#YoDefiendoalINE

Lo diremos las veces que hagan falta: El INE es la plataforma, el firme sobre el que se sostiene la democracia en México. Y, dada la falta de condiciones democráticas y cultura ciudadana entre el grueso de la población mexicana, es el único parapeto que tenemos para defender tan importante institución: un gobierno que emane (y le rinda cuentas) a la ciudadanía. Por ello, la reforma electoral propuesta por el presidente resulta inaceptable y debe rechazársele con toda la energía que podamos convocar.

La iniciativa roba al Instituto de su indispensable autonomía, pues los Consejeros Electorales primero le deberían la nominación a alguien al interior del gobierno, y luego al ligar su posición a una elección popular, a una campaña y a compromisos adquiridos en la misma buscando apoyo. La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho hace una declaración contundente, señalando que se debe priorizar la imparcialidad y competencia profesional de los miembros de estos órganos electorales. Someterlo al voto ciudadano compromete ambos puntos, al no estar basada en “criterios profesionales” ni ofrecer “una representación equilibrada a todas las fuerzas políticas”. Doblemente grave el caso cuando se pretende utilizar el mismo fallido método para integrar a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La propuesta también juega con los medios y la información, ampliando los tiempos en radio y televisión para los partidos y candidatos durante las campañas y relajando las reglas para difundir propaganda gubernamental. Efectivamente, el partido en el poder tendría de su lado muchas más oportunidades de hacer campaña desde el gobierno. Y la saturación de mensajes y spots contribuirían a reducir aún más la calidad del debate y las propuestas presentadas, reduciéndolas a un trajín hueco y estridente.

La reducción en el número de diputados locales y la eliminación de los organismos públicos locales, da cuenta del desinterés (cuando no desprecio) que tiene la actual administración por todo lo que no esté centralizado o se pueda decidir (léase, controlar) desde la capital. En el mismo sentido va la decisión de eliminar a “los Pluris”. No es que quieran ahorrarselos, es que quieren asegurarse de que el partido en el poder, permanezca en el poder. Hoy tenemos 5 listas regionales de representación proporcional, con 40 lugares cada una; en el nuevo esquema habría 32 listas; una por estado, pero algunas muy pequeñas, con muy pocos escaños en donde solo entrarían partidos grandes.

Del voto electrónico ni hablamos. Seguimos siendo el mismo país al que en el 88 se le cayó el sistema, que se sigue quedando sin suministro eléctrico de buenas a primeras y al que, muy recientemente, le hackearon los servidores de sus fuerzas armadas. Tampoco por ese lado hay garantía alguna, mucho menos con la presente administración.

Vivimos en un país en el que, mal que bien, podemos incidir en las decisiones que se toman desde el gobierno; podemos presionar a nuestras autoridades federales, pero sobre todo a las locales, para que nos tomen en cuenta. La reforma del presidente nos roba de la más cercana de esas opciones (las legislaturas locales) y amenaza también con hacer irrelevante el ejercicio ciudadano de ir a depositar nuestra voluntad en la urna, a través de una boleta.

Lo dicho, una y otra vez, al INE debe defendérsele a capa y espada. Usted ¿ya presionó a su diputado y a sus senadores? ¿ya le hizo saber su voluntad y en qué sentido debe ir su voto?

Robo legal

Mucho me temo que se está cocinando una crísis fiscal de espantosas dimensiones. Por más que nos repiten desde Palacio Nacional que se está ejerciendo el presupuesto con responsabilidad y disciplina; y que la austeridad republicana hace maravillas, sus acciones dan indicios de un panorama muy distinto: Están desesperados, tratando de sacar dinero hasta exprimiendo las piedras porque ya se acabaron todo.

Hoy en la Cámara de Diputados se aprobaron, con 366 votos en favor y 102 en contra, reformas fast track al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. El nuevo texto —iniciativa del coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco— establece que el dinero, intereses o rendimientos de cuentas que no muestren depósitos o retiros en un lapso de seis años puedan ser tomados por el Gobierno mexicano para financiar labores de seguridad. Tan desesperados están por conseguir dinero que legislaron una manera de robar. 

Y si el concepto mismo de la ley es detestable —una reforma para hacerse de recursos sobre los que el Estado no tiene derecho alguno— es también mucho más impráctica de lo que el diputado Mier Velazco quiere hacernos creer. Se huele la desesperación en sus argumentos.

