El jefe de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, presentó esta semana su iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la intención de “regular” las redes sociales y “proteger” la libertad de expresión. El problema es que nada de lo que propone el senador va en ese sentido.
Monreal parte del veto que a la mala le aplicaron Facebook y Twitter al expresidente Donald Trump. “No puede un ente privado privarte de tus derechos.” sostiene. “No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión”. Y nomás con ese enunciado nos hace saber que no entiende siquiera qué es y cómo funciona lo que pretende regular.
Twitter, Facebook y otras redes sociales ofrecen un servicio, una plataforma en donde uno puede transmitir mensajes y tener comunicación con otros usuarios, todo bajo ciertos términos y condiciones que uno acepta al registrarse. Si, en el caso más extremo, la plataforma llegar a vetarte de su servicio, como ocurrió con Donald Trump, en ningún momento estaría eliminando tu acceso a la información, que puedes encontrar aún en otros portales de internet, agencias de noticias y noticieros televisivos. Tampoco estaría limitando tu derecho a la libre expresión, porque puedes encontrar otras vías para transmitir tu mensaje. Espacios como éste, por ejemplo.
Y si eres una figura pública te resultará aún más fácil encontrar alternativas, porque tendrás manera de conseguir entrevistas, un espacio para una columna en un periódico o similar.
Pero aún suponiendo que realmente hubiera una violación flagránte y crítica a mi derecho a opinar. La propuesta del Senador Monreal toca apenas tangencialmente este punto:
Primero, define como “Redes Sociales Relevantes” a todas aquellas que tengan más de un millón de usuarios. Luego prevee que, para poder operar, estas redes requieran autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, un organismo autónomo que hace menos de un mes, planeaban desaparecer). Las mismas redes autorizadas tendrán permitido establecer mecanismos para suspender o eliminar cuentas y contenidos de acuerdo con términos y condiciones, sólo que, en lugar de que las definan ellas mismas, las definirá y autorizará previamente el IFT. Es decir, esencialmente no cambian el funcionamiento de las redes, ni evitan que alguien pueda “quedar fuera” de la plataforma, pero se aseguran de tener la facultad de qué contenidos sí están permitidos, cuáles son “noticias falsas”, “mensajes de odio” o “provoquen algún delito”.
Ese es el centro de la reforma, la parte importante y crucial. La libertad de expresión no les interesa, les interesa controlar el discurso. Porque no ha bastado (y no bastará) tener la mañanera para tratar de marcar agenda y obviar las flagrantes muestras de incompetencia, o airear al Subsecretario todas las tardes para oscurecer los malos resultados de la gran crisis de salud y en redes sociales es donde se ha ido cocinando el justificado descontento y crítica. No se puede tapar el sol con un dedo.
Las redes sociales y las empresas que las manejan no son blancas palomitas, incurren en muchas prácticas cuestionables con nuestros datos personales y el monitoreo de nuestra actividad en las redes, pero lo hacen siempre amparados en unos términos y condiciones que, para bien o para mal, leídos o no, todos le dimos “Aceptar” al momento de crear la cuenta.
Así como un ente privado no puede “garantizarte” o “darte” derechos que deberías tener independientemente de tus circunstancias, tampoco puede quitártelos. Y si partimos de ese principio, toda la propuesta del Senador Monreal se desmorona y queda desnuda como lo que es: un burdo intento de manipulación y control mediático.
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