato hablado que la víctima dio de los presuntos violadores, sale hoy la Jefa de Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum a decir que no podía “inventar culpables” y basarse “solo en una versión” Hablemos de cómo el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, reinstaló en sus puestos a los cuatro presuntos responsables porque: “Es muy importante entender que, si no hay una imputación no se pueden violar sus derechos laborales [...] debemos ser respetuosos”. Hablemos de cómo a los presuntos criminales les respetan sus derechos laborales, mientras a la menor denunciante no le respetan ni el derecho al anonimato y algún funcionario con acceso al expediente filtra sus datos personales, llenándola de miedo y haciéndola dudar de si continuar o no con la denuncia. Hablemos de cómo las autoridades parecen tener más prisa en castigar a las “provocaciones” de las mujeres que ayer, al grito de "No me cuidan, me violan", marcharon frente a la Procuraduría General de Justicia que en resolver el caso de la violación y otros miles de casos similares. Hablemos de cómo a la delgada piel del secretario Jesús Orta le duela mas que le arrojen brillantina, a que los elementos bajo su cargo violen menores de edad.

En suma, hablemos de México y de la crisis de seguridad que enfrenta, en particular en el tema de violencia hacia las mujeres. Hablemos de como el Estado no sólo es incapaz de prevenir el delito y proteger a su población, sino también de ofrecerle justicia con apego a la ley después de la violación a su derecho más fundamental: al de la seguridad y a vivir en un estado de Derecho.