Leyes preocupantes

La semana pasada se aprobaron, en diferentes espacios y por diferentes legislaturas, dos leyes de contenido preocupante: La Ley Federal de Extinción de Dominio, que básicamente le permite al Estado mexicano decomisar bienes relacionados con actos ilícitos para hacer uso de ellos; y las reformas al Código Penal de Tabasco, que castigan con hasta 20 años de cárcel a quienes bloqueen vías de comunicación o impidan la construcción de obra pública. 

¿Por qué digo que son preocupantes? Por el altísimo grado de discrecionalidad y la pasmosa falta de evidencia concreta que debe usarse para aplicarlas.

La extinción de dominio ya existía desde 2008, pero estaba vinculada exclusivamente a delitos penales, se tenía que tener una sentencia firme para aplicarla y estaba pensada para aprovechar los bienes incautados a organizaciones criminales u obtenidos a través de actos de corrupción. Según la nueva ley, la extinción de dominio es un trámite administrativo independiente de la sentencia judicial y puede aplicarse sin ésta. La baraja de delitos a los que aplica también se ha ampliado, de tal suerte que ciudadanos que adquirieron lo suyo por medios lícitos, pero cuya procedencia no puedan acreditar podrían perderlo todo. (Y normalmente, quienes no pueden acreditarlo son los más vulnerables y los que menos tienen)

La ley, además, deja en manos del Ejecutivo el uso discrecional de los recursos recabados, ofreciéndole así al presidente una caja chica de la que no tiene que rendir cuenta alguna. Es una diferencia enorme respecto a la legislación anterior, que señalaba que los recursos tenían que ir al pago de a víctimas directas del litigio, a acreedores del delincuente o a un fondo de atención a víctimas de la delincuencia.

En suma, la ley permite congelar cuentas, arrebatar propiedades y confiscar bienes y venderlos a cualquier ciudadano acusando que provienen de recursos mal habidos sin tener que demostrar su acusación en un juicio. Le da armas a un estado persecutorio, e incentivos económicos para cometer “errores” y adueñarse de la propiedad privada. Un golpe de autoritarismo impropio de un gobierno que se vendió progresista y no autoritario.

Autoritaria es también la otra legislatura preocupante, la de Tabasco. 

Es curioso que un partido que nació de la protesta y que agarró fuerza en la calle, en manifestaciones y plantones, decida ahora castigar con hasta 20 años de cárcel a quienes bloqueen empresas públicas y privadas; hasta 13 años a quienes impidan trabajos u obras públicas y hasta 5 a quienes impidan el libre tránsito de personas. 

Quienes tienen tiempo leyendo esta columna sabrán que no soy partidario de las marchas en general, pero entiendo que se trata de una expresión ciudadana válida, por más molesta que resulte. Hoy los diputados locales de Morena tratan de ahogar esa iniciativa voluntaria, pero al mismo tiempo el presidente llama a “Actos de Unidad y por la Dignidad” en tiempos de crisis como la situación de los aranceles con Trump. ¿Ahora el Estado estará dictando qué marchas son adecuadas y cuáles no? ¿Qué ideas merecen un plantón, un mitin?

Autoritario, es la palabra. Estas dos legislaciones la gritan a todo pulmón para quien tenga ganas de escuchar. ¿Funcionará, o los seguidores de López harán oídos sordos?

Buscar pleitos de a gratis...

En un evento masivo patrocinado y controlado hasta el más mínimo detalle por el partido en el poder, el presidente López puede acomodar la información para decir verdades a medias, mentiras completas y pretender que todo va viento en popa. La realidad, sin embargo, es pertinaz e inclemente.

El mismo día en que López pretendía llenarse de gloria en un evento de campaña (llamémoslo como es) inconstitucional (transgrede el artículo 134 de nuestra Carta Magna, por usar recursos públicos para promoción personalizada); el presidente recibió dos noticias. La primera, que los analistas del Banco de México habían recortado, por novena ocasión consecutiva, la expectativa de crecimiento de este año. La dejaron en un magro 1.13%., bien lejos de esa promesa de campaña del 4% en el primer año.

La segunda noticia fue más grave. Llegó desde Estados Unidos, con quien ya se sabe que las relaciones bilaterales están sostenidas con alfileres a causa del actuar impredecible del presidente Trump. 