Asegura el diputado que pueden ser 10,000 millones de pesos disponibles “de inmediato”, mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estiman que podrían ser más de 75 mil millones. Para enterarnos de cuántas cuentas realmente están en ese supuesto (seis años sin movimientos) y a cuánto ascendería el monto, es necesario contravenir el secreto bancario y la confidencialidad que los clientes de las instituciones financieras en este país esperan como parte del servicio contratado. Se desprende entonces que ni siquiera saben de cuánta lana estamos hablando o de si sería siquiera suficiente para hacer la diferencia en materia de seguridad. 

Segunda dificultad en establecer el monto a robar: ¿Y si se trata de una señora de la tercera edad que no puede ir a una sucursal?  ¿Una cuenta que está en litigio por herencia desde hace diez años? El diputado Mier parece muy seguro de que “En el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito, que provienen de la delincuencia organizada”. Ajá, y seguro esas cuentas están “abandonadas” ¿Verdad? Porque un negocio que en tres años genera el equivalente al 40% del PIB del País seguro tiene sus cuentas bancarias silenciosas como una tumba.

Entonces resulta que no hay un estudio real, un presupuesto firme del impacto de robarle a miles de mexicanos sus ahorros y el efecto positivo que se supone que tendría, porque no es lo que quieren. Lo que quieren es… lo que haya, la lana en efectivo y sin ningún tipo de control o etiqueta.

Porque esa es la otra. Conociendo a este Gobierno, no hay garantía alguna de que el dinero se vaya a usar para lo que la ley establece que se use, ni mecanismo para asegurar que no se vuelva una excelente manera de “redireccionar” recursos y justificar partidas para campañas, sobornos y corruptelas.

Y los detalles de la aprobación son igual de macabros. Reservas importantes fueron rechazadas o ignoradas. Como las de la diputada Patricia Terrazas Baca, quien alertó que la propuesta original era para dar 70% de los recursos a los estados y 30% a los municipios, pero de última hora se decidió dar la mayor parte (50%) a la Federación, que no estaba originalmente contemplada. El diputado Román Cifuentes pidió que los recursos se destinen y administren por el Secretariado de Seguridad y no por la Secretaría de la Defensa Nacional (que controla a la Guardia Nacional). Y Blanca Estela Romo, solicitó considerar como casos especiales los de cuentas bancarias de personas desaparecidas y que por esa razón no fueron reclamados, casos en los que de debería dar esa posibilidad a sus familias.

Nada se admitió en la discusión. 

¿Entiende ahora por qué mi preocupación? ¿Por qué no me creo el discurso de la pobreza franciscana?

Lavarse las manos

Llevamos cuatro años de un gobierno que sistemáticamente ha aprovechado cada oportunidad y pretexto que tiene para implementar medidas y controles que resulten en la acumulación de poder, el aislamiento comercial y diplomático del país y el empobrecimiento económico de todos sus habitantes. Baste el botón de muestra de la pandemia y la infame declaración de que ésta había llegado “como anillo al dedo”, para llevar a cabo el plan de gobierno de la presente administración.

No es diferente ahora, que se cierne sobre la economía global una crisis multifactorial de inflación que amenaza con pulverizar los ahorros de millones de personas y dinamitar la capacidad adquisitiva de los (de por si precarios) salarios. En respuesta a una tasa inflacionaria que no habíamos visto en México desde hace treinta años, el régimen presentó el lunes el “Acuerdo de Apertura contra Inflación y Carestía”, un remedo de parche de dudosa efectividad pero letales consecuencias. Vamos por partes.

Como la mayor parte de la presión inflacionaria proviene de los alimentos, el plan maestro se enfoca en ello. Además de fijar precios a doce productos de la canasta básica, propone extenderle a las empresas participantes del acuerdo una “licencia única universal” para que queden exentas de trámites y permisos, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del impuesto general de importación. Se confiaría en el empresario firmante para que las mercancías así comerciadas cumplan con las normas sanitarias, de calidad e inocuidad… aunque ya no haya quien lo regule.

