Stephen Hawking, brillante y
mundialmente famoso astro-físico, respondió alguna vez con ironía que si era
cierto que el gobierno estaba encubriendo información sobre extraterrestres,
estaba haciendo un mejor trabajo con ello que con cualquier otra cosa.
Y es que después de la muerte y
el pago de impuestos, que la burocracia yerre y el gobierno eche a perder algo ocupa
la tercera posición en la lista de cosas seguras en esta vida.
Hablo concretamente del Seguro
Popular, que hasta hace unos días daba servicio a unas 775 mil personas de la
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Todos estos beneficiarios de un día
para otro se quedaron sin la atención gratuita que se supuestamente deben recibir.
¿Por qué? Nadie lo tiene muy claro.
Lo que se sabe es que hay dos
partes en conflicto: por un lado los Municipios, por otro lado los responsables
federales de la administración del programa de salud. Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco
y Tlaquepaque alegan que se les debe alrededor de 448 millones de pesos entre
los cuatro, como compensación por los servicios que han prestado a través de
sus diferentes unidades de salud afiliadas al programa.
El Seguro Popular, sin embargo,
tiene otra versión. Sostiene que dichas unidades de salud perdieron la
acreditación de Instalaciones de Calidad, luego de las reformas a la Ley de
Salud de 2014, de las que se dio aviso oportuno a las cabeceras municipales.
¿Quién tiene la razón? Imposible
saberlo. A mi parecer, ninguno. Creo que el conflicto es esencialmente un juego
de "vencidas" a ver quién cede primero a las exigencias del otro. Me
parece curioso, por ejemplo, que Tonalá (el único municipio gobernado por el
PRI en la ZMG), no tenga este inconveniente y esté operando con normalidad;
mientras que el resto de las cabeceras municipales están peleando por recursos
federales. Me parece una curiosa coincidencia también que el punto en conflicto
sea una iniciativa esencialmente panista: el Seguro Popular.
Bien puede ser que los municipios
estén intentando jalar agua (y recursos federales) a su molino; también puede
tratarse de un traspié del gobierno federal a los gobiernos de la oposición. En
ambos casos se está usando a la ciudadanía (y la presión que esta pueda ejercer
para que se restablezca el servicio) como herramienta de negociación. La salud
de los derechohabientes, créame, está muy lejos de ser la prioridad de estos
dos grupos; por más que así lo expongan en sus bonitos discursos.
La separación del gobierno en
tres niveles evita que se acapare y centralice el poder, acerca a los
gobernantes a las bases y permite que los problemas locales sean atendidos por
personas cercanas al problema. Sin embargo, también fomenta la duplicidad de
funciones, genera más burocracia, más gasto y a veces genera este tipo de
conflictos en donde todos pierden; el ciudadano de a pie el primero.
En general, mientras menos
centralizado está un gobierno y la toma de decisiones, mejor. Así que quizá
convendría replantearnos el modelo, pugnar por que las alcaldías no dependan
tanto de los ingresos federales y darles herramientas para que trabajen eficientemente,
reduciendo al mismo tiempo la injerencia del gobierno estatal y federal.
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