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el grupo de cabildeo más grande de aquel país, representante ante el gobierno norteamericano de los intereses de numerosos negocios y asociaciones profesionales, envió un comunicado en donde pide al gobierno mexicano y a la CFE reconsiderar su postura de llevar a arbitraje contratos ya firmados con empresas nacionales y extranjeras para la instalación de gasoductos en territorio nacional. 

La CFE, dirigida (es un decir) por Manuel Barlett, lleva con el tema más de una semana. A su entender, los contratos firmados son “leoninos”, por lo que exige se renegocíen algunas clausulas y les sean devueltos pagos que se hicieron por adelantado.

Independientemente de si tienen razón o no (que no, no la tienen) la medida tomada por la CFE pone de nuevo bajo sospecha al gobierno de López y pone muy nerviosos a los inversionistas. El mensaje que se envía es que, incluso si hay un contrato firmado, el gobierno mexicano se reservará el derecho de renegociarlo o cancelarlo si los términos en algún momento le incomodan.

Con esas perspectivas ¿Quién en su sano juicio invertiría en México? ¿Quién le entra a construir una refinería, o un Tren Maya, o un aeropuerto en Santa Lucía a sabiendas de que el gobierno puede firmar de un humor y amanecer de otro?

Abrir frentes de batalla con empresas privadas que podrían poner en riesgo inversiones en sectores clave (la construcción del ducto, sin ir más lejos) es darse un balazo en el pie de proporciones espectaculares. ¿Y todo por recuperar unos pagos que se hicieron por adelantado?

Ahora, pelearse con una empresa norteamericana es una cosa. Pero que la empresa empiece a mostrar músculo e involucre a la Cámara de Comercio norteamericana es harina de otro costal. Es una organización de cabildeo, dedicada a influir en la toma de decisiones de Washington y tiene un presupuesto calculado de más de 130 millones de dólares para hacerlo. Lo único que tendrían que hacer para meternos en aprietos es ofrecer una fracción de dicho presupuesto en apoyo a la campaña de reelección de Trump, a cambio de que éste tome una postura firme respecto a los contratos que la CFE pretende revisar. ¿Ve cuan rápido puede deteriorarse el tema, querido lector? ¿Alcanza a dimensionar las consecuencias políticas, económicas y sociales que tan tremendo encontronazo provocaría? 

Estaría bien que el actual presidente en funciones empezara a plantearse el tema, yo digo.

Addendum:
Esta columna descansará las próximas tres semanas. ¡Nos volvemos a leer el miércoles 31 de julio!

¡Larga vida a la libre empresa!

Desde sus comienzos, allá por diciembre de 2014, este espacio ha defendido el rol estratégico crítico que juegan las empresas privadas en el desarrollo del país. Su influencia no sólo se siente en el aspecto económico (en la generación de empleo, riqueza, productos y servicios, así como sus contribuciones tributarias) sino también en el social (menor criminalidad, preparación profesional y capacitación a los colaboradores, así como la oportunidad de realizarse) y hasta tecnológico (la competencia obliga a la mejora constante de procesos y, productos).

Sin importar lo que diga el discurso político o lo que un eslogan sexenal nos quiera vender (¡saludos a Peña y a su “Mover a México”!) el motor de una nación es su iniciativa privada.

Por eso, dedicamos la columna de esta semana al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), que apenas el jueves pasado recibió su sentencia de muerte a manos del Senado; 57 votos a favor y 44 en contra.

El INADEM fue creado el sexenio pasado, como evolución natural a los programas de apoyo a las PyMEs que venían desde Fox (por aquel entonces la estrategia era institucionalizar y fortalecer lo que funcionaba y no hacer justo lo contrario, como en la presente administración). El rediseño incluyó la posibilidad de crear fondos de inversión, fomentar empresas de alto impacto y trabajar en conjunto con incubadoras y aceleradoras de empresas. También funcionaba como garante de empresas que juzgaba con potencial para que pudieran conseguir créditos de la banca tradicional con mejores condiciones.

El ambicioso proyecto tuvo sus problemas, pero trabajó año con año para resolverlos e incluso fue elogiado y apoyado por instituciones internacionales como la OCDE y el Banco Mundial. Con él, el ecosistema emprendedor en México se transformó.