No sólo la medida viola el piso parejo y de libre competencia, porque limita el “beneficio” sólo a las empresas alineadas al plan, dejando a las demás aún sujetas a un montón de reglas, trámites y condiciones. También pone en un riesgo potencial la salud de los mexicanos y la calidad de lo consumido, potencialmente permitiéndole la entrada al país y la circulación en los supermercados de producto caduco, carne insuficientemente congelada, vegetales con plagas o químicos. La falta de inspecciones fitozoosanitarias en los productos de importación supone también la posibilidad de que entrara un agente contaminante a nuestros ecosistemas y cultivos.

Otra consecuencia inmediata y lógica de la medida: Nuestros socios comerciales, con los que tenemos acuerdos de libre comercio y tránsito de mercancía, cuentan con que México realice estas revisiones y trámites para tener cierta seguridad de lo que circula en sus propios países. Si México deja de ofrecer esas garantías, les atendería la razón si quisieran cerrar sus propias fronteras. ¿Y qué haríamos entonces, si nuestro principal mercado de exportación decide que ya no quiere nuestros productos alimenticios?

Y en la otra cara de la moneda, en afán de combatir la falta de alimentos el Acuerdo también cancela la exportación (cosa que no se puede hacer, si tienes un Tratado de Libre Comercio vigente) de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizada en el envase de alimentos.

Imaginemos entonces al productor local de frijol, que sabe que en el país hay escasez. El Acuerdo le impide subir el precio local, pese a las presiones inflacionarias, pero tampoco puede exportarlo. ¿Si no puede venderlo al precio que espera y/o necesita, qué procede? ¿Que se pudra la producción? ¿O simplemente no siembra, empaca sus cosas y se va? En cualquier caso, la carestía permanece, la presión sobre los precios para conseguir lo poco que hay permanece o empeora… ¿Dónde quedó el esperado efecto “contra la Inflación y la Carestía”?

O no. A lo mejor resulta que podemos importar alimento de paupérrima calidad y dudoso valor nutricional, corriendo el riesgo de una o dos enfermedades de potencial pandémico en el proceso. Los productores locales pierden incapaces de competir, la economía nacional se empobrece y nuestros socios comerciales nos aíslan.

Facilitar los trámites para la exportación y comercio no es en principio una mala idea, pero ¿No era mucho más viable extender y fortalecer a la Secretaria de Agricultura, Senasica y Cofepris, para agilizar los ingresos de mercancía que simplemente tirar la toalla, dar la batalla por perdida y atenerse a la buena voluntad del empresario? ¿Por qué será que, a la primera dificultad, este gobierno insiste en soltar la responsabilidad que le toca y lavarse las manos?

¿Defendemos a los narcotraficantes?

Cada semana se engrosa el expediente de evidencia que respalda lo que esta columna ha venido advirtiendo: el ejército mexicano es ya una fuerza política de consideración en este país. Ayotzinapa, tragedia en la que las fuerzas castrenses están irremediablemente involucradas, es el origen del nuevo botón de muestra.

Resulta que después de un mes de presiones y choques con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República y personaje impresentable del régimen, renunció a su cargo el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. El fiscal dirigía las pesquisas desde junio de 2019 y parecía contar con la confianza de las familias de los 43 y de sus abogados. Pero, como le comenté desde agosto, al gobierno le urgía dar carpetazo al asunto y anotarse una victoria política, sacar tajada de la tragedia. 

Alejandro Gertz Manero habria exigido a Gómez Trejo que apurara el caso contra Jesús Murillo Karam, el chivo expiatorio elegido para el sacrificio político. Aunque Murillo Karam ya era un objetivo de la Unidad Especial de Investigación y Litigio que dirije Gómez Trejo, la investigación no estaba lista, ni la carpeta lo suficientemente sólida. Se les iba a escapar la presa, así se lo explicó Gómez Trejo a Gertz, pidiéndole tiempo adicional. El Fiscal General de la República no oyó razones, o priorizó el impacto político de la maniobra por encima de la procuración de justicia. Apartó a la Unidad Especial del proceso, detuvo a Murillo Karam el 19 de agosto y puso el caso en manos de Asuntos Internos.

Asuntos Internos hizo un trabajo infame con el expediente, al punto que el el juez les jaló las orejas a los fiscales en varias ocasiones porque no parecían siquiera estar enterados del contenido de sus propias carpetas y expedientes. Vaya, hasta qué punto habrá sido descuidado el jucio que ayer, una jueza otorgó la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam por los delitos que se le imputan. Absoluto desastre.

