“¡No hay que lucrar políticamente con la tragedia de Acapulco!” sentencian desde Palacio Nacional, a sabiendas de que todo el aparato del estado está volcado y toda la estrategia diseñada para manejar políticamente la crisis.
Desde minimizar los daños reales, a la prohibición inicial de cualquier asistencia que no pasara por los retenes de la Guardia Nacional y los canales del Gobierno Federal, para que pudiera llegar elegantemente embalada en unas cajas blancas y guindas con el logotipo de “Gobierno de México”. Desde la celebración y el anuncio con bombo y platillo de la entrega de 8 mil despensas y 16 mil litros de agua (cuando la población en el Área Metropolitana de Acapulco es de más de un millón de personas), hasta la bajísima estrategia de usar la necesidad de la gente como herramienta de presión en otro frente, la disputa con el Poder Judicial.
La realidad, dura y cruda, es que el gobierno está absolutamente rebasado. A una semana del meteoro, la electricidad aún no está restablecida, no hay agua, comida, hospitales, gente desaparecida y sepultada debajo de escombros… Las comunidades están abandonadas a su suerte y son presa fácil de la rapiña y el desgobierno. Empleados y locatarios han tenido que organizar su propio cuerpo de voluntarios para la defensa de lo que queda de sus fuentes de ingreso. Y empieza a verse, lento pero seguro, un flujo migratorio más o menos importante de gente que abandona Acapulco para moverse a otras ciudades a empezar de nuevo.
No creo estar exagerando cuando digo que la ineptitud y el retraso en la respuesta gubernamental está condenando a muerte a uno de los centros turísticos más importantes del país. A una semana, seguimos sin una dirección clara, sin un horizonte en el que superemos la situación de emergencia, de priorizar salvar y poner a resguardo vidas humanas para siquiera empezar a pensar en la reconstrucción y recuperación materiales.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Francisco Solares, estimó en cinco años el tiempo necesario para la recuperación de toda la infraestructura y la inversión perdida. Pero puntualizó que hay factores importantes a tomar en cuenta en la estimación. Los ingresos de todo el estado de Guerrero dependen grandemente de Acapulco como centro turístico, aproximadamente el 80% de su economía. ¿Cuánto tardarán en volver a estar en condiciones de recibir turistas? Y con el inevitable parón económico de la falta de esta derrama turística. ¿Habrá manera de invertir? ¿Qué pasa con la fuerza de trabajo, que urgida de una salida está migrando a otros estados? ¿Habrá suficiente gente para el esfuerzo de reconstrucción y al mismo tiempo mantener el motor turístico funcionando? Hay comunidades enteras en los alrededores de Acapulco que desaparecieron por completo. Estas comunidades alimentaban figurativa y muy literalmente al puerto. ¿Cuánto tardará, si es que se puede, la reconstrucción de esa red de soporte y de productos y servicios?
Todo esto es de por sí trágico, pero aquí viene el giro en el cuchillo aún dentro de la herida. ¿Y si le dijera que la reacción es por diseño? Desde el principio he sostenido que el último objetivo de este gobierno es el de aislar y empobrecer a la ciudadanía; hacerla dependiente de lo que el gobierno pueda y quiera darle porque se queda sin opciones. Lo que estamos viendo en Acapulco con Otis es lo mismo que vimos con todo México durante la pandemia: Usar un evento catastrófico para ganar control sobre una población vulnerable.
El mero apoyo solidario que nos caracteriza en las tragedias, mexicanos, no va a bastar para salvar a Acapulco. Pasa por las urnas, pasa por el activismo político, pasa por un montón de paradas antes de llegar a destino. Y ayudar a Acapulco es ayudarnos a todos. Porque ese es el plan. Aislar, empobrecer y generar dependencia.
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