Hoy MORENA sentencia a muerte a una institución más que, sin ser perfecta, contribuía a tener un país más próspero. Los argumentos son los mismos de siempre: una supuesta corrupción rampante dentro del instituto (que no han podido demostrar) y la necesidad de cortar intermediarios para “ahorrar”, prefiriendo dar apoyos directamente. 

Tres mil millones de pesos en microcréditos, anuncian. No solo la cifra se queda muy, muy corta comparada con el presupuesto que ofrecía el fallecido instituto; sino que el modo en que se pretende distribuir (microcrédito) revela el paupérrimo entendimiento que tiene el nuevo gobierno de las necesidades de un emprendedor y las adversidades que enfrenta. Se vuelve, además, sumamente complicado hacer la auditoria y ejercer transparencia en el uso de los recursos entregados si falta, precisamente, un instituto encargado que rinda cuentas. No hay garantías de que la supuesta corrupción desaparezca sólo porque la Secretaría de Economía ha absorbido las funciones del INADEM

Así las cosas, querido lector. Un país en donde no hay competencia ni nuevos emprendimientos disruptivos es un país en donde las grandes corporaciones tienen más oportunidad de desarrollar mono u oligopolios, donde la calidad del producto o servicio ofrecido disminuye y donde (trágicamente) el campo para la corrupción es más fértil. A falta de apoyo gubernamental, tocará a la red empresarial y a la sociedad civil nutrir y fortalecer el ambiente emprendedor en México. Porque no podemos dejar de hacerlo, porque sería un paso hacia atrás monumental y porque no merecemos las terribles consecuencias que traería detener toda iniciativa emprendedora en el país. ¡Larga vida a la libre empresa!

Censura vs. Debate

Hasta finales de la semana pasada, yo no tenía idea de quiénes eran Agustín Laje y Nicolás Márquez. Sin miedo a equivocarme podría decir que el 90% de los mexicanos estaba en idéntica situación. Esto, repito, era verdad hasta finales de la semana pasada, antes de que estallara la bomba mediática que fue la cancelación de su charla: “El Peligro de los falsos derechos. Deconstruyendo el feminismo radical, la ideología de género y el aborto” que tenían programada para el día 13 de junio en las instalaciones de la Universidad La Salle, en un pequeño espacio para no más de 50 personas.

Agustín Laje y Nicolás Márquez son politólogos argentinos, invitados al país por el Consejo Mexicano de la Familia y autores de “El Libro Negro de la Nueva Izquierda”. Llegaron al país para dar una gira de conferencias en diferentes ciudades de la República y habrían pasado grandemente inadvertidos de no ser por la atención que el mismo bloque LGBTTTI+ les prestó.

Desde antes de su llegada, el colectivo exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración y a la Conapred que prohibieran la entrada de los conferencistas al país. El argumento es que “representan un peligro para la seguridad nacional y la seguridad pública de los mexicanos”. Aunque siendo francos, desde que uno ve que levantan la denuncia frente a tres o cuatro autoridades al mismo tiempo, que no tienen idea de lo que están exigiendo y la jugada es más bien ver si es “chicle y pega”. 

Al mismo tiempo, agrupaciones locales hacían cabildeo para quitarles los espacios, con fatales resultados. Aunque consiguieron que la Universidad La Salle cerrara sus puertas, terminaron dando la conferencia en en la sede de la Arquidiócesis de México, con un auditorio de 350 personas. Aquí en Guadalajara, para su presentación de ayer martes en PALCCO, se reportó agotado el boletaje.

Celebro que ambos politólogos hayan querido permanecer en el país y concluir su gira a pesar de las presiones. Celebro que hayan venido a debatir con ideas sobre la igualdad sustantiva, los derechos sexuales y cómo se manipula a la sociedad a través de la narrativa (algo que sucede no solo en el caso de la ideología de género). 

Me parece lamentable que el colectivo LGBTTTI+ no pueda responder con ese mismo nivel. Un debate no se gana silenciando a la oposición, sino presentando argumentos más sólidos. Francamente, acusar a los conferencistas de “incitaciones al odio y volación de los derechos humanos” me parece hasta hipócrita. ¿Dónde quedó su derecho a la libre expresión? ¿Tanto miedo tenían a lo que este par de argentinos pudiera decir?