Con ese antecedente y la piedra en el zapato de que estaban interfiriendo en sus investigaciones, Omar Gómez Trejo continuó trabajando… hasta el 15 de septiembre, fecha en que se enteró que el juez Segundo de Distrito, Enrique Beltrán Santes, canceló 21 órdenes de aprehension que ya estaban liberadas desde el 19 de agosto a solicitud expresa, así es, del agente de la Fiscalía General de la República en el juzgado. La cancelación de las órdenes beneficia a 16 militares y cinco servidores públicos del estado de Guerrero en funciones en septiembre de 2014.

Entonces y en resumen: en un caso que deja en evidencía los nexos entre el ejército mexicano y grupos criminales dedicados al narcotráfico, que ha levantado ámpula entre la sociedad y sido una espina en el costado de dos gobiernos distintos (Peña y AMLO), la Fiscalía General de la República no sólo no procura justicia, sino que la entorpece y protege a los militares. En palabras de Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete, parecía que había “un mínimo avance con este gobierno”, pero éste se vino atrás cuando parecía que iban a tocar al Ejército mexicano.

¿Por qué? ¿Qué está en juego? ¿Qué se le debe al ejército que además de colmarlo de regalos y negocios, se le deba proteger. ¿Por qué no se permite que se aplique la ley sobre sus elementos? ¿Es posible que la institución pudiera estar tocada, comprometida de manera extraña con el crimen organizado?

Explicación no pedida, acusación manifesta, dicen. ¿A cuenta de qué fue necesario que saliera el Presidente de México, desde la primera tribuna del país, a defender al General Cienfuegos y llamar “basura” los expedientes que armó la DEA en su contra? Visto todo lo visto ¿Se hace evidente por qué la DEA desconfiaba del ejército y prefería trabajar con la Marina, en quien si confiaba?

Urge una purga y una limpieza a fondo en las fuerzas castrenses, mexicanos. Urge como para antes del año electoral en donde, sospecho con zozobra, pudieran ser factor. 

 

Lecciones desde el senado

Buenas noticias desde la Cámara de Senadores. La discusión sobre la iniciativa de reforma de la diputada priista, Yolanda de la Torre, fue frenada en seco el día de hoy. Después de hacer el cálculo mental y concluir que no alcanzarían los votos suficientes (tenían 76, necesitaban diez más para alcanzar la mayoría calificada), Morena y sus aliados prefirieron suspender la votación y mandar la iniciativa a la congeladora en lugar de arriesgarse a que fuera completamente rechazada. Es decir, la mantienen viva, pero no se ve por donde.

Hay mucho que aprender y conclusiones que sacar de este acontecimiento:

En primera instancia, lo de hoy es evidencia de que la presión social, particularmente desde redes sociales, es una herramienta útil; una correa de distribución para que la ciudadanía active y dirija a sus representantes en el poder. La marca personal de cada ciudadano a sus representantes y la amenaza de retirarles el respaldo (el voto) la próxima vez que busquen hueso (que es lo único que les interesa a estos personajes), son palancas eficientes para alinear a los legisladores con los intereses de los ciudadanos.

Obviamente la mera presión en redes no será suficiente, pero es un inicio y hace evidente la siguiente lección:

Se votan perfiles, se trabaja con personas y candidatos, no con banderas. PRI, PAN, PRD, Morena, hasta la “Alianza Opositora” son todas etiquetas que alimentan narrativas. Así se construyen discursos como el del “Voto Útil” para que “No gane Morena”, o el del “PRIAN” y la “Mafia del Poder”. En ese discurso, perdemos de vista a los individuos y terminamos dándole oportunidad a cualquier impresentable sólo por tener un chalequito azul y/o guinda.

Pues bien, los chalequitos son fácilmente intercambiables, como amablemente demostró el Senador Paz Alonzo. El legislador panista, en medio del debate más importante en materia de seguridad del Senado, decidió cambiar de colorcito y unirse a las filas del Movimiento Regeneración Nacional. Como premio de bienvenida, fue inmediatamente designado “Comisionado Nacional de Enlace con el Sector Empresarial” del partido.

¿Qué pasó? ¿No que el PAN era “oposición”? ¿Dónde quedó la utilidad del “voto útil” en este caso particular?

