Desde el punto de vista cortoplacista de cualquier político mediocre, el tema educativo es una mala inversión. Cualquier reforma que se implemente hoy necesitará tiempo para echar raíz, madurar y dar frutos. Las primeras generaciones de estudiantes formadas en el nuevo sistema no se incorporarán al mercado laboral sino hasta varios años después. Y aún entonces les tomará tiempo generar el impacto esperado en la industria y la economía del país. Es mucho más redituable, políticamente hablando, inaugurar la gran mega obra o anunciar el siguiente programa social; encajan mejor esas iniciativas en los ciclos naturales de tres o seis años que tienen entre hueso y hueso.
La dinámica funciona igual en sentido contrario, como las consecuencias del descuido y el abandono al sistema educativo no se resienten de inmediato (por lo menos no en ese “ciclo político”) es mucho más fácil patear la lata con el problema hacia adelante, al siguiente gobernador o presidente municipal.
Esta incompatibilidad entre el ciclo educativo y el ciclo político es trágica, porque una población debidamente educada está mejor preparada para enfrentar los retos que un mundo económico globalizado y en constante movimiento nos presenta para salir adelante individualmente y como nación. Es la diferencia entre tener mano de obra barata vulnerable subcontratada en el campo porque no saben leer, ni escribir, a tener empresas de alta tecnología en alimentos que quiera mano de obra calificada en el campo mexicano.
Todo esto, sin entrar en el tema cívico y social y lo que representa una ciudadanía más activa y preparada en la vida política de una nación.
¿A qué viene todo esto? La Crisis del COVID-19 (y en parte, la gestión que de ésta hizo la presente administración), hizo evidente esta fragilidad educativa que comentamos. Los últimos cuatro meses del ciclo escolar 2019-2020 fueron de incertidumbre y dudoso aprovechamiento, obligando a las instituciones públicas y privadas a utilizar herramientas y metodologías con las que muchos no estaban familiarizados, como las clases a distancia. Algunas escuelas incluso cerraron definitiva y anticipadamente el ciclo escolar.
El impacto de esos cuatro meses puede aún paliarse, pero se acerca el principio del siguiente ciclo escolar y lejos de plantear una estrategia de mitigación y ajuste, la SEP y el Ejecutivo Federal parecen haberse desentendido del asunto
Cierto, en un curioso giro de los acontecimientos el presidente recurrió a las dos televisoras más grandes del país (a las que siempre había acusado de vendidas y corruptas) para, a cambio de un jugoso contrato de 450 millones de pesos, transmitir programas educativos en televisión y radio que tendrán “validez oficial”. Esta iniciativa hace agua apenas se le mira con algo de seriedad. ¿Cómo van a asegurarse de que los alumnos escuchen o vean los programas? ¿Qué herramientas de evaluación van a utilizar para validar que el conocimiento se adquirió?
Que bueno que transmitan programas educativos (con las debidas reservas a la calidad de dichos programas, juzgando los antecedentes a los que nos tienen acostumbrados) pero con todo respeto, es querer tapar el sol con un dedo. Eso sí, el anuncio fue negocio redondo para las televisoras, que además de conseguir el contrato vieron subir el valor de sus acciones en la Bolsa Mexicana; Televisa en un 8.95%, y TV Azteca en 7.01%.
La cosa se pone peor toda vez que consideramos que, por las consecuencias económicas de la pandemia, muchos padres de familia se verán obligados a sacar a sus hijos de instituciones privadas y esas legiones voltearan a ver al sistema público esperando una solución. ¿En dónde está? ¿Estamos listos para recibir el influjo adicional de estudiantes?
En fin, que me parece trágico que no se le esté dando al asunto la seriedad debida, por las consecuencias que podría tener no sólo en el próximo ciclo escolar, sino con miras a diez o quince años hacia adelante para el país.
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