En el pecado han llevado la penitencia. No sólo consiguieron enterar a más personas del ciclo de conferencias, sino que al intentar censurar a los conferencistas, les han dado la razón: El sector que clama tolerancia y respeto, es el primero en negarse a ofrecerlo. Y además, han dado la impresión de que no tienen argumentos contra ellos, porque en lugar de debatirles, han preferido censurarles.

¿Qué se ganaba con esa estrategia pues?

¿Qué celebramos?

La pregunta va en serio. ¿Qué celebró López este sábado en Tijuana, exactamente?

Juzgando por los discursos triunfalistas y las autocongratulaciones, pareciera que se consiguió que Estados Unidos devolviese Texas y el resto de los territorios entregados por el tratado Guadalupe-Hidalgo. En realidad, conseguimos que el matón del salón nos volviera a poner en el suelo y nos dejara en paz (al menos por hoy) luego de que hubiera prometido dejarnos el ojo amoratado y la nariz sangrante.

Cierto, que entraran en vigor los aranceles propuestos por Trump habría significado una tremenda catástrofe económica para México (y en menor medida, para el mismo Estados Unidos) y había que darle respuesta y evitarlo de alguna manera. Sólo me pregunto si dichas consecuencias justificaban reaccionar como se reaccionó y ceder en todo lo que se cedió; y si estamos conscientes de que el peligro no ha pasado, que a pesar de lo negociado el matoncito puede volver en cualquier momento a alzarnos el puño, hacernos calzón chino, o encerrarnos en un casillero.

Recapitulemos, porque esto no empezó de la noche a la mañana con un tuitazo sin pensar.

López desde campaña posicionó su política migratoria como de puertas abiertas. Candil de la calle y oscuridad en su casa, López prometió a las caravanas migrantes visas humanitarias de trabajo, un ambicioso plan de desarrollo para los países centroamericanos y “santuario” en su viaje a los Estados Unidos. Previsiblemente, el flujo de migrantes se incrementó y dicha situación fue inmediatamente recogida y aprovechada en Estados Unidos.

Trump, que ya está pensando en reelegirse, volvió a encontrar en México el blanco fácil para incendiar a sus bases. Amenazó varias veces con cerrar la frontera, aumentó el número de agentes migratorios, envió soldados a las garitas e incluso redujo el número de carriles que cruzaban. Ninguno de estos mensajes fue atendido por un gobierno mexicano ensimismado y empequeñecido. Las cifras de detenidos en la frontera sur de EUA no dejaron de crecer y el flujo desde México seguía subiendo (este año han entrado entre 500 mil y 700 mil migrantes indocumentados, tratando de llegar a Estados Unidos)

Entonces cae el tuitazo y la amenaza de los aranceles. México responde con una tibia carta (que es prontamente ignorada) y enviando a su flamante Secretario de Relaciones Exteriores ese mismo fin de semana. ¡Oh sorpresa! Trump y su gabinete más cercano están de gira europea y hay que esperar a que regresen. Cuatro días después, por fin los reciben y arrancan las negociaciones, con los resultados que ya sabemos. Estados Unidos se salió con la suya y obligó al gobierno mexicano a aplicar con rigor su propia ley migratoria y a retener a los migrantes en su territorio hasta que Estados Unidos desahogue sus juicios de asilo. Postergamos, que no detuvimos, la caída de la guillotina económica. Los avances de México en la materia serán evaluados por Estados Unidos, que unilateralmente podrá decidir en 45 días si de todas formas aplica los aranceles.

En la analogía más cruda, conseguimos la liberación de un pariente secuestrado a cambio de rescate y estamos amenazados de que nos lo vuelvan a secuestrar 45 días después ¿Qué celebran pues? ¿Por qué, ante la amenaza del presidente matón, seguimos arrinconados en nuestro terruño? ¿No sería la hora en que nuestro presidente se ponga los pantalones y asista al G20 a buscar aliados, comerciales y políticos? ¿No sería la hora de que el presidente saliera a defender a México y a los mexicanos?

El próximo año cuando Trump esté en campaña lo primero que saldrá de su boca en todos sus discursos será que consiguió que se hiciera el muro. Qué México ES el muro. Y habrá que tragarselo. Peña, con todos sus defectos, por lo menos fue categórico y preciso. Cuando a López le preguntaron su opinión sobre la frase del presidente Trump: “México necesita a Estados Unidos y no Estados Unidos a México”, el titular del ejecutivo cobardemente guardó silencio mientras hacía la seña de “amor y paz”...