Mi más sentido pésame a los yucatecos que depositaron su confianza en este señor, pero sirvan sus barbas cortadas para poner las nuestras en remojo: mientras el incentivo no lo ponga la ciudadanía informada, participativa y que distinga a los individuos la clase política va a seguir saltando a la etiqueta que más le ofrezca.

Siguiente lección: Algo muy, muy choncho debe haber de fondo que empuje con tanto entusiasmo a mantener al ejército en la calle. Que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no haya tenido reparo dejarse ver reuniéndose con diferentes Senadores en las inmediaciones de su recinto legislativo, cabildeando y convenciendolos (por los medios que usted pueda y prefiera imaginar) de votar a favor de la militarización, es indicativo de la importancia que tiene para el régimen. No lo eche en saco roto; lo venimos discutiendo desde la semana pasada. El ejército es ya una fuerza política que hace presencia y eso es peligroso.

Y finalmente, ya que tocamos el tema de Adán Augusto. ¡Papelón que se aventó! Incapaz, a pesar de tener toda la fuerza del estado y absoluta libertad para actuar impunemente para presionar legisladores, no consiguió gestionar que pasara la reforma. Como operador político su imagen queda muy tocada y el resto de las corcholatas se relamen los bigotes. El tablero de cara a 2024 sigue moviéndose. Quedemos atentos e insisto, veamos perfiles.

Ejército Político

Se está entregando el Estado Mexicano sistemáticamente y poco a poco, a las fuerzas armadas. La reforma que amparará el que los militares estén realizando labores de seguridad pública hasta 2028 y que se aprobó hoy en la Cámara de Diputados, es sólo una raya más a un tigre transexenal, que viene tomando forma desde tiempos de Felipe Calderón y cuyos alcances nos urge entender.

El candidato Felipe Calderón jamás habló de la seguridad como tema prioritario para su gobierno. Se presentaba en los debates como el presidente del empleo y hablaba del mejoramiento de la recaudación fiscal. No fue sino hasta estar frente a los controles del país que descubre la necesidad y decide hacer intervenir al ejército. Error crítico, lo hace sin tener un marco legal que defina y acote la intervención en tiempo y funciones.

Con el candidato Peña la situación es similar. Fue un durísimo crítico del uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública, sin embargo olvidó todo reproche en cuanto estuvo al frente del país. No hubo cambio de estrategia, ni se priorizó el uso de sistemas de inteligencia, ni se devolvió al ejército a los cuarteles.

López Obrador no es distinto, pero su caso es más evidente. Su campaña y su discurso de “Abrazos no balazos” contrastan mucho con la realidad de una Guardia Nacional militarizada y con una propuesta de ley que prorroga la presencia del ejército en las calles. Además, el presidente López comenzó a hacer concesiones nunca antes vistas al ejército: En 2020 les entregó la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además de la operación y administración de tres aeropuertos localizados en el sureste del país y tres tramos del Tren Maya. En 2021, se les entregó las 49 aduanas de México, a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Este año fuimos testigos de la integración de la Guardia Nacional a su esfera de influencia. Adereze este recuento de los hechos con la construcción no sólo de las obras más emblemáticas de este administración (AIFA, Tren Maya, Dos Bocas), sino con otros centenares de obras de infraestructura más modestas, como un libramiento ferroviario para que los trenes de carga no pase por el centro de la ciudad de Nogales, en Sonora, o la construcción de un segundo piso que correrá paralelo a la franja fronteriza y la edificación de una aduana en Otay, en Tijuana, o la edificación de 1.600 sucursales del Banco del Bienestar, y los 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

El ejército hoy ejerce un presupuesto de 500 millones de pesos al día, con mínima o nula rendicion de cuentas. Representado en su titular, el Secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval; se le ha despojado de toda su institucionalidad para convertirlo en un actor político más. El discurso de ayer de tinte partidista sobre los “comentarios tendenciosos” contra las Fuerzas Armadas que responden a “intereses de particulares y ambiciones personales” con el fin de alejarlas “de la ciudadanía” es una clara jugada por intervenir en el debate público horas antes de la votación de hoy.

El ejército es ya un actor político evidente y eso debería despertar las alarmas de todos los mexicanos. Unas fuerzas armadas que van adquiriendo poder político en relación a autoridades civiles fragmentadas, e instituciones débiles, es propio y caldo de cultivo natural de las dictaduras, en particular de las latinoamericanas. Podría devengar, imagine usted el escenario, en el desconocimiento de los resultados de las elecciones 2024.