"México necesita a Estados Unidos y no Estados Unidos a México, ¿qué responde, presidente?", le preguntaron a @lopezobrador_, "soy dueño de mi silencio", respondió AMLO mientras hacía la seña de 'amor y paz'. pic.twitter.com/ApiOLQ4hI0

— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 7, 2019

Radiografía Electoral

Seis meses después de haber tomado posesión, el nuevo régimen se enfrentó de nuevo a las urnas el pasado domingo. La cita democrática, como siempre, era importante. Esta vez le estábamos tomando el pulso a un país que ya había tenido seis meses del régimen de Morena y de sus cuestionables resultados. A saber: Recortes burocráticos sin lógica ni razón que paralizan a las instituciones públicas y perjudican la participación de científicos y atletas en el extranjero; desabasto de combustible por pésima planeación; la cancelación de las estancias infantiles; la violencia que no para y que tuvo su expresión más cruda en lo que va del sexenio el 19 de abril en Minatitlán; numerosos ajustes y cambios a un aeropuerto que nos juraron estaba listo para construirse y era alternativa viable; una refinería imposible a la que ninguna empresa privada le quiere entrar; turbulencias en el gabinete, rumores de salidas, renuncias rechazadas y las salidas confirmadas del director del IMSS y la titular de la SEMARNAT; la pérdida sistemática de autoridad del ejército mexicano en las últimas dos semanas y permitir que se le realizara un homenaje a un líder religioso en el Palacio de Bellas Artes (líder que, por cierto, hoy está detenido en estados unidos acusado de abuso sexual infantil). ¿Cómo estaba el ánimo del país después de todo esto? Revisemos los resultados de la radiografía y veamos si podemos diagnosticar al paciente:

MoReNa arrasó en Baja California. Se llevó la gubernatura, diputaciones y alcaldías con márgenes de más de 20 puntos sobre su más cercano competidor. Arrebató también la gubernatura de Puebla repartiendo las alcaldías municipales en disputa con el PRI e impuso a sus candidatos en el congreso local de Quintana Roo. Tres victorias importantes. 

Acción Nacional apenas metió las manos. Perdió las gubernaturas en sus bastiones importante, pero ganó la mayoría de las alcaldías y capitales en Aguascalientes y Durango. Su triunfo importante pudo haber sido el congreso local de Tamaulipas, pero como se consigue a costa del que ya tenía en Quintana Roo, la realidad es que apenas sale tablas.

Los demás partidos, ni pintaron.

El indicador más preocupante quizá sea el abstencionismo. Baja California registró una participación del 29.63% En Puebla participó solo el 33.4% del padrón. A manera de referencia, la fallecida gobernadora Martha Erika Alonso, ganó con 66% de participación el año pasado. ¿Qué motiva este tremendo bajón? ¿Por qué la victoria morenista, siendo que el PAN impulsaba una candidatura relativamente independiente y Miguel Barbosa es, francamente, un impresentable?

No veo un desencanto con MORENA, que es quizá en donde mucha gente tenía puestas sus esperanzas. Si este existe, se traduce más bien en un desencanto con el sistema político y electoral general. López se vendió como LA alternativa a una camarilla partidista que no nos gustaba. Cuando esta alternativa no funcionó, nos volvió a invadir la apatía, la búsqueda del siguiente gran caudillo. 

Mientras tanto, los Morenistas pueden poner a la vieja estructura del PRI, que ahora les pertenece, a trabajar. La baja participación les funciona bien, implica que tienen que movilizarse menos y hacer menos esfuerzo para ganar ahí donde quieren. Lo hemos visto en los programas clientelares del gobierno federal. Están armando y fortaleciendo la estructura para cuando lleguen retos más interesantes; 2021 y 2024.

Pero ojo, no todas son malas noticias. Un pueblo desencantado es también un terreno fértil en donde empezar a sembrar a una verdadera ciudadanía, una que ya no se deje encandilar por las figuras populistas de cada seis años y que haga más que cruzar boletas y ponerse camisetas de colores esperando que alguien más lo saque del barranco. La tarea es titánica, pero probablemente no se repita en un largo tiempo y la ventana de oportunidad es pequeña, pero hay que hacer el esfuerzo.

Cuando ya ni el ejército puede

El ejército mexicano es una de las instituciones de más prestigio en el país y, de las administradas por el estado, la que inspira más confianza en los ciudadanos. Para comprobarlo basta mirar los resultados de.la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por el INEGI, o de la encuesta de Confianza en las Instituciones de Consulta Mitofski, o la levantada por Parametría con motivo del debate de la Guardia Nacional. Incluso después de tragedias turbias como las registradas en Tlatlaya o en Ayotzinapa, la calificación de las fuerzas armadas permanece alta: en los sietes y ochos en escalas del uno al diez. Contra las notas reprobatorias que normalmente les tocan a las policías locales.

Las razones pueden ser varias. Es un cuerpo del que se tiene cierta seguridad que no ha sido infiltrado ni está coludido con el crimen organizado y su entrega es incondicional. Cuando se trata de apresar a los capos, enfrentar narcobloqueos, o buscar y destruir los campos de cultivo y laboratorios productores de droga, son los militares los que van en primera línea. Es cierto que ha habido violaciones a los Derechos Humanos, pero cuando ocurren ameritan primeras planas, debates nacionales y normalmente sanción a los culpables. Dichos actos, además, se explican en parte porque el adiestramiento militar es bien distinto al del resto de las fuerzas del orden. 

Por el contrario, las policías estatales y municipales no tienen el pretexto del adiestramiento, se sabe que están sometidas a las agrupaciones criminales y el hostigamiento que algunos de sus miembros hacen a la ciudadanía para conseguir mordidas no sale en las primeras planas, pero es constante y voraz. Ponerse nervioso cuando pasa uno cerca de una patrulla, o un retén de la policía es bastante común. El ejército, pese a todo, no genera esa inmediata animadversión. 

Si se quiere usar al ejército (o a la Guardia Nacional, que a fin de cuentas es pan con lo mismo) de manera efectiva en el combate al crímen organizado, éste debe, en primera instancia, tener el respaldo de la población y en segunda, imponerle respeto y meterle miedo a los grupos a los que se enfrenta. Por ello, al estado mexicano debiera interesarle cuidar esa imagen y alimentar ese prestigio. Y me preocupa que lo que pasó el domingo en La Huacana es evidencia de que vamos justo en la dirección contraria.

Contexto: Los militares ya habían sido atacados un par de veces por la zona. Producto de esos enfrentamientos le aseguraron a las “autodefensas” 4 armas largas. (entiéndase, armas de grueso calibre, entre ellas, una ametralladora de esas que van montadas en la caja de una pick-up o en el costado de un helicóptero, y un fusil barret calibre 50, de esos que puede atravesar blindajes de chalecos y cualquier vehículo que no sea un tanque en toda regla).

El domingo, mientras regresaban a la base, los autodefensas montan una barrera de mujeres y niños para impedirles el paso, los desarman, retienen y exigen para su liberación la devolución de las cuatro armas previamente incautadas. 

Estimados lectores, llegados a este punto las “autodefensas” son delincuentes. Ni más ni menos. El “pueblo bueno” no sólo ha agredido a las fuerzas del orden, ha cometido un secuestro en toda regla y está contendiéndole al Estado Mexicano el monopolio del uso legítimo de la fuerza y retando su autoridad para hacer cumplir la ley. A lo cual el estado mexicano reaccionó… doblando las manos y devolviendo las armas.

Decía Max Webber que un estado no es tal si no tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima, si no puede hacer cumplir la ley. Desarmar a un militar, desdentarlo y salir impune, es el equivalente a haber desdentado a toda la maquinaria del estado. Y el crimen organizado no es tonto. Habiendo visto que funciona, adoptará la estrategia. De hecho, ya ocurrió. Apenas ayer en Tetepango, Hidalgo, los pobladores del lugar impidieron que el ejército asegurara dos camionetas con combustible robado. Bastó hacer acto de presencia en masa crítica.

En ese intento de reducir la violencia con “abrazos no balazos”, el gobierno probablemente sólo haya conseguido demostrarle al delincuente que puede y debe ser más osado; llevándose entre las patas el prestigio y el orgullo del ejército nacional. Cuando ya ni las fuerzas armadas pueden... ¿Qué sigue?

PD: Estaría interesante incluir, en ese montón de encuestas de confianza, a los principales cárteles de la droga. Sería muy desagradable confirmar lo que ya sospechamos todos, pero indiscutiblemente esclarecedor.