En México nos tardamos décadas, poco más de nuestro primer siglo de existencia independiente, en pasar de ese caudillismo militar cuyas sucesiones derivaban en baños de sangre y peleas intestinas, al método institucionalizado y proto-democrático priista; y no se pudo haber hecho sin la intervención y accionar político de dos generales: Lázaro Cárdenas del Río y  Manuel Ávila Camacho. ¿Quién los detendría ahora?

Ojo, mucho ojo, mexicanos. Creíamos que lo peor que nos podía pasar era un regreso al gobierno populista de los 70’s. Poco a poco ha quedado demostrado que si nos descuidamos, nos van a regresar al principio del siglo XX.

 

Prisión Preventiva

“Prisión Preventiva” el puro término puede provocar disonancia cognitiva. La prisión es punitiva, un castigo, un correctivo para quien no supo seguir las reglas de la sociedad, las leyes que la rigen. ¿Cómo puede aplicarse una pena de manera “preventiva”? ¿Cómo se castiga una falta que aún no ocurre?

Bueno, es más complicado que eso. El Artículo 19° de nuestra Constitución enumera las causas por las que el Ministerio Público puede solicitar al juez este recurso, cuando juzga que otras medidas precautorias no podrían ser suficientes para garantizar la comparecencia del acusado en el juicio, el desarrollo de la investigación o la seguridad de la víctimas, los testigos o la comunidad; o si el acusado tiene una sentencia previa por un delito doloso.

Tiene sentido que se considere esta como una carta más en la baraja de herramientas a disposición de las fuerzas de la ley. Tiene sentido que haya casos críticos que requieran este duro tratamiento. Pero el uso de esta herramienta, por lo que implica (la privación de la libertad de un presunto inocente, hasta que se le demuestre lo contrario), debería reconocerse como una medida temporal, usarse con sumo cuidado y en casos puntuales que lo ameriten. 

El problema es que no se está usando así. Se inventó la figura de la “Prisión Preventiva Oficiosa”; que implica que ciertos delitos, sean cuales sean sus circunstancias, siempre ameritan este tratamiento. La lista de delitos en esta circunstancia es cada vez más amplia y vaga, llegando a incluir aquellos delitos “...en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.”

La herramienta que debía ser el último recurso para casos extraordinarios, se vuelve norma.

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021, la tasa de sentenciados en sentido condenatorio es de apenas el 25%. Es decir, que en un país cuyos juicios duran años, de cada cuatro que metemos a la cárcel de manera “preventiva”, tres son inocentes. Actualmente, 93,584 personas están recluidas por la la figura de prisión preventiva oficiosa, el equivalente a un Estadio Azteca. Más allá del costo para el país de alimentar, guarecer y vigilar a toda esta gente, la tragedia humanitaria de robarle años de su vida a una persona inocente y el impacto que tiene su estadía en prisión en el desarrollo de su personalidad y expectativas de desarrollo y de vida no debe desestimarse. 

Si, creo que la prisión preventiva oficiosa no debería existir, ni quedar recogida en nuestra Constitución. Se usa como instrumento político, para venganzas personales y el mediático periodicazo. Dudo, sin embargo, que esté teniendo impacto alguno en cómo llevamos los juicios, que es donde debería estar el foco de atención si queremos resolver nuestro sistema de justicia. Baste el caso de Rosario Robles, que estuvo tres años tras las rejas, que todos sabíamos que era culpable, pero que por incompetencia o acuerdo político terminó saliendo sin mayor empacho. La prisión preventiva oficiosa no tuvo impacto positivo alguno.

Lo que si tiene, es la tendencia a sacrificar a los más vulnerables. Los que no pueden leer, o desconocen sus derechos, o no pueden pagarse un abogado; que son también los más propensos a ser perfilados por la policía y acusados por cómo lucen o con quienes andan.

Mañana jueves votan en la Suprema Corte de Justicia el futuro de la Prisión Preventiva Oficiosa en México. Todo parece indicar que nos quedaremos con la figura, que se declarará constitucional y que el sistema de justicia de este país podrá seguir usando esa muleta para paliar su incapacidad e ineptitud. ¡Que